El futuro de la energía nuclear en España

La importancia del Movimiento Ibérico Antinuclear

Francisco Castejón. Físico nuclear, Coordinador del MIA y miembro de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 92.

La lucha contra las centrales nucleares afronta en esta legislatura importantes retos. De nuevo estamos ante un gobierno pronuclear y un lobby de empresas propietarias de las centrales que están decididos a ampliar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años.

En noviembre de 2015 se crea en Madrid el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), formado por más de 50 organizaciones ecologistas, políticas y sociales de la Península Ibérica. Fue un hito clave en la lucha antinuclear y por un nuevo modelo energético, que supone la coordinación del trabajo a ambos lados de la frontera hispano-lusa. Un motivo central para crear esta organización es la protección del río Tajo, compartido por España y Portugal y que se encuentra amenazado por la central nuclear de Almaraz (Cáceres), con dos grandes reactores y casi 2.100 megavatios de potencia eléctrica. Un escape de radiactividad pondría en peligro no solo tierras españolas sino también las portuguesas porque el río se encargaría de transmitirla. Por eso, el MIA es la punta de lanza en la resistencia antinuclear en la lucha para paralizar la central de Almaraz.

Desde el punto de vista territorial, el Movimiento Ibérico Antinuclear permite el encaje de todas las sensibilidades, lo que elimina tensiones nacionalistas. Pero sobre todo permite la unión a la lucha antinuclear de importantes fuerzas político-sociales que proceden del país vecino.

La reivindicación del movimiento antinuclear español a partir del 2000 ha sido conseguir un calendario de cierre escalonado de las centrales nucleares que consiste en ir clausurando las plantas según cumplan 30 años. De esta forma, había tiempo para acomodar la red eléctrica a la ausencia de las centrales, para promover medidas de ahorro, eficiencia y gestión de la demanda y para instalar renovables que sustituyan la aportación del parque nuclear al consumo eléctrico, sin incrementar las emisiones de CO2. Además, como elemento de negociación, permitía a las empresas propietarias recuperar sus inversiones.

Sin embargo, ha ido pasando el tiempo y las centrales nucleares han cumplido los 30 años sin que hubiera capacidad movilizadora para clausurarlas. De la decena de reactores que llegaron a funcionar en España, Vandellós I, en Tarragona, cerró tras sufrir un accidente en 1989. Zorita Guadalajara) cerró en 2006, tras cumplir 38 años de funcionamiento y Garoña (Burgos) se paralizó en 2012, por voluntad de Nuclenor, empresa propietaria participada por Iberdrola y Endesa al cincuenta por ciento, para presionar al Gobierno del Partido Popular, cuando cumplió 41 años de funcionamiento. Hoy en día, Endesa apuesta por continuar e Iberdrola por el cierre.

De los otros siete reactores nucleares solo Vandellós II cumple la treintena en 2017 y Trillo lo hará en 2018. Por eso, la reivindicación adoptada ahora es que no se renueve ningún permiso de explotación. Esto permite, además de satisfacer las condiciones anteriores, hacer una propuesta ajustada a derecho que elimina la posibilidad de reclamaciones judiciales por parte de las empresas propietarias de las centrales.

Una mirada al calendario muestra que los primeros permisos en expirar son los de los dos reactores de Almaraz, que cumplen el 8 de junio de 2020. La mala noticia es la enorme potencia de Almaraz, una pieza grande del parque nuclear y la buena es que esta central permite la aparición de las organizaciones portuguesas en escena. Por otra parte, el tercer reactor en cuestión sería el de Vandellós II, cuyo permiso se acaba el 26 de julio de 2020. En este caso, el impulso político y social generado por la lucha antiAlmaraz es un elemento de apoyo al movimiento catalán y antiVandellós.

Desafíos de la lucha antinuclear

El principal desafío a que se enfrenta el movimiento antinuclear es la pretensión del sector eléctrico de alargar el funcionamiento del parque nuclear hasta los 60 años. En el mercado eléctrico español las centrales nucleares son un excelente negocio para la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), puesto que están cobrando el kilovatio hora nuclear a un factor entre tres y ocho veces más que lo que cuesta producirlo, antes de impuestos. Por este motivo, tan solo uno de los reactores de Almaraz puede producir hasta un millón de euros de beneficio neto diarios.

El primer objetivo del MIA es conseguir que las centrales nucleares vayan cerrando según cumplan sus permisos de explotación, lo que es un desafío enorme y cuya consecución se ha de plasmar en el ámbito político, pues es el Gobierno quien renueva esos permisos.

Por otro lado, los planes de la industria nuclear española para la gestión de los residuos radiactivos pasan por la construcción de un cementerio nuclear centralizado. Los primeros intentos se remontan a 1985, cuando se pretendía construir un enterramiento en Aldeadávila de la Rivera (Salamanca), y en 1990 se estudió la zona de Nombela, Toledo. Estos dos intentos fracasaron por la oposición popular, lo que forzó a Enresa, empresa pública encargada de la gestión de los residuos radioactivos, a buscar otro emplazamiento mediante los proyectos de las Áreas Favorables (AFA) y las Zonas Favorables (ZOA). De ahí, se propusieron 24 ubicaciones candidatas que también fueron paradas por la potente respuesta popular. Sin embargo, los estudios sobre estas ubicaciones están terminados y Enresa podría usar sus resultados en el futuro.

Por su parte, Enresa, tras estos fracasos, cambió la táctica y procedió a buscar un emplazamiento para un cementerio nuclear temporal en superficie y en seco, el llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC). En 2004 empezaron los intentos para conseguir un emplazamiento y, tras un proceso escabroso, en diciembre de 2011 se designó Villar de Cañas, en Cuenca, como la ubicación elegida, A pesar de que debía estar funcionado en 2010, según el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos, aún no se ha construido el ATC y el reto es resistir sin que se pueda hacer en los próximos años.

De hecho, Almaraz ha obtenido el permiso para construir un cementerio nuclear individual (Almacén Temporal Individualizado o ATI), a pesar de la fuerte oposición de las organizaciones portuguesas y españolas, del MIA y el Parlamento portugués, aunque la postura del gobierno vecino ha sido tibia. El ATI de Almaraz es imprescindible para prolongar el funcionamiento de la central más allá de 2020. Por otra parte, La central de Cofrentes, Valencia, acaba de solicitar permiso para construir su ATI, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2031 en una primera fase, con posibilidad de ampliación. Todas las centrales salvo Vandellós II tienen almacén temporal o planes para construirlo.

Central nuclear de Vandellós. Foto: José Luis García Cano.

A estos retos, hay que añadir el proyecto de ampliación del cementerio de media y baja actividad de El Cabril, Córdoba, y la construcción de una mina de uranio a cielo abierto en Salamanca. El primero es imprescindible para mantener las nucleares en funcionamiento y se está planeando de forma discreta; y la segunda es dudoso que llegue a explotarse, pero los destrozos ambientales ya han empezado para evitar que caduquen los permisos obtenidos por Berkeley, la empresa australiana que ha comprado los derechos de explotación.

Para un futuro sin nucleares

Esta legislatura, estos años, son cruciales en la lucha antinuclear. Se decide nada menos que el futuro de las centrales nucleares españolas, con la influencia que tienen en el futuro modelo energético, pues limitan la extensión de las renovables.

En mayo y junio de 2017 se solicita permiso para continuar funcionando Almaraz I y II y Vandellós II. Las siguientes solicitudes vendrán en los próximos años, hasta 2024. La lucha para que no se autoricen estos permisos es clave. La pretensión de la industria nuclear es que este proceso de extensiones del funcionamiento pase desapercibido, y nos encontremos en 2024 con los hechos consumados de un parque nuclear envejecido y con permisos para funcionar hasta los 60 años. Y esto con la connivencia del Consejo de Seguridad Nuclear que ni siquiera ha realizado un debate sobre las implicaciones para la seguridad de esta prolongación del funcionamiento, todo lo contrario, va aprobando normativas parciales para tal fin.

Las luchas contra las renovaciones de los permisos, empezando por Almaraz y Vandellós II, y en contra los ATI resultan clave. Es imprescindible forzar un debate político sobre el futuro de la energía nuclear en España. Y, de paso, sobre el modelo energético, para conseguir una transición hacia un modelo más justo y sostenible, que no sirva para el enriquecimiento de unos pocos y que esté concebido como un servicio público y gestionado democráticamente.




Visitantes conectados: 248