Querella por prevaricación ambiental contra el alcalde

Ecologistas en Acción presentará querella en el juzgado de Morón por prevaricación ambiental contra el Alcalde por ocultar información respecto a la protección urbanística de la Sierra de Morón.

Esta querella ya se presentó en mayo de 2015 y fue tramitada como Diligencias Previas por un Juzgado de Instrucción de Sevilla, que finalmente la desestimó “por falta de competencia territorial”, al considerar que “la presunta actividad ilícita que pueda haberse realizado, sobre la omisión de determinada información relevante que hubiera determinado el resultado de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de autos, tuvo lugar en todo caso en el partido judicial de Morón, en cuanto a la presunta actuación del Sr. Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez, y del Jefe del Departamento de Medio Ambiente, José Ángel Gutiérrez Aguilar”.

Se trata del proyecto de prórroga por 30 años de la concesión minera “Sierra de Morón” que explota la empresa SIDEMOSA en la Sierra de Esparteros de Morón de la Frontera, que obtuvo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 22 de octubre de 2013 gracias a los informes favorables del Alcalde y del Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Morón.

Ahora, Ecologistas en Acción ha decidido reiniciar esa querella en el Juzgado de Morón, toda vez que los hechos ilícitos se han mantenido de manera continuada en el tiempo, provocando la destrucción irreversible de Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Conservación Prioritaria, a sabiendas de los repetidos informes de incompatibilidad urbanística para ese proyecto de prórroga realizados por el arquitecto municipal, a petición expresa del Alcalde en abril de 2013 y en marzo de 2015.

Estos informes también han sido conocidos expresamente por el Concejal Delegado de Urbanismo, Ignacio Cala, que tampoco ha ejercido sus competencias para impedir la destrucción de suelo protegido.

El hecho principal de la querella es que los denunciados, actuando como autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera han omitido, a sabiendas de su injusticia, la aplicación de la legalidad urbanística establecida en el PGOU vigente de Morón de la Frontera, que prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas donde se ubica la explotación minera Sierra de Morón. Ese PGOU está vigente desde 2009 y publicado en 2012 por el propio Alcalde.

Esta explotación minera, que lleva produciendo graves daños ambientales y al paisaje desde hace más de 30 años, quedó paralizada en diciembre de 2012, al cumplir su primer periodo de concesión minera, pero la connivencia entre el Ayuntamiento de Morón y la Junta de Andalucía ha permitido una prórroga por otros 30 años más. Y ello, a pesar de que todos los querellados conocen que el suelo donde se ubica está protegido por sus valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, según consta en los Informes del arquitecto municipal de abril de 2013 y marzo de 2015, donde se indica expresamente la normativa vigente y la prohibición de usos extractivos y de movimientos de tierras.

El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez, una vez conocido el contenido del informe urbanístico del arquitecto, se negó expresamente a remitirlo a las autoridades ambientales, con la evidente intención de que no fuera tenido en cuenta dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se había iniciado. En su defecto, para dar apariencia de legalidad, el Alcalde remitió un informe diferente del Jefe del Departamento Municipal de Medio Ambiente, que omitía la legalidad urbanística municipal.

En el caso de la cantera Sierra de Morón, la gravedad de los hechos y los daños ambientales y paisajísticos que se están produciendo, nos obligan a iniciar acciones judiciales en vía penal, por posibles delitos de prevaricación ambiental de los artículos 320, 329 y 404 del Código Penal.

Hasta tal punto es determinante la información urbanística contenida en los informes de incompatibilidad urbanística del arquitecto municipal de abril de 2013, que el Defensor del Pueblo Andaluz dictó Resolución de 24 de febrero de 2015 en la Queja Q14/174 interpuesta por Ecologistas en Acción, donde considera que se debe revisar la Declaración de Impacto Ambiental, ya que ambos organismos, Ayuntamiento de Morón y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, han ocultado y omitido la información urbanística determinante destinada a proteger el suelo de usos y actividades contrarias a sus valores ambientales, ecológicos y paisajísticos.

A pesar de las evidencias, la Delegación Territorial de Sevilla de Medio Ambiente se niega a revisar la DIA y la mantiene de manera arbitraria, antijurídica e injusta, y presumiblemente delictiva. En particular, el Secretario Provincial de esa Delegación, Salvador Camacho Lucena –investigado también por prevaricación en el caso del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar- se niega a realizar esa revisión.




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