Banderas Negras Andalucía 2017

Banderas Negras 2017

Esta campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

Los objetivos de “Banderas Negras” son:

  • Dar una información rigurosa a los andaluces, y a todos los usuarios de las playas, del estado ecológico en que se encuentran éstas.
  • Requerir a Ayuntamientos, resto de las Administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral.

La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

Las dos calificaciones negativas otorgadas son:

  • Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas).
  • Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.

Los “galardones” concedidos por la Federación para la educación ambiental para Europa, conocidos como “Banderas Azules”, en cambio, carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas.

Confiemos de nuevo en que estas "distinciones" de Banderas Negras y Puntos Negros se truequen en verdaderas Banderas Azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente saludable y libre de las agresiones urbanísticas para el año próximo.

ProvinciaBANDERAS NEGRASPUNTOS NEGROS
Almería
19
11
Cádiz
14
13
Granada
4
3
Huelva
5
18
Málaga
10
13
Total
52
58

 Principales causas de impacto en el litoral durante el último año:

Contaminación por los vertidos de las depuradoras.

La Consejería de Salud realiza periódicamente un análisis para evaluar la calidad de las aguas de baño de las playas andaluzas. Ninguna playa andaluza está fuera de norma. En las muestras de agua se determinan los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los microbiológicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo –de cristal, plástico, caucho, madera, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. Para Ecologistas en Acción, esta analítica es insuficiente y debería incorporar la detección al menos de hidrocarburos y metales pesados, con una incidencia evidente en la salud de la población afectada.

Como hemos remarcado en otras ocasiones, a pesar de que en nuestro litoral las intensas corrientes y mareas reducen los riesgos sanitarios, hay que empezar a considerar y estudiar los efectos de la contaminación orgánica sobre los ecosistemas marinos y marismeños de cuya gran biodiversidad dependen los recursos pesqueros y la pervivencia de numerosas especies marinas.

Ecologistas en Acción trasladó a la Fiscalía su Informe de saneamiento y depuración del ciclo 2013/2015 para denunciar un posible delito en el cobro de la tasa de depuración en aquellos municipios que incumplen la norma. La Fiscalía ha abierto Diligencias de Investigación Penal. Igualmente se ha presentado una Queja ante la Comisión Europea denunciando el incumplimiento del derecho comunitario por la incorrecta depuración en más de 60 municipios andaluces.

Después de hacer público el Informe sobre el grado de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas, Ecologistas en Acción interpuso una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente con el objeto de estudiar si existe un posible delito por el cobro de la tasa de depuración en municipios cuyas depuradoras incumplen la normativa que regula los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento secundario.

Se trasladó a Fiscalía el Informe, elaborado a partir de las muestras analíticas de las depuradoras de todas las provincias andaluzas, donde se concluye que en el año 2015 (último año recibido), el 34% de las depuradoras en funcionamiento no operan conforme al Real Decreto 509/1996.

Ecologistas en Acción solicitó a la Fiscalía esclarecer el presunto delito que estarían cometiendo los ayuntamientos andaluces al continuar vertiendo las aguas residuales urbanas a cauce público sin la debida depuración de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los continuos requerimientos de la Administración competente, infringiendo, además, los requisitos establecidos en las normas aplicables al tratamientos de las aguas residuales urbanas.

Son los Ayuntamientos quienes, en base a la Ley de Régimen Local, están obligados al tratamiento de las aguas residuales y a proteger el medio ambiente y la salud pública, siendo responsables de esta situación los alcaldes y concejales de medio ambiente de cada municipio.

En respuesta a estos hechos, la Fiscalía ha decidido abrir Diligencias de Investigación Penal, incoadas a partir del Expediente de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, por la comisión del posible delito denunciado por Ecologistas en Acción, estableciéndose ahora un plazo de 6 meses para investigarlo. Dado el carácter supra provincial de los hechos, se ha acordado la inmediata remisión de las Diligencias a las distintas Fiscalías Provinciales para que éstas a su vez, investiguen los hechos denunciados.

Al mismo tiempo que se denunciaba a la Fiscalía, se presentaba ante la Comisión Europea una Queja por el incumplimiento del Derecho comunitario, sin perjuicio de que puedan evidenciarse otros incumplimientos más adelante. Entendemos que al menos se pueden estar infringiendo tanto la Directiva 91/271/CEE, que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas como la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE, así como otras disposiciones de derecho comunitario y principios y objetivos de la Unión Europea relacionados con ambas normas. En la citada Queja se indica que los últimos datos correspondientes al año 2015 proyectan un incumplimiento de los valores establecidos en la Directiva 91/271/CEE de un tercio de las depuradoras andaluzas. Esta situación estaría impidiendo el cumplimiento del objetivo de alcanzar el buen estado ecológico que marca la Directiva Marco de Aguas del año 2000.

Y también, Ecologistas en Acción ha trasladado a la Comisión su preocupación sobre el posible uso incorrecto de los Fondos europeos FEDER, que contenían partidas para las obras de construcción de depuradoras. La propia Junta de Andalucía admite en el informe publicado a finales del año 2016 que una parte de las actuaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2015 han contado con financiación europea, concretamente con 127,6 millones de euros.

Apenas 12 días después de presentar la Queja, la Comisión ha respondido rápidamente para ampliar la información aportada, lo que denota la preocupación de las autoridades europeas por los hechos denunciados.

Por ello, Ecologistas en Acción exige a las distintas Administraciones que establezcan como objetivo prioritario la construcción de las depuradoras que faltan para completar el “vertido cero” en nuestra Comunidad, así como que corrijan de inmediato los problemas que presentan aquellas que funcionan mal e incumplen la norma que regula el vertido de las aguas residuales urbanas. De no hacerlo, las sanciones seguirán llegando, y los continuos vertidos sin depurar afectarán a la salud y al medio ambiente a corto plazo en Andalucía.

Lo peor es que la situación de depuración insuficiente no es nueva, sino que se está haciendo crónica. Las depuradoras se van construyendo pero no tienen un mantenimiento adecuado, de manera que progresivamente funcionan peor y acaban vertiendo aguas prácticamente residuales. Otro déficit añadido es el incumplimiento de la normativa de acceso a la información sobre depuración. Ni los Servicios Centrales, ni las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, proporcionan los datos de depuración y de infraestructuras de saneamiento, con la honrosa excepción de la de Cádiz, a pesar de nuestros reiterados requerimientos y el apoyo del Defensor del Pueblo Andaluz.

Como reconoce el reciente Informe de La Agencia Europea de Medio Ambiente sobre la calidad de las aguas de baño:
“La contaminación fecal de las aguas sigue constituyendo un riesgo para la salud humana, en especial si está presente en las zonas de baño. Nadar en playas o lagos contaminados puede provocar enfermedades. Las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales y las aguas drenadas de las tierras y las explotaciones agrícolas. Esta contaminación se incrementa cuando se producen precipitaciones intensas e inundaciones, debido al desbordamiento de las alcantarillas y al vertido de aguas de drenaje contaminadas en ríos y mares”.

La tendencia a la privatización del ciclo del agua concentrado en unas pocas grandes empresas amenaza con agravar aun más la situación; el resultado de esta cesión en la gestión y en la propiedad es que no mejora la calidad del agua y además suben los precios.

Insistimos como en años anteriores en que es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Los principios de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, contenidos en la Directiva Marco de Aguas, deben aplicarse con seriedad.

Ecologistas en Acción pide a la ciudadanía y al conjunto de los visitantes de nuestros espacios costeros que tenga una actitud responsable en el uso de los recursos que nos brinda nuestro privilegiado medio natural. Retirar las basuras a los contenedores más cercanos, respetar la vegetación y los pasos peatonales recomendados, no utilizar vehículos destructores en espacios tan frágiles,... en definitiva, procurar dejar inalterados los espacios que hemos utilizado es algo fundamental para usos futuros y solicitará a los ayuntamientos implicados y las empresas organizadoras una plan efectivo de limpieza en los festivales de música en nuestras costas.

 Novedades:

1. Positivas:

La sentencia del Tribunal Supremo que desestima por completo el proyecto industrial de Las Aletas (Puerto Real).

El polígono planeado en Las Aletas era un proyecto innecesario y contrario a la Ley. No es admisible que mientras se está desmantelando el tejido industrial de la Bahía de Cádiz se pretendiera al mismo tiempo recalificar nuevos terrenos costeros con fines industriales o portuarios.

La vocación natural de estos terrenos es su restitución como zonas marismeñas y su inclusión en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, carácter que nunca debió perder. El proyecto presentado en 2007 como Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, “Las Aletas” fue anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2009 y la sentencia del 4 de Abril anula el acuerdo del Consejo de Ministros, que en 2015 declaró una reserva sobre el dominio público marítimo-terrestre para el parque industrial y logístico, y viene a corroborar aquella anulación. Las modificaciones propuestas posteriormente por los promotores han intentando maquillar un proyecto que siempre ha sido injustificado.

El ayuntamiento de Puerto real ha abierto un proceso participativo en el que todos los sectores concernidos sean capaces de ofrecer una alternativa ecológica y sostenible, basada en la economía azul. La Mesa por el Empleo de la Bahía de Cádiz y el colectivo de parados del Metal se han sumado a esta propuesta.

Las actividades propuestas en Las Aletas poco tenían que ver con el mar, la Bahía y sus recursos: Polígono industrial, Parque Comercial, Instalaciones deportivas, Parques recreativos, Instalaciones para hostelería, Parque empresarial, Área logística multifuncional (para manipulación de mercancías), Área logística monofuncional (prestaciones logísticas para sectores de actividad específicos), Área logística‐industrial, Construcción de bienes de equipo para energía eólica offshore, Producción de energía térmica por cogeneración..., actividades que no son compatibles con el Dominio Público Marítimo Terrestre ni su Servidumbre de Protección.

La naturaleza de las marismas y zonas húmedas de la Bahía de Cádiz, además de todos sus habitantes, hemos salido beneficiados. Si destinamos los 90 millones de € disponibles a mitigar el paro en la Bahía e incorporar esa superficie al Parque Natural de la Bahía, habremos convertido un problema en oportunidad.

2. Negativas:

1. La errónea y despilfarradora política de realimentar con arena las playas.
El Plan Litoral 2017 que ha puesto en marcha el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), cuyo objetivo inicial es el de recuperar las playas afectadas por los temporales de la provincias del sur y del este de España, tiene un impacto muy negativo sobre hábitats bien conservados.
Con la excusa de los efectos de los temporales sobre la costa, se está actuando de forma indiscriminada sobre zonas muy bien conservadas donde nunca se ha dado una playa arenosa, con un grave impacto sobre hábitats de interés como son las praderas de Posidonia oceánica.

El Ministerio pretende recuperar las playas afectadas por los temporales en las provincias del Sur y del Ese de la península, con unas inversiones previstas de 16,5 millones de euros, que con toda probabilidad se tragará el mar de nuevo, como ya está ocurriendo con los nuevos temporales de esta semana.

Estas actuaciones se están desarrollando a toda velocidad, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental y sin ningún control medioambiental. Para Ecologistas en Acción las actuaciones desarrolladas no están centradas en añadir arena a las playas erosionadas por los temporales, sino que se están produciendo obras de rellanado de zonas litorales donde nunca ha existido una playa de arena, produciendo en varios casos una gran alarma entre la población vecina.

Ecologistas en Acción denuncia que se aproveche esta situación de alarma por los desperfectos ocurridos en playas turísticas del litoral español para actuar de forma indiscriminada en zonas muy bien conservadas y por motivos nada justificados desde el punto de vista ambiental o turístico.

Ecologistas en Acción propone la creación de una comisión con las comunidades autónomas y personal experto que evalúe la política a desarrollar a corto y medio plazo, y defina las obras necesarias y su carácter bajo un criterio de sostenibilidad medioambiental y uso eficiente de los recursos.

Ante el nuevo escenario de cambio climático, aumento de nivel del mar y mayor erosión costera por los temporales, hay que desarrollar una nueva política costera de prevención y reorganización del urbanismo litoral que favorezca los procesos naturales que protegen de la erosión, como es la presencia de praderas de Posidonia. El Plan Litoral 2017 supone una política de parches que, añadido a la falta de conciencia ambiental existente en la Dirección General de Costas, va a suponer una mayor degradación de nuestro maltrecho litoral y un gasto económico inútil.
La dinámica natural de las playas está sujeta a procesos naturales de aporte y retirada de arena. Los ríos aportan sedimentos a las costas y el oleaje los redistribuye a lo largo del litoral. Pero la presión urbanística en la costa y los numerosos embalses y presas existentes a lo largo de los cauces fluviales, hacen que se reduzca considerablemente el aporte de arena a las playas. Este proceso provoca que gran parte de la línea de costa vaya retrocediendo y que las playas sufran déficit de arena. La mayor parte de la costa española sufre pérdidas debido a que su balance de arena ha sido alterado por la acción del hombre.

Las realimentaciones de playas no aguantan, en el mejor de los casos, más de cinco años, porque los temporales de Poniente vuelven a llevarse la arena. Además, el equilibrio morfodinámico de las corrientes de invierno (erosivas) y de verano (sedimentarias) se está alterando con la pérdida de los cordones dunares, que reequilibraban este ciclo. Si a ello unimos que el Cambio Climático está provocando subidas en el nivel del mar que acelerarán los procesos de pérdida de arenas en las playas, frente a los cuales no sirve de nada la “mitigación” (echar más arena), sino la “adaptación” (recuperar las franjas costeras con sus funciones ecológicas preservadas), comprobamos la sinrazón de Costas y de los Ayuntamientos y el silencio cómplice de la Consejería de Medio Ambiente.

Ante esta situación, los distintos responsables políticos, alcaldes, consejerías, Demarcaciones de Costas, llevan años aportando áridos para paliar el problema y para no perder ancho de playa, e incluso inventar playas donde hay roquedos, aportando arena procedente de canteras o de arenales submarinos, una solución que tanto ecologistas como investigadores consideramos inútil ya que no resuelve la situación a largo plazo. La simple deposición de nuevas arenas o áridos no es más que un parche; la arena que se aporta al principio de verano se perderá con el siguiente temporal de otoño y con ello se pierde anual e inútilmente miles y miles de euros públicos.

Lo apropiado sería analizar y estudiar la verdadera causa de las pérdidas de arena y corregirla. Pero si la playa padece un déficit crónico, la arena no se mantiene en la costa, lo que provoca que, al cabo de un tiempo, a veces al año, vuelva a ser necesario un nuevo aporte de áridos.

La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, repite año tras año la “regeneración de playas”: más movimientos de arena, más dragados, más desmontes de dunas para alimentar nuestras maltrechas playas, más inversiones inútiles… y todo para que el año que viene, previsiblemente, se vuelva al lugar de partida. Nuestras playas han sido profundamente alteradas por la construcción de paseos marítimos, espigones, rellenos, dragados, construcciones en primera línea de playas, destrucción de cordones de dunas… lo que ha motivado la pérdida progresiva de arena y la incapacidad para regenerarse de forma natural tras los temporales de invierno.

En realidad, lo que se pretende no es “regenerar” ningún ecosistema o unidad paisajística, sino realimentar con arena traída de un “placer” (yacimiento submarino de arena) o de una cantera terrestre, unas playas que de nuevo perderán arena. Y así hasta el infinito. Si de verdad se tratase de una regeneración hace tiempo que ya habríamos dejado de aportar arena a las playas. Lo que se hace es un despilfarro porque es una actuación efímera, inútil, con fecha de caducidad, dilapidadora de recursos públicos que deberían ser destinados a cubrir otras carencias sociales.

La dinámica natural de las playas está sujeta a procesos naturales de aporte y retirada de arena. Los ríos aportan sedimentos a las costas y el oleaje los redistribuye a lo largo del litoral. Pero la presión urbanística en la costa y los numerosos embalses y presas existentes a lo largo de los cauces fluviales, hacen que se reduzca considerablemente el aporte de arena a las playas. Este proceso provoca que gran parte de la línea de costa vaya retrocediendo y que las playas sufran déficit de arena. La mayor parte de la costa española sufre pérdidas debido a que su balance de arena ha sido alterado por la acción del hombre.

Las realimentaciones de playas no aguantan, en el mejor de los casos, más de cinco años, porque los temporales de Poniente vuelven a llevarse la arena. Además, el equilibrio morfodinámico de las corrientes de invierno (erosivas) y de verano (sedimentarias) se está alterando con la pérdida de los cordones dunares, que reequilibraban este ciclo. Si a ello unimos que el Cambio Climático está provocando subidas en el nivel del mar que acelerarán los procesos de pérdida de arenas en las playas, frente a los cuales no sirve de nada la “mitigación” (echar más arena), sino la “adaptación” (recuperar las franjas costeras con sus funciones ecológicas preservadas), comprobamos la sinrazón de Costas y de los Ayuntamientos y el silencio cómplice de la Consejería de Medio Ambiente.

Ante esta situación, los distintos responsables políticos, alcaldes, consejerías, Demarcaciones de Costas, llevan años aportando áridos para paliar el problema y para no perder ancho de playa, e incluso inventar playas donde hay roquedos, aportando arena procedente de canteras o de arenales submarinos, una solución que tanto ecologistas como investigadores consideramos inútil ya que no resuelve la situación a largo plazo. La simple deposición de nuevas arenas o áridos no es más que un parche; la arena que se aporta al principio de verano se perderá con el siguiente temporal de otoño y con ello se pierde anual e inútilmente miles y miles de euros públicos.

Lo apropiado sería analizar y estudiar la verdadera causa de las pérdidas de arena y corregirla. Pero si la playa padece un déficit crónico, la arena no se mantiene en la costa, lo que provoca que, al cabo de un tiempo, a veces al año, vuelva a ser necesario un nuevo aporte de áridos.

El retraso considerable en completar las depuradoras que necesitan los municipios litorales.

El objetivo del “vertido cero” fue marcado para 2015 por la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000). Como valora el Oficio del Defensor del Pueblo Andaluz, formulado en el expediente 15/2067 dirigido a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “se están detectando incumplimientos de entidad que hacen prever que no va a ser posible el cumplimiento del mencionado objetivo, lo que conlleva graves consecuencias de naturaleza ambiental en la medida en que se van a seguir realizando vertidos urbanos sin depurar en los cauces de ríos, arroyos, etc., y se continuará provocando la contaminación de las aguas interiores y del mar sin que, por otro lado, se facilite la reutilización del agua vertida. En definitiva, la consecución del ciclo integral del agua, como objetivo inaplazable, quedará sin alcanzarse a la fecha límite fijada”.

La moción del Parlamento de Andalucía del 7 de abril de este año insta al gobierno andaluz a realizar un balance de todas las infraestructuras de saneamiento y depuración, un estudio de la calidad de las aguas de todos los municipios andaluces, un informe de cómo se ha aplicado el canon de mejora en las infraestructuras hidráulicas de depuración, un impulso en la regeneración de las aguas reutilizadas, una introducción de cláusulas sociales en la contratación de estas obras y un Studio del impacto sobre la salud de las personas de los vertidos sin depuración: una resolución importante.

Según lo establecido en el Estatuto de Autonomía, Andalucía tiene competencias exclusivas sobre las aguas que transcurren íntegramente por su territorio, salvo las del Guadalquivir, que son competencias del Estado, así como competencia exclusiva en materia de planificación, construcción y financiación de las obras públicas la Comunidad, cuando no estén declaradas de interés general por el Estado.
La Junta de Andalucía es la responsable de la vigilancia del cumplimiento de la normativa de vertido, así como de la construcción de una nueva EDAR moderna y eficiente que garantice unas condiciones ambientales y de salud pública aceptables. ¿Qué sucede? Que Andalucía recauda 323 millones de € por canon de depuración, pero no invierte ni la mitad, habiendo más de un 62% de actuaciones declaradas de interés por la C.A. de Andalucía en 2010 que están aún sin iniciar.

Ecologistas en Acción reitera su llamamiento a los ciudadanos que visitan y usan las maravillosas playas naturales que todavía quedan en nuestro litoral para que exijan de las instituciones responsables el respeto a estos maravillosos parajes. Hay que recordar que la sostenibilidad conlleva un uso y disfrute individual y colectivo de los recursos naturales guiado por el respeto a nuestro entorno, garantizando también su uso y disfrute para futuras generaciones.




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