Jornadas de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos

Integrantes de Ecologistas en Acción de Segovia se han sumado a la denuncia por el cierre de caminos públicos en Castilla y León. El sábado pasado más de 150 personas participaron en una marcha revindicativa en el Valle de Manzanedo para denunciar el cierre de las vías públicas en esta zona de Burgos. Denuncian que esta realidad afecta también a Segovia.

Ecologistas en Acción de Segovia ha participado junto a diversas organizaciones y activistas integrantes de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en las XI Jornadas de esta organización celebradas en Soncillo, Burgos.

Ecologistas en Acción de Segovia está integrada en la PICP y ha expuesto que el cierre de caminos públicos es también una realidad que se repite en nuestra provincia. Ese es el caso de los caminos públicos de Monterrubio, en la finca Lastra de la Lama donde 12 caminos fueron cerrados al acceso público como denunció ya esta organización. Esta es una realidad que afecta a todo el país. Por ello, el fin de semana pasado, más de 150 personas de todo el Estado español participaron en una marcha reivindicativa contra el cierre de caminos públicos por parte de un terrateniente en los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco, en el Valle de Manzanedo, Burgos. El propietario de los terrenos niega el acceso a los caminos públicos, las iglesias y cementerio de estas pedanías.

Escoltados por la Guardia Civil, las personas activistas que participaron en la marcha, varias de ellas procedentes de Segovia, pudieron acceder, ese día, a la zona y comprobar cómo los dos pueblos están vallados y han sido ocupados por el terrateniente calles, iglesias, fuentes y otros bienes públicos. Una de las asistentes a la marcha, nacida en uno de esos municipios, relató cómo fue amenazada en una ocasión por los guardas de seguridad que custodian ahora la finca ubicada en Fuente Humorera y le impidieron el paso para visitar la tumba de sus abuelos.

Para la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, de la que forma parte Ecologistas en Acción de Segovia, estos hechos no son cierres puntuales en Andalucía, como el caso recientemente publicado de la Sierra de Grazalema, el cierre de los caminos se repite en todo el país. La PICP está integrada por 17 asociaciones de afectados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Euskadi, entre otras comunidades.

Estas jornadas han contado con técnicos para la elaboración de inventarios de caminos públicos en los Ayuntamientos, alcaldes de municipios del norte de Burgos, abogados de Ecologistas en Acción, representantes del gobierno autonómico de Baleares, donde se está ya tramitando la primera ley de caminos públicos del Estado español, y representantes del Parlamento de Andalucía donde se acaba de aprobar también una normativa sobre senderos públicos en esta comunidad. Los y las portavoces de las asociaciones en defensa de los caminos han expuesto la problemática de sus territorios, donde el acceso a la naturaleza se está convirtiendo en algo imposible.

Las asociaciones contra el cierre de caminos públicos denuncian también la falta de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas incluso la complicidad con los grandes propietarios en estas prácticas ilegales. La PICP solicita a los ayuntamientos la realización de inventarios y ordenanzas de los caminos públicos y actuar de oficio, de forma inmediata cuando un participar cierra el paso a un camino. Además, se pide la clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias en cada Comunidad Autónoma para evitar su usurpación. La PICP recuerda que la ley municipal y el reglamento de bienes de dominio público, en su Artículo 5, señala que los caminos públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles.




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