Una Ley para blindar el negocio de los eventos en fincas rurales a pesar de su fuerte impacto

Esta semana, en la Asamblea de Madrid se debatirá la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular para blindar el negocio de la celebración de eventos en las fincas rústicas. Un uso impropio del medio natural que lleva años desarrollándose de forma ilegal causando graves problemas ambientales, de convivencia vecinal y económicos al sector hostelero. Ecologistas en Acción afirma que estas actividades lejos de favorecer el desarrollo rural, están contribuyendo a destruir negocios y empleos en el sector hostelero y creando importantes conflictos sociales.

En el pleno que se celebra el próximo jueves en la Asamblea de Madrid se debatirá la Proposición de Ley de Modificación del artículo 9 de la Ley 8/2012 de medidas Fiscales y Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Cuenta con la oposición de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos. Por ello, está en manos de Ciudadanos, que aún no se ha pronunciado, que la Ley salga adelante. Este debate se produce una semana después de que Ciudadanos y el Partido Popular impidieran la derogación de este mismo artículo propuesta por Socialistas y Podemos.

El artículo 9 de la Ley 8/2012 que se propone modificar, permite la celebración de eventos (bodas, banquetes, etc) bajo la denominación de “actos sociales y eventos familiares de especial singularidad” en fincas rústicas, independientemente del grado de protección del suelo, incluso en espacios protegidos. Una actividad que congrega semanalmente a varios cientos de personas y vehículos.

Se trata de un uso impropio en el medio natural, sin vinculación alguna a su naturaleza rústica. Para su desarrollo hay que habilitar accesos rodados para permitir el tránsito de vehículos particulares y/o autobuses que trasladan a los asistentes. La música y actuaciones en directo hasta altas horas de la madrugada son habituales, así como el consumo de alcohol, emisiones de luces nocturnas, uso de fuegos artificiales, etc. Además, esta aglomeración de personas produce importantes volúmenes de basura y aguas residuales.

La Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular, lejos de poner freno a esta situación -como se intentó la pasada semana con una Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos para la derogación del artículo 9 que fue desestimada por el Partido Popular y Ciudadanos- permite expresamente nuevas actividades, hasta ahora no permitidas como son las actividades deportivas, de recreo y exhibiciones. Además introduce mayor confusión jurídica con numerosos conceptos indeterminados como “uso canino”, “uso ecuestre”, “usos análogos”, “algún tipo de interés arquitectónico”, etc

Pero este tipo de fincas, además de suponer un riesgo para el medio natural, conllevan otros problemas. Suponen una competencia desleal para empresarios que desarrollan actividades similares en suelo urbano legal. Las fincas rústicas, al no estar sometidas a los requisitos legales de la actividad hostelera, aunque se dedican a ella, pueden ofertar servicios más baratos a sus clientes. Por ello, las asociaciones Amer (Asociación Española de Empresas de Restauración) y Aehm (Asociación Empresarial y Hotelera de Madrid), se han organizado en la Plataforma de afectados por los espacios y fincas ilegales de Madrid (Feide). Según Feide, en los últimos años no se ha abierto ninguna instalación hostelera dedicada a la celebración de eventos, sobre suelo legal. Por el contrario se han cerrado algunas.

Otra dramática consecuencia de la celebración de fiestas en las fincas rurales es el calvario por el que pasan las personas que viven en su entorno. El ruido hasta la madrugada complica la vida a sus vecinos. Las numerosas denuncias que interponen suelen caer en saco rato, ni ayuntamientos ni Comunidad de Madrid intervienen y finalmente tienen que recurrir a la Justicia. En ocasiones las personas o colectivos denunciantes se enfrentan a campañas de acoso y desprestigio en los municipios en los que viven.

Ecologistas en Acción desea que no prospera la modificación del artículo 9 de la Ley 8/2012 porque sólo cabe su derogación. En caso contrario seguirá denunciando las consecuencias de este tipo de negocios, incompatibles con la conservación de la naturaleza y de estas leyes hechas a medida para beneficiar los intereses de una minoría y en contra del mandato constitucional de conservación del medio ambiente.




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