Guerra sucia contra el ecologismo. Encerrona a Juan Clavero

El reciente intento de incriminación de Juan Clavero en un delito es un ejemplo de una dinámica preocupante y creciente en las agresiones contra quienes nos oponemos a este sistema capitalista y depredador, desde la óptica del ecologismo social.

Nerea Ramírez y Paco Segura, coordinadores de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 93.

Los principios que propugna el ecologismo social entran en fuerte contradicción con las dinámicas de acumulación, de explotación de las personas y de destrucción del territorio que provoca el sistema económico capitalista. Es por eso que los colectivos y personas ecologistas somos objeto de no pocas campañas de desprestigio y de difamación por parte de los poderes económicos que se ven cuestionados, cuando no de agresiones verbales o físicas.

Además, esta situación va claramente en aumento en la medida que la competencia por los recursos menguantes se hace mayor y las consecuencias ambientales y sociales negativas del sistema económico resultan más acusadas. En muchos países estas dinámicas, directamente, le cuestan la vida a las personas activistas. Ahí está el caso de Berta Cáceres, pero también el de muchas otras personas asesinadas por proteger su territorio: más de 200 defensores de la naturaleza fueron asesinados durante 2016 [1].

En nuestro entorno, la situación no es tan extrema, pero está llegando a niveles muy preocupantes, mientras que algunos cambios legales, como la Ley Mordaza, no hacen sino ayudar a que la vulneración de los derechos básicos de las personas activistas sea todavía más frecuente. Además, cuando se baja al terreno, cuando las distancias se acortan y se afrontan los problemas de forma local, los intereses encontrados de los que hablamos desembocan con facilidad en situaciones de amenazas, agresiones y hasta en la utilización de métodos violentos al más puro estilo mafioso. Por desgracia, no faltan los ejemplos.

Los casos se repiten

Hagamos un repaso cronológico de algunos de los casos más significativos que han afectado en los últimos cinco años a activistas de Ecologistas en Acción, sin afán de exhaustividad.

Paca Blanco, histórica activista en Extremadura, en 2012 tuvo que abandonar su domicilio y mudarse de El Gordo, Cáceres, por las amenazas y agresiones que recibía de forma continua en el pueblo, llegando hasta a arrojarle objetos incendiarios a su casa [2]. ¿El motivo?: su oposición a una urbanización de lujo en el Pantano de Valdecañas, que luego se ha demostrado ilegal en los tribunales tras la acción judicial emprendida por Ecologistas en Acción y Adenex [3].

En 2014, un militante de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, Héctor Quijada, fue agredido y le rompieron la cámara tras tomar unas fotografías en el entorno natural de la Rambla del Moro, para denunciar los vertidos ilegales en este espacio. En este caso, el agresor fue identificado y posteriormente condenado a 4 meses de prisión (por lo que no tuvo que entrar en prisión) y 600 euros de multa, una condena inferior a la de muchas infracciones de tráfico [4].

También a lo largo de 2014 la responsable de temas de pesca, Lydia Chaparro, sufrió un fortísimo, continuado y grosero acoso en las redes sociales por defender los criterios sobre pesca sostenible de la organización. Todo valía: fotomontajes con denuncias falsas, acusarla de ser responsable de la pérdida de miles de puestos de trabajo o usar información confidencial de una cofradía de pescadores artesanales.

Juan Clavero. Foto: Cata Zambrano.

Prado Salmerón, coordinadora de Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina, lleva años denunciando la corrupción urbanística en este municipio toledano [5]. Uno de los casos más relevantes es el de un campo de golf y sus correspondientes zonas comerciales y de chalets sin que la Administración exigiera la cesión de las ocho hectáreas para el municipio que eran preceptivas por la reclasificación del suelo. La activista recibe constantes amenazas de los propios responsables públicos en los medios de prensa locales.

En Cuenca, una de las personas que ha liderado la oposición al almacén nuclear de Villar de Cañas y otras luchas ecologistas, como la introducción de especies exóticas o la paralización de pistas ilegales en la Serranía, ha sido Carlos Villeta. En febrero de 2017 denunció ante la policía que habían apedreado su vivienda mientras se encontraba dentro su familia [6].

Más reciente ha sido el caso de Nines Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción de Madrid, quien en aplicación de la ley Mordaza, por el ’delito’ de discutir con un policía, ha sido condenada a una multa de 600 euros por “desobediencia” mientras protestaba junto a otras personas contra unos vertidos ilegales en un espacio protegido; una explotación que luego fue clausurada y su propietario multado [7].

Burda trama

Pero mucho más preocupante ha sido la burda trama que se ha urdido para implicar en un delito contra la salud pública a un conocido ecologista de la provincia de Cádiz, Juan Clavero, este pasado agosto. Después de participar en una marcha para reivindicar el carácter público de varios caminos y vías pecuarias cerradas por los nuevos propietarios de fincas, en la Sierra de Grazalema. En circunstancias más que extrañas, y muy bien relatadas en la prensa local [8], es detenido por la Guardia Civil en un control ’rutinario’ de estupefacientes, en una pista forestal de la sierra, el sábado 26 de agosto, a las cinco de la tarde, al encontrar en su coche una bolsa con 47 gramos de cocaína.

Juan Clavero tiene una trayectoria apabullante que por sí sola desmentía este torpe montaje: geógrafo, catedrático de biología, Premio Andaluz de Medio Ambiente, exdirector del Parque Natural de Grazalema, asesor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, agricultor ecológico, etc. Además, Clavero cuenta con un larguísimo historial en la lucha por la defensa de la naturaleza. El torrente de apoyos que ha recibido ha sido impresionante: nadie da credibilidad a una historia así. Por eso, finalmente el juez ha sobreseído su caso, señalando que ha sido objeto de “actuaciones malintencionadas por parte de terceros”.

Tampoco es la primera agresión que sufre Clavero. Antes le habían quemado el coche e incluso ha necesitado protección tras aparecer en su pueblo (El Puerto de Santa María) numerosos carteles amenazándole con quemar su vivienda. Pero una trampa como esta, iba claramente dirigida a acabar con su honestidad y desviar sus energías, y las de las personas cercanas, para defenderse, dejando de denunciar las ilegalidades ambientales que continuamente Clavero saca a la luz. Sin olvidar que la pena por el delito que han tratado de imputarle son casi cuatro años de cárcel. Por eso Ecologistas en Acción va a hacer todo lo que esté en su mano para que se condene a los culpables de este atropello. Es necesario que la Justicia aclare lo que ha pasado pues no podemos permitir que se instale la impunidad ante hechos de esta gravedad.




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