La transición energética pasa por abandonar las nucleares y el carbón a corto plazo

Ecologistas en Acción exige que el gobierno emprenda el camino hacia un modelo energético basado en energías limpias y renovables para cumplir los Acuerdos Climáticos de París, proteger el medioambiente y los recursos, generar riqueza y empleo, y abaratar la factura de la luz.

El debate energético está de rabiosa actualidad, puesto que la UE exige a sus estados que presenten una estrategia para cumplir los Acuerdos Climáticos de París a principios de 2018. Este compromiso fuerza a reformular profundamente el modelo energético, puesto que hay que alcanzar importantes reducciones de emisiones de gases de invernadero para 2030. De todos los combustibles fósiles, el carbón es el que provoca más emisiones de dióxido de carbono por energía producida.

Por si esto fuera poco, los permisos de funcionamiento de las centrales nucleares españolas expiran entre 2020 y 2024, así que el gobierno ha de tomar decisiones en esta misma legislatura sobre el papel que ha de jugar esta energía, puesto que en verano de 2020 caducan los permisos de Almaraz I y II (Cáceres) y de Vandellós II (Taragona).

Por tanto, el tiempo que se acerca requiere de importantes decisiones por parte del gobierno español, decisiones que deberían tomarse pensando en el bien común y no sólo en el beneficio de sectores económicos tan poderosos como las compañías eléctricas y los bancos de inversión.

La explotación de las centrales nucleares amortizadas es un excelente negocio para las empresas eléctricas y sus grandes inversores, como los bancos de inversión, que no genera beneficio alguno para el país. Pero además, es un negocio rentable después de décadas de protección política y de subvenciones más o menos encubiertas en forma de Costes de Transición a la competencia, de la Moratoria Nuclear, del pago de la gestión de los residuos y del stock del uranio. En el mercado marginalista español, el precio del kWh nuclear se paga en promedio a unas tres veces lo que cuesta producirlo, y de ahí el interés en que sigan funcionando las centrales. Las centrales nucleares son en España un verdadero freno para el desarrollo de las energías renovables, puesto que no es viable técnicamente un mix eléctrico con una producción del 22 % de electricidad nuclear, que funciona en base, no se regula y no es flexible.

Además, no hay que olvidar los problemas ambientales que ocasionan las centrales nucleares, los cuales, por sí mismos, suponen suficiente argumento para abandonar esta fuente de energía: contaminación, riesgo de accidente y generación de residuos radiactivos.

La opción por un modelo basado en renovables debe ir acompañada por un cierre escalonado de centrales nucleares. La decisión de prolongar su funcionamiento hasta los 50 o 60 años favorece claramente a poderosos sectores económicos, aunque los perjuicios de la energía nuclear los suframos todos.

El problema de las retribuciones a las diferentes fuentes de energía es clave en este debate, pues determina qué tecnologías serán las protagonistas y qué agentes ganarán más o menos dinero. Los intentos para fijar precios ventajosos garantizados para la energía nuclear que se han producido en Reino Unido, han chocado una y otra vez con el Consejo de Competitividad Europeo que no aprueba la ventaja de este sector empresarial. Pero el Gobierno español no tiene de qué preocuparse, porque el consejo nunca ha puesto su lupa sobre la financiación de las nucleares españolas.

En la estrategia para cumplir el Acuerdo de París, que debería suponer una auténtica transición a un nuevo modelo energético 100 % renovable y limpio, el Ministro Álvaro Nadal y su secretario de Estado, Daniel Navia, ya hablan sin rubor de mejorar los pagos a las grandes eléctricas cambiando el protocolo de las retribuciones por inversión, suavizando la reducción reglamentada actualmente por la caída de los tipos de la deuda española. Ecologistas en Acción exige que estas retribuciones se apliquen sólo en aquellas tecnologías que de verdad contribuyen a la transición a un nuevo modelo energético, y no al mantenimiento del estatus quo que supone el beneficio para unos pocos y el freno de la expansión de las renovables.




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