Trump y la orgía fósil

Desde su toma de posesión, Trump dejó claro que las promesas políticas iban en serio. No ha hecho falta que transcurrieran los cien primeros días de mandato para comprobarlo. En el terreno energético, sus anuncios y medidas lo corroboran. Adiós al maquillaje normativo de Obama. Bye bye a sus tímidos planes climáticos. Bienvenidos al desenfreno fósil sin complejos. Desregulación ambiental, wellcome.

Samuel Martín-Sosa Rodríguez. Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 92.

La web renovada de la Casa Blanca –en la que ha desaparecido la información relativa al cambio climático– incluye seis pilares de acción política. Entre ellos, el denominado “Plan Energético América Primero” evita cualquier mención a las renovables y coloca en el centro del plan energético la determinación de abrir a tope el grifo de las reservas de gas y petróleo y resucitar la industria del carbón.

Transcurrido apenas un mes desde su llegada al despacho oval, Donald Trump firmaba una orden ejecutiva levantando la moratoria a los proyectos de carbón impuesta por Obama un año antes. La importancia de esta medida estriba en que gran parte de las reservas de carbón se encuentran en terrenos federales. Esta medida seguía a otra tomada unos días antes mediante la cual se levantaba la prohibición de verter residuos procedentes de las minas a cielo abierto en los cursos de agua cercanos. Además, Trump ha iniciado un proceso encaminado a reducir la jurisdicción federal sobre los cursos de agua; el objetivo es eliminar impedimentos al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, industriales, agrícolas y mineros. El nuevo presidente ha dejado claro que debe mucho a los mineros y que no va a olvidar su apoyo en la campaña electoral.

Dos oleoductos clave

Otra de las medidas estrella de Trump ha sido reactivar la construcción de dos oleoductos clave, paralizados por su predecesor. En primer lugar, el Keystone XL, una tubería planteada en 2006 para llevar 800.000 barriles diarios de arenas bituminosas desde Canadá al golfo de México. Este oleoducto se convirtió en el símbolo del activismo ecologista con la Administración de Obama, quien tuvo que cancelar el proyecto en 2015 ante la intensa campaña de rechazo llevada a cabo durante años por la sociedad civil. En segundo lugar, el oleoducto DAPL (Dakota Access Pipeline), proyectado para transportar 500.000 barriles de petróleo procedente del fracking desde Dakota del Norte hasta Illinois.

El propio Trump tuvo acciones de este proyecto hasta mediados de 2016 y su construcción levantó una importante ola de solidaridad entre la sociedad estadounidense en torno a las tribus Sioux, por cuyas tierras y acuíferos pasaba el trazado. Las icónicas imágenes de indios a caballo junto a sus tepees enfrentándose a un ejército de tanquetas que amenazaban con desalojarlos crearon tal presión sobre el gobierno de Obama que este canceló el permiso a finales de 2016. Su sucesor tardó apenas unos días en firmar sendas órdenes ejecutivas para revertir estas decisiones y reactivar las obras. El DAPL, que muy pronto estará completamente operativo, ya ha sufrido su primer vertido accidental en la fase de pruebas.

Otra decisión emblemática de la política climática de Obama fue cancelar las prospecciones petrolíferas en el Ártico hasta 2018. Sin embargo, el nuevo ministro del Interior, Ryan Zinke, que por añadidura tiene conexiones con una empresa relacionada con los oleoductos, ya se ha comprometido a revisar esta prohibición. Zinke está a favor de permitir operaciones de minería y de perforación de pozos de petróleo y gas en terrenos públicos con el argumento de que son esenciales para la economía y el empleo.

En general, Trump ha abierto la veda a la perforación en busca de petróleo en todos los terrenos federales, que abarcan más de 200 millones de hectáreas entre el Ártico y la frontera con México. La apuesta no deja a salvo ni Parques Nacionales ni Reservas Tribales. La producción de petróleo en tierras del Gobierno representaba en 2010 una tercera parte del total de petróleo producido en Estados Unidos. Al final de la era Obama había caído a una quinta parte, pero es probable que esta situación cambie radicalmente a partir de ahora.

La Administración Trump quiere también aumentar la producción de gas de fracking y está consecuentemente apoyando nuevas terminales de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) para darle salida. Existen varias solicitudes de proyectos, algunos muy ambiciosos como el de Golden Pass en Texas, que pretenden convertir a EE UU en uno de los principales exportadores mundiales de GNL.

Un gabinete negacionista

Trump es conocido por despreciar el cambio climático y relegarlo a la categoría de cuento chino. Y nunca mejor dicho: en 2012 afirmó en un tweet que era un concepto creado por China para dañar la competitividad de las empresas estadounidenses. Esta idea está totalmente en línea con décadas de negacionismo organizado que, perfectamente engrasado con petrodólares, ha actuado de ariete de cualquier atisbo de política climática, en ocasiones con no poco éxito. La diferencia es que, si hasta ahora las grandes empresas de combustibles fósiles como Shell, BP, Chevron o Exxon Mobil sostenían con fondos tramas negacionistas que en su nombre intentaban influir en la clase política, a partir de ahora los negacionistas han tomado literalmente la Casa Blanca formando parte de la nueva clase dirigente estadounidense.

Entre los elegidos por Trump para formar parte de su Gobierno varios son conocidos por cuestionar el cambio climático o la responsabilidad antropogénica en el mismo. Cabe destacar a Rex Tillerson, nuevo secretario de Estado, hasta ahora director ejecutivo de Exxon Mobil; Rick Perry, ex gobernador de Texas y elegido para dirigir el departamento de Energía; y Ben Carson, que estará al frente del Departamento de Vivienda. Conocidos negacionistas son también el jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, o Steve Bannon, el director de su campaña electoral y excelso representante de la derecha alternativa estadounidense. Pero de todos quizás el más preocupante es Scott Pruitt, nuevo director de la Agencia de Protección Ambiental (organismo al que ha demandado hasta trece veces por diversas medidas de protección del agua y el aire o la contaminación por mercurio) quien recientemente, ya en posesión de su nuevo cargo, ha declarado que no cree que el CO2 sea un contribuyente principal al cambio climático, un asunto donde no está claro, según él, el impacto humano y sobre el que dice que “hay mucho desacuerdo” entre los científicos.

En un momento en el que el consenso científico sobre las causas del calentamiento no puede ser mayor, y ahora que está tan de moda hablar de posverdad, parece claro que nos enfrentamos a una era de ’posverdad climática’ donde la ciencia es sustituida por las creencias interesadas. Las afirmaciones de Pruitt en relación al clima contradicen la posición oficial del organismo que preside. En la web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas en inglés) hasta hace pocos días todavía rezaba la siguiente afirmación: “El CO2 es el principal gas de efecto invernadero que está contribuyendo al calentamiento reciente”. El contenido de la web de la agencia está siendo no obstante revisado. Al margen del negacionismo más o menos explícito, un porcentaje muy elevado de los nominados para el gabinete, más allá de los ya mencionados, guardan fuertes vínculos con las empresas de gas y petróleo.

"La guerra al carbón ha terminado"

Durante la campaña, Donald Trump afirmó que se saldría del Acuerdo de París y todos los pasos que va dando el presidente le conducen a ese destino, aunque la batalla abierta entre los asesores más nacionalistas –que se inclinan por salirse, y aquellos con una visión más ’global’ partidarios de permanecer en el Acuerdo– está retrasando la decisión sine die. Quizás la estrategia de la Casa Blanca pase finalmente por torpedear desde dentro cualquier progreso en las políticas climáticas, como así parece haberse puesto de manifiesto en las recientes negociaciones preparatorias de la Conferencia de las Partes de Bonn (COP23), donde EE UU ha bloqueado cualquier progreso en la financiación de la lucha contra el cambio climático. Este bloqueo es coherente con las medidas internas acometidas.

El 28 de marzo, el presidente republicano firmaba su “decreto sobre la independencia energética”, una orden explícita que revoca el Plan de Energía Limpia de Obama. Este plan, anunciado en 2015 en la antesala de la COP de París, planteaba entre otras cosas, reducir las emisiones de CO2 de las centrales térmicas en un 32 % para el año 2030 en relación al nivel de emisiones de 2005. Rodeado de mineros, Trump anunció al mundo el nuevo decreto y aseguró que con él “su Administración ponía fin a la guerra contra el carbón” emprendida por su antecesor.

Es importante recordar que Estados Unidos es, junto a China, responsable del 45 % de las emisiones mundiales. Las tímidas iniciativas emprendidas por Obama para regular el fracking, limitar el carbón, o fomentar las renovables eran vistas por algunos como el comienzo de una nueva era, un punto de inflexión en el panorama energético que además implicaba un reconocimiento de las responsabilidad del país norteamericano en el cambio climático, un asunto en el que hasta entonces EE UU se había puesto de perfil. No cabe duda de que Trump no ha tardado ni cinco minutos en desmontar el ya de por si magro legado climático de Obama, y lejos de volver a ponerse de perfil, va de frente sacando pecho de su negacionismo.

El desmantelamiento de la Agencia de Protección Ambiental
Trump ha iniciado un proceso de adelgazamiento de la estructura gubernamental y del cuerpo normativo. Para la EPA, ha anunciado un recorte presupuestario del 25 % en el primer año, lo que implicará la cancelación de programas enteros y enviará al paro a cerca de 3.000 funcionarios públicos. Esto se traducirá en un menor control sobre las emisiones atmosféricas o la contaminación del agua. El nuevo presidente ha dado instrucciones a esta y a otras agencias federales de establecer grupos de trabajo cuya misión será la de identificar toda aquella normativa que sea susceptible de ser eliminada. Además ha ordenado congelar cualquier nueva investigación de la EPA y ha impuesto la obligación de llevar a cabo un escrutinio político de cualquier nuevo dato o estudio de la EPA antes de autorizar su publicación.



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