Resistencia campesina al canal de Nicaragua

Más de 120.000 personas tendrán que ser desplazadas y perderán sus tierras.

Yerling Aguilera. Revista Ecologista nº 91.

Las obras previstas de un canal que conectaría el Océano Pacífico con el Atlántico y el Mar Caribe están movilizando a comunidades campesinas, movimientos sociales y ecologistas por el grave impacto ambiental y social. Un proyecto de inmensas dimensiones financiado por China.

El fantasma del canal interoceánico ha recorrido la historia nicaragüense desde que América fue ’descubierta’ para el capitalismo por Cristóbal Colón. Con el anuncio del presidente Daniel Ortega en mayo de 2012 de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, se suma otro capítulo más a los ensayos por materializar ese proyecto.

Según datos recientes, el canal interoceánico tendría una longitud de 276 kilómetros, de los cuales 105 pasarían por el Lago Cocibolca, y un ancho de entre 230 a 280 metros. El proyecto está diseñado siguiendo el curso del Río San Juan y atravesaría Nicaragua, conectando el Océano Pacífico con el Atlántico y el Mar Caribe. La obra está presupuestada en más de 50.000 millones de dólares e integra dos puertos, un aeropuerto, dos esclusas, dos lagos artificiales, un área de libre comercio y varios complejos turísticos. El presidente de la concesionaria china manifestó en septiembre pasado que se empezarían las obras en el puerto temporal de Brito, sin embargo, de momento no hay ningún movimiento de maquinaria o indicios de que en ese lugar se haya construido algo, según diversos medios de comunicación. Sí se han construido vías de acceso en algunas zonas.

Fuerte movilización social

La renacida idea de construir el canal es un tema controvertido que ha acentuado la división política y ha servido para revivir uno de los viejos bastiones de lucha en Nicaragua: el campesinado. La ausencia de un proceso de consulta e información entre la población afectada por la construcción del canal ha extendido el malestar social en el llamado Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía (CNDTLS).

El movimiento CNDTLS ha activado su oposición con la movilización del campesinado y grupos de apoyo en diversas zonas del país. A día de hoy, se han llevado a cabo más de 82 marchas en todo el Estado. Estas movilizaciones, en las que se demanda la derogación de la Ley 840 (Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas), han sido objeto de intimidaciones y represiones directas por parte de la Policía Nacional.

Francisca Ramírez, campesina y lideresa del CNDTLS que habita en La Fonseca, municipio de Nueva Guinea, una de las zonas afectadas por la el canal interoceánico, ha sido víctima de amenazas. En junio del 2016, Francisca fue detenida junto a otros miembros de la lucha anticanal y seis personas de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir que se encontraban en La Fonseca con campesinos y campesinas, impartiendo un taller, para enseñarles a crear hornos más eficientes que usan poca leña.

Los miembros de la caravana fueron deportados del país y acusados de terrorismo, aduciendo que estaban manipulando explosivos, porque usaban barriles para elaborar los hornos y uno de ellos contenía restos de combustible.

Pero las intimidaciones continuaron. En octubre, Francisca Ramírez y su esposo fueron nuevamente detenidos por la policía y liberados horas después. Francisca sostiene que estas persecuciones y detenciones obedecen a la defensa que realizan de los derechos de las comunidades campesinas por la construcción del canal.

Sin embargo, Francisca manifiesta que está dispuesta a morir en la lucha. La perseverancia del CNDTLS estriba en que el campesinado considera que las tierras que les serán expropiadas, no solo son un bien que puede ser vendido, también que existe en la tierra una dimensión que les conecta, desde sus ancestros, con sus futuras generaciones.

Amaru Ruiz [1] biólogo y presidente de Fundación del Río [2] indica que en los estudios presentados por la concesionaria del canal “no se menciona el impacto en el arraigo de la gente a la tierra, como los daños a su identidad y afectaciones psicológicas irreversibles”, mantiene Ruiz. Argumenta que “tampoco se cuantifica el impacto ocasionado por la destrucción de la economía local por la pérdida de la producción agrícola y ganadera que abastece a productores y comunidades. Tampoco se recogen las afectaciones a los cementerios, lo que denota un menosprecio a estas poblaciones que habitan la zona” [3], afirma el biólogo.

El desplazamiento forzado de aproximadamente 24.100 hogares, un total de 119.200 personas [4] implicaría romper su forma de vida y sus relaciones con el entorno. Además, existe incertidumbre sobre dónde serán reubicadas. Casi la totalidad de los habitantes se encuentran en la ruta del canal.

Ocupación de tierras

A esto se suma —dice Amaru Ruiz— “la especulación de si el canal será o no construido”, porque las obras aún no se han iniciado, pero conlleva la expropiación de tierras. “Varias familias de las zonas de San Miguelito, en Nueva Guinea y Bluefields, ya han ingresado en la Reserva Biológica Indio-Maíz para carrilear la tierra y poner sus límites en las áreas que piensan ocupar cuando les expropien” explica Ruiz. Esta información ha hecho que otras familias estén haciendo lo mismo. “Esto no es solo un riesgo, es un hecho. La invasión de la Reserva Biológica Indio-Maíz también representa la ocupación de los territorios indígenas ya que los limites están superpuestos”, dice Ruiz.

Estas ocupaciones han terminado de acentuar los conflictos entre indígenas y los llamados colonos, que son grupos provenientes del Pacífico, norte y centro de Nicaragua, instalados en las tierras indígenas violando la Ley 445 y la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.

A día de hoy, no se han iniciado las obras del canal interoceánico, aunque estaba previsto que empezaran en 2015, después se pospusieron a primeros de 2016, pero de momento todo está parado. Según manifestó el año pasado el portavoz de la empresa Telémaco Talavera estaba proyectado el “inicio de la construcción de un puerto, obras de energía eléctrica, instalación de depósitos de combustibles, carreteras y la culminación del diseño para el inicio de obras de excavación e instalación de las primeras esclusas” [5].

La representante campesina Francisca Ramírez sostiene que hay muchas dudas sobre la ejecución de la obra, aunque añade: “Nos quieren robar nuestras tierras, ya tenemos ejemplos en este país. ¿Cuántas personas fueron despojadas por la hidroeléctrica que se iba a hacer en Tumarín? No se construyó, pero las tierras las tiene el dueño de la empresa. Eso nos preocupa” [6].

A pesar de la incertidumbre, la lucha del CNDTLS se ha mantenido a través de las movilizaciones, foros, ciclos de información, etc. Julio López, periodista de Onda Local (un espacio de comunicación radial y digital) que ha realizado un extenso trabajo en la ruta del canal, sostiene que “la lucha se recrudecerá al mínimo intento del Estado nicaragüense de expropiar al campesinado”. También explica el periodista que “el éxito del movimiento campesino ha sido el gran número de movilizaciones y la espontaneidad con la que se han movilizado. Sostener esta lucha, con lo que implica, no les ha sido fácil, pero les mantiene en pie defender, por vías pacíficas, sus territorios” [7].

Además, la lucha del CNDTLS ha planteado otros aspectos como la concentración del poder en manos de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la polarización del sistema judicial y electoral. Las manifestaciones del movimiento campesino contra el canal interoceánico son también una expresión de que es necesario repensar la planificación de las políticas públicas en Nicaragua que, hasta ahora, se rigen por las alianzas del gran capital. Esas formas de hacer política excluyen al campesinado y a las comunidades indígenas y no garantizan los derechos humanos.




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