El TSJA anula la autorización para incinerar en la cementera de Alcalá

La sentencia del TSJA ha estimado el recurso interpuesto por Alwadi-ira-Ecologistas en Acción contra la resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de 13 de marzo de 2015, que ya estimaba, parcialmente, el recurso de alzada, interpuesto por nuestro grupo, contra la Resolución de 16 de septiembre de 2014 del Director General de Prevención y Calidad Ambiental por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A., y que le permitía quemar una importante gama de residuos: neumáticos, plásticos, lodos de depuradoras, residuos sólidos urbanos…. Se les impone las costas del juicio a las partes que han visto rechazadas sus pretensiones.

La sentencia del TSJA resuelve un proceso que ha durado más de seis años desde que Portland Valderrivas, S.A. presentó el proyecto en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla para poder incinerar hasta 292.000 toneladas de residuos año. En dicho periodo la movilización ciudadana ha jugado un papel protagonista y determinante en cuanto al resultado final, a pesar de que enfrente se tiene a una de las multinacionales más poderosas del sector.

Los éxitos que se han ido cosechando son más profundos que el mero resultado de la sentencia que hoy valoramos. En dicho sentido, y por poner algunos ejemplos, nuestro Ayuntamiento ha tenido que reconocer, ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que el Informe Municipal Medioambiental, no vinculante, es preceptivo y fundamental a la hora de defender los intereses de la ciudadanía de nuestra localidad. Se ha actualizado el PGOU y las NN UU para regular un importante sector y su actividad, el de la gestión de los residuos y su utilización como “combustibles alternativos” en la industria. Se ha avanzado en la coordinación de los movimientos andaluces que luchan por el tratamiento de los residuos de forma sostenible, con la constitución de una plataforma, PACIRAL, y se han conseguido cotas importantes de colaboración ciudadana y entre grupos muy diversos. Seguimos también fortaleciendo las estrategias a nivel nacional de la lucha contra la incineración, gracias a la colaboración y la comunicación de acciones y experiencias entre las distintas plataformas estatales.

La sentencia del TSJA ha estimado el recurso interpuesto por Alwadi-ira-Ecologistas en Acción contra la resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de 13 de marzo de 2015, que ya estimaba, parcialmente, el recurso de alzada, interpuesto por nuestro grupo, contra la Resolución de 16 de septiembre de 2014 del Director General de Prevención y Calidad Ambiental por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A., y que le permitía quemar una importante gama de residuos: neumáticos, plásticos, lodos de depuradoras, residuos sólidos urbanos…. Se les impone las costas del juicio a las partes que han visto rechazadas sus pretensiones.

Alwadi-ira-Ecologistas en Acción, junto con la Plataforma contra la Incineración de Residuos en Los Alcores, ha valorado muy positivamente el fallo del TSJA ya que establece como pilar fundamental la participación en los procesos de evaluación ambiental. En dicho sentido, el Tribunal exige la publicación del Dictamen Ambiental con carácter previo a la Autorización Ambiental Integrada, lo que de facto significa un verdadero varapalo a los métodos que utiliza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en cuanto al procedimiento de las AAI y la inseguridad jurídica que se genera en dicho tipo de procedimientos: “resulta trascendente que el Dictamen Ambiental en el que se evalúan los efectos del proyecto o actividad, denunciado por la sociedad ecologista por su incorrección, omisión en la determinación de los VLE y MTD y su adecuación a las directivas comunitarias vigentes y que debe ser previo a la propuesta de Resolución, se haya publicado al mismo tiempo que la autorización integrada, impidiendo la participación pública en una de las fases más críticas en el proceso aprobatorio lo que causa también la nulidad de la Resolución”. Haciendo suyos los fundamentos de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio de 2017. En este sentido, la administración autonómica andaluza se verá obligada a actuar, a partir de ahora, de forma diferente en los procedimientos que tengan por objeto AAI después de esta sentencia.

Por otra parte, el TSJA recalca que la “modificación solicitada es de carácter sustancial” y, consecuentemente, una nueva AAI debe contar con el informe de compatibilidad urbanística, conforme a la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Portland Valderrivas, S.A. no solicitó el informe de compatibilidad urbanística preceptivo al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. La administración autonómica no lo requirió con posterioridad. El informe que se incorporó al expediente es de 2004, el mismo que le sirvió a Portland para la AAI de 2006, que no contempla la valorización y gestión de residuos, no analiza su compatibilidad en relación al PGOU y NN UU actuales, entre otras cuestiones, “…quedando viciado el procedimiento” y “determinando su nulidad.” En este sentido, el Tribunal se hace eco de lo señalado por Alwadi-ira-Ecologistas en Acción en su demanda, que las condiciones de la zona donde radica la cementera han cambiado. Se pretende la “incineración o valorización energética en una instalación situada entre un núcleo residencial y un complejo comercial.” En dicho sentido, la sentencia prefigura la respuesta del TSJA al recurso presentado por Portland en relación con la modificación del PGOU, ya que elimina una circunstancia de carácter fundamental, alegada por la cementera en su demanda contra la modificación del Plan, que ellos disponen de una AAI concedida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para poder quemar residuos, ya no es así.

Por otra parte, el TSJA no entra a valorar las alegaciones de carácter técnico. No obstante, en dicho sentido, la resolución del Viceconsejero estimaba parcialmente el recurso de alzada en cuanto a la necesidad de revisar los Valor Límite de Emisión y la exigencia de un seguro de responsabilidad civil que cubriese los riesgos derivados del ejercicio de la actividad de gestor de residuos, hechos que nos plantean importantes dudas en cuanto a la calidad del proyecto presentado por la cementera y su posterior estudio técnico por parte de la Consejería.

La sentencia del TSJA, que estima nuestra demanda, es fruto del esfuerzo de toda una comarca, la de Los Alcores, y de muchos vecinos y vecinas que durante todos estos años hemos contribuido entre todos a parar un proyecto irracional, con evidentes consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente. Estamos ante un nuevo paso adelante. Un punto y aparte. No es el final del camino. La meta es la aprobación de un plan integral de gestión de residuos para Andalucía que destierre la incineración como solución. Existen alternativas cuidadosas con nuestro entorno y nuestra salud, al tiempo que altamente rentables, social, medioambiental y económicamente que no hipotecan nuestro presente y nuestro futuro.




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