Lo que esconde Garoña

El poder del lobby nuclear.

Marisa Castro Delgado. Ekologistak Martxan Bizkaia. Elvira Cámara Pérez. Redacción. Revista Ecologista nº 92.

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) lleva parada desde 2012. Pero parece que dejó de producir energía para empezar a legislar, ya que en los últimos años el Gobierno ha ido dictando normas encaminadas a permitir su reapertura. Si se lleva a cabo, Garoña sería un gran negocio para las eléctricas y un peligroso precedente para la seguridad y salud de toda la ciudadanía.

La construcción de las centrales nucleares comenzó en los años 70, en plena dictadura franquista. La sociedad civil no fue consultada ni pudo influir en las decisiones tomadas. Pero la resistencia ciudadana logró que una central ya construida en Lemoiz (Bizkaia) nunca llegara a generar energía y que de los 39 reactores proyectados inicialmente solo se construyeran diez. La central de Garoña se inauguró en 1971 y Nuclenor, la empresa propietaria, está participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola.

Como con el resto de las centrales nucleares del Estado español, en el momento de su construcción se dijo que funcionaría 25 años, pero posteriormente se fue alargando, lo que denominaron vida útil, a 30 y luego 40 años. Una larga lista de malas decisiones, en las que se han puesto por delante los intereses de las grandes compañías eléctricas, ha llevado a la situación actual: permitir (o no) alargar su vida, y por ende la de las demás, hasta los 60 años.

En julio de 2009 debía expirar la última autorización para explotar la central, pero el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aplazó el cierre y su desmantelamiento hasta 2013, con 42 años, cediendo ante las presiones de las eléctricas y el sector pronuclear de su partido, con el ministro de Industria Miguel Sebastián a la cabeza; e incumpliendo la promesa electoral de cerrar las centrales según fuera terminando su vida útil. Para ello, como explicaba Sebastián, redefinieron el concepto: ¿Qué es la vida útil de un coche? Depende de cómo se cuide. Pues en este caso lo mismo. Por suerte no estaba Miguel Arias Cañete para recordar que, como con los yogures, no hablamos de fecha de caducidad, sino de consumo preferente.

Posponer la decisión tenía, como se vio, un grave problema: para cerrar en 2013, debían ganar las elecciones. No fue así y el Gobierno de Mariano Rajoy anuló la orden de cierre y le concedió a Nuclenor hasta septiembre de 2012, para solicitar la continuidad de la actividad. La empresa dejó pasar el plazo sin presentar solicitud y, por si fuera poco, el 16 de diciembre paró la central, para no volver a ponerla en funcionamiento.

Regular para las eléctricas

Todo el proceso ha sido un continuo hacer a favor de las grandes compañías eléctricas. Para Francisco Castejón, responsable antinuclear de Ecologistas en Acción, la aprobación del real decreto [1] que permitía en 2014 reclamar la reapertura de Garoña fue el mayor de todos los despropósitos. En un artículo escrito dos años antes para esta revista [2] ya explicaba que, para volver a poner en marcha la central, el Gobierno debería legislar a medida de Nuclenor. Se hizo y la norma bien podría llamarse, como sugiere el periodista vasco Iker Armentia: “Real Decreto de las eléctricas que mandan más que Rajoy y Zapatero juntos” [3].

Tras su aprobación, el personal técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) estuvo trabajando a la vez en el cese de la explotación y en su posible continuidad. Como ha quedado de manifiesto, interesaba más la segunda opción. El CSN ha terminado de perder su credibilidad tras el último informe favorable a la reapertura, emitido en febrero. Cristina Narbona, única componente del pleno en contra, explica en su voto particular que se trata de una larga cadena de decisiones adoptadas desde 2013 para facilitar la reapertura de la central y, de paso, regular el futuro del parque nuclear. Por su parte, Nieves Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) , aseguró en una intervención en el Congreso de los Diputados que este organismo “está capturado por intereses políticos y económicos de la industria nuclear”.

Todo a una carta

Parece poco probable que Garoña vuelva a conectarse a la red eléctrica. Así lo aseguró José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en la junta de accionistas celebrada en marzo. Sin embargo, de su renovación depende el futuro del parque nuclear estatal.

La renovación hasta los 60 años sería un precedente peligroso para las centrales que aún siguen en funcionamiento y que de aquí a 2028 irán cumpliendo 40 años. La central extremeña de Almaraz es la siguiente de la lista y aporta pingües beneficios a sus empresas concesionarias, que no son otras que Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa. Este año también debe renovar licencia Vandellós II, otra central de Endesa e Iberdrola. No es de extrañar que estén peleando, aunque sea solo sobre el papel, para lograr la reapertura de Garoña.

Al parar la central nuclear de Garoña, en 2012, Nuclenor afirmó que la central no podía seguir operando en situación de inseguridad jurídica dado que el margen de beneficios era muy pequeño. En 2017, Sánchez Galán volvía a decir que la central no aporta suficiente para justificar su puesta en marcha. De hecho, el presidente de Iberdrola añadió que con las normas actuales ninguna central nuclear es rentable. Mientras, negocian normas más beneficiosas, presionan para que se reduzca el plazo de solicitud de nuevas licencias de los tres años actuales a uno y así tener mayor margen de maniobra.

El régimen franquista no preguntó a la sociedad qué opinaba de la energía nuclear y no se hace ahora; como tampoco se evalúan desde el punto de vista técnico las consecuencias de alargar el tiempo de uso de materiales sometidos a altas radiaciones. La mayoría del Parlamento, los gobiernos regionales del entorno –excepto el castellano-leonés– y una gran mayoría de ayuntamientos piden que no se reabra. La sociedad civil ha reactivado la lucha antinuclear para frenar el plan a largo plazo que se está gestando. Si las grandes eléctricas van a por todas, el movimiento antinuclear también.

Con el apoyo del Gobierno, la decisión final puede quedar en manos de Nuclenor. Es decir, de quien solo mira por su provecho económico y no tiene en cuenta los costes sociales y ambientales de su negocio. Por eso, además de la reivindicación en la calle y en las instituciones políticas, se usan otros mecanismos derivados del cambio en el mercado eléctrico estatal. Ahora podemos elegir comercializadora de electricidad; el cambio a cooperativas eléctricas de origen renovable es una potente herramienta para hacer frente al oligopolio nuclear. Si no quieren consultar a la sociedad, se les atacará donde más les duele: la rentabilidad económica, que parece ser lo único que hoy hace cerrar las centrales nucleares.




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