Solicitamos la suspensión indefinida de los PGOU de nuestras principales poblaciones

La situación en la provincia de Córdoba, respecto al crecimiento urbanístico desaforado, no varía sustancialmente de lo que se puede apreciar en casi cualquier parte de la geografía andaluza. Tal vez, todavía, no se haya llegado al nivel de clientelismo y corrupción, que asola los ayuntamientos de diversas localidades costeras. El motivo probable es el reducido dinamismo económico de provincias de interior, como la nuestra, respecto a las localidades ubicadas en el litoral.

La situación que se está dando en la planificación urbanística de los municipios, es la de promover una especulación del suelo sin precedentes haciendo de éste el mayor problema medioambiental y social de Andalucía. Este crecimiento carece de justificación alguna por la demanda social y está en total contradicción con los intereses generales de la población local. El motor de este crecimiento se sitúa en la apropiación del territorio por parte de las grandes promotoras inmobiliarias, que, con la connivencia de la administración municipal, de los propietarios de suelo y de los partidos políticos, planifican el territorio de acuerdo únicamente con sus intereses económicos.

Sacrifican los recursos hídricos y calidad de vida de los ciudadanos, aumentan los precios de viviendas y productos de primera necesidad, desaparece el modo de vida y cultura del territorio, amenazan la supervivencia de iniciativas empresariales de pequeños y medianos empresarios agrícolas, ganaderos, de turismo rural, comercio, etc. Ante el caos de la planificación urbanística recordamos que las competencias urbanísticas corresponden a la Junta de Andalucía, y que ésta las tiene cedidas a los ayuntamientos. Los ayuntamientos conculcan una de sus principales competencias que es la de proteger el medio ambiente y la salubridad pública (Art. 25 de la ley Reguladora de las Bases de Régimen Local).

La administración andaluza, a través de sus Consejerías, tienen la obligación de poner en marcha los correspondientes instrumentos de control que posibiliten que el desarrollo urbanístico de los municipios obedezca a las necesidades de la población.

Entre los instrumentos de planificación de los que se ha dotado la comunidad autónoma de Andalucía se encuentra la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio, en la que se especifica en la exposición de motivos “Los objetivos específicos de la Ordenación del Territorio, son la articulación territorial interna y ...... la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes”

La Red Andaluza en Defensa del Territorio ante esta situación, y en tanto la Junta de Andalucía no ponga en marcha una planificación del territorio efectiva y se den realmente las condiciones de participación ciudadana necesarias, se ha dirigido a la Consejera de Obras Públicas y a los Delegados y Delegadas Provinciales de las 8 provincias andaluzas para pedirles que:

Se aplique una moratoria en relación a la elaboración y/o aprobación de los P.G.O.U., tanto por parte de los municipios como de la administración autonómica, así como se proceda a la suspensión del desarrollo y ejecución del planeamiento vigente, paralizando la concesión de licencias, planes y/o estudios, o cualquier otro instrumento urbanístico que pueda abundar en la destrucción del territorio andaluz, haciendo ilusorios los futuros Planes de Ordenación Subregionales y demás instrumentos de protección del territorio (PORN, Decisión europea sobre LICS mediterráneos, etc), y ello hasta que se den las circunstancias reseñadas en el cuerpo del presente documento.

Ejercer las correspondientes medidas preventivas en la política y gestión del territorio será de utilidad para frenar multitud de decisiones sin sentido que se están adoptando desde los municipios para urbanizar el suelo municipal sin criterios en los que se tenga en cuenta los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Si no se hace así tendremos asegurado la pérdida irreparable de nuestro patrimonio natural y social.

RaDeTe continuará realizando y desarrollando acciones en defensa del territorio hasta en tanto no haya una respuesta y reacción positiva de la Junta de Andalucía a las peticiones que se les ha realizado.




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