Participan en el debate: Nines Nieto, coordinadora en la Comunidad de Madrid de Ecologistas en Acción; Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, y Ana Fernández, arquitecta y asesora del distrito de Moratalaz por Ahora Madrid.

La Contraparte, Radio Vallekas 107.5 FM. Amparada en las supuestas “necesidades del urbanismo del siglo XXI” y envuelta en un farragoso lenguaje técnico, Cristina Cifuentes promueve actualmente la aprobación de una nueva Ley de Suelo para la Comunidad de Madrid. Además de “dar más facilidades y más seguridad jurídica” a los agentes que dinamizan el mercado urbano, esta ley trataría -siempre siguiendo las palabras de la presidenta de la comunidad- de “garantizar el desarrollo sostenible” y evitar “desarrollos urbanísticos innecesarios”. A la luz de de las palabras de Cifuentes, y teniendo en cuenta la burbuja inmobiliaria que recorrió el país de 1995 a 2007 y sus efectos, parecería una norma jurídica animada por el sentido común. Por si esto fuese poco, para elaborar el texto se habría convocado a diversos colectivos expertos, civiles y empresariales, por lo que estaríamos ante una ley amparada en rótulos tan actuales como los de la transparencia, el acceso a la información urbanística o la tan celebrada participación ciudadana. De hecho, así enunciadas, las bondades de esta ley parecerían aproximarse más al lenguaje que utiliza la “nueva política” que al de un Partido Popular asediado por las operaciones Lezo, Púnica o Gürtel.

Sin embargo, bajo los ampulosos mensajes promocionales de Cifuentes y el barroco articulado de la ley, se esconde algo totalmente diferente. Más que una norma para contener la lógica de la burbuja, se trata de un texto que favorece la reconversión de promotoras y empresas inmobiliarias que, golpeadas por la crisis del ladrillo, han decidido modificar su campo de inversión: ya no se trataría tanto de construir ciudad, sino más bien de intervenir en el núcleo de la ciudad consolidada. Algo que puede resumirse con un pequeño eslogan: mientras no sea posible activar el motor de la construcción, apostemos por la rehabilitación . La ley favorece el desembarco del capital inmobiliario y turístico en el centro de la ciudad, lo que presumiblemente incrementará los procesos de apreciación del alquiler, turistificación y gentrificación que actualmente sacuden Madrid.

Además de disminuir el retorno de plusvalías a la sociedad a unos exiguos 30 metros cuadrados por cada 100 metros construidos, según Ecologistas en Acción la Ley permitiría la reclasificación de terrenos arrasados por incendios, permitiendo construir en ellos sin respetar las prohibiciones de la ley previa, que frenaba cualquier edificación durante 30 años. En este sentido, las zonas devastadas quedarían con menor protección que con la ley anterior. Por otra parte, este texto también favorece la regularización de urbanizaciones ilegales al tiempo que vacía a la Administración de competencias para contener los desarrollos urbanísticos y regular la intervención de las empresas del sector inmobiliario.