El alcalde de La Granja incumple la sentencia sobre el Llano Amarillo

El Tribunal Superior de Justicia advirtió en noviembre de 2015 la obligación del alcalde de La Granja, José Luis Vázquez, de completar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) clasificando El Llano Amarillo como suelo rústico con protección natural, so pena de multas personales de 300 euros cada mes. Pasados cuatro años desde la sentencia, continúa en rebeldía frente a la Justicia.

El Plan General de Ordenación Urbana de San Ildefonso pretendía clasificar como suelo urbanizable industrial el lugar conocido como ”El Llano Amarillo”, con una superficie de 311.928 m2 y una edificabilidad de unos 185.000 m2. Ecologistas en Acción de Segovia recurrió el Plan y lo ganó.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), mediante sentencia de 26 de abril de 2013, anuló la posibilidad de clasificar como suelo industrial dicho espacio, ordenando que se continuara la tramitación para su clasificación como suelo rústico con protección natural.

El “Llano Amarillo” es un espacio abierto situado dentro del monte público de Valsaín, que se extiende a ambos lados de la carretera de La Granja a Segovia, próximo al embalse del Pontón Alto y a la zona recreativa del Robledo. Forma parte del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama y de la Zona ZEPA del mismo nombre y está incluido dentro del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.

Un informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 25 de junio de 2012 alertaba de que la zona “podría tener un papel importante como área de caza y campeo” del águila imperial, “además de constituir el territorio de cría y alimentación de muchas especies menores”.

La sentencia obliga al Ayuntamiento a rectificar el documento y a presentarlo ante la Junta de Castilla y León para su aprobación en plazo de tres meses. Sin embargo, el alcalde durante los últimos cuatro años ha impedido su aprobación entorpeciendo todas las actuaciones encaminadas al cumplimiento de la sentencia.

El TSJ dictó un Auto el 6 de noviembre de 2015 en el que reconoce que “la administración local no ha hecho absolutamente nada, salvo dar largas a su obligación de cumplir con la Sentencia”.

Por ello, el Tribunal impuso “directamente al Sr. Alcalde la obligación personal de llevar a cabo todas las actuaciones tendentes a la ejecución inmediata de la sentencia y a informar a esta Sala cada 15 días naturales sobre la tramitación de la ejecución, imponiéndole multas coercitivas de 300 € para el supuesto de no llevar a cabo la ejecución; multas que serán reiterativas cada mes que pase sin realizar efectivas actuaciones tendentes a ejecutar la sentencia”.

Dos años después, la sentencia sigue sin ser ejecutada. El alcalde ha sido requerido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el día 23 de marzo de 2017 para aportar la documentación precisa para su aprobación. Y nada se ha movido.

Cuatro años han pasado desde que se dictó sentencia y José Luis Vázquez se niega a ejecutarla, se niega a proteger este espacio natural, desobedeciendo la orden expresa del Tribunal, mientras hace ostentación de ser el protector del medio ambiente y de los títulos que le amparan, como la Reserva de la Biosfera. Ecologistas en Acción solicitará al TSJ la imposición de las multas personales acordadas en 2015 contra el alcalde por su incumplimiento reiterado.




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