Alegaciones al proyecto antiescorrentías del Mar Menor

Ecologistas en Acción de la región Murciana ha presentado alegaciones a los proyectos constructivos de actuaciones correctoras frente al riesgo de inindaciones en las urbanizaciones de Los Nietos, Islas Menores y Mar de Cristal, situadas en el denominado “arco Sur” del Mar Menor.

Lo primero que llama la atención, y que es duramente criticado por la organización, es que se tramite una Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto en avanzado estado de ejecución en un entorno protegido por varias normativas, lo que no sólo vulnera la legislación y es irresponsable, sino que sobre todo supone un fraude, y cualquier medida correctora que se proponga será posiblemente imposible de ejecutar, o como mínimo resultará en un aumento del coste. Además, se tramita como dos proyectos separados, algo contrario a la normativa.

En su escrito, la organización ecologista también plantea sus dudas sobre las competencias de la Dirección General del Agua, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, para realizar obras hidráulicas. Y sobre que se considere estas obras como de interés público, y sean promocionadas por la administración autonómica.

Además, está demostrado que este tipo de obras son caras y no consiguen retener más que un pequeño porcentaje de las avenidas, suponiendo un coste/beneficio-eficacia claramente negativo, por lo que se recomienda atajar el problema en su origen y no en sus efectos.

Los ecologistas destacan que las transformaciones del uso del suelo, con la introducción de un regadío intensivo muy agresivo, es el que está detrás del cambio drástico en la red de escorrentías, que provoca desde entonces la inundación de las poblaciones aguas abajo, y un impacto ambiental inaceptable sobre el Mar Menor, con aportes de nutrientes, sedimentos y productos fitosanitarios. Además, según parece, las transformaciones agrícolas se han realizado al margen de cualquier medida de control por parte de las distintas administraciones (estatal, regional o local).

Esto supone que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha hecho una dejación de sus competencias para identificar a los autores de tales transformaciones, con el fin de exigirles la evaluación ambiental previa de los correspondientes proyectos, lo que posiblemente hubiera evitado los problemas de escorrentías al Mar Menor e inundaciones en las poblaciones.

Para la asociación ecologista, es inaudito que la administración pública haya permitido estas transformaciones sin control y sin cumplir la legalidad vigente, y más aún que a continuación se de una sensación de legalidad suscribiendo un convenio y dedicando dinero público para paliar los efectos negativos de dicha actividad sobre las poblaciones y el medio ambiente, en vez de aplicar el principio de “quien contamina paga”, y solucionar el problema atacándolo de raíz.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha instado a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente a que desista de ambos proyectos, y a que afronte el problema incidiendo en sus causas reales para lo que consideran necesario la aplicación de sanciones ejemplares y la imposicion de obligaciones a las explotaciones agrarias responsables, para que paguen y reparen el daño causado.

Para terminar, consideran imprescindible que las administraciones públicas se coordinen y sigan las recomendaciones del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, que en su informe de febrero de 2017 señala para este problema concreto que "Es imprescindible actuar en la zona del arco sur, con acciones para frenar la erosión de los suelos rojos, recuperar el funcionamiento hidrológico adecuado y cambiar las prácticas de cultivo, valorando incluso la necesidad de cambiar el uso actual, si se quiere reducir sus efectos de incremento de la turbidez en la laguna.”




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