Varapalo del Defensor del Pueblo Andaluz a la Consejería de Medio Ambiente. El Defensor del Pueblo Andaluz recrimina a la Junta de Andalucía, el abandono y el incumplimiento del Plan de Recuperación de las vías pecuarias.

Respondiendo a una queja de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y Ecologistas en Acción de Andalucía, ha emitido una resolución en la que critica varios aspectos de la política de la Junta de Andalucía con las vías pecuarias.

En primer lugar, critica la supresión de los deslindes, y por ende, del Plan de Recuperación de Vías Pecuarias, desde 2014. Critica también que los fondos existentes actualmente se dediquen fundamentalmente a puertas verdes y a infraestructuras para vehículos agrícolas, dejando al margen lo que debería ser la política fundamental de la Junta: la recuperación de las vías pecuarias al patrimonio público.

El Defensor del Pueblo le recuerda a la Junta que es la garante de las vías pecuarias, y cuando un ciudadano se encuentra privado de su derecho de paso debe conocer cuáles son las medidas que debe tomar para que se restituya ese derecho, y la Junta de Andalucía darle un plazo razonable en que tomará medidas para conseguirlo. Cosa que ahora mismo no ocurre, ya que de hecho la Junta de Andalucía deja en la indefensión a los ciudadanos.

También pide que se reconsidere la modificación de trazado de la Vereda del Salto de la Trocha (sobre la que tiene un recurso judicial Ecologistas en Acción) y que se elimine la normativa que restringe el tránsito por las vías pecuarias del Parque Natural Sierra de Andújar.

Tal y como indica el Defensor del Pueblo Andaluz:

«De acuerdo con todo ello y al amparo del art. 29, aptdo. 1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos la siguiente
RESOLUCIÓN,

RECORDATORIO del deber legal de realizar cuantas actuaciones sean necesarias a fin de proceder al deslinde y recuperación de las vías pecuarias sobre las que, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.22º de la Constitución, esta Comunidad Autónoma posee, conforme al art. 57 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, competencia exclusiva, siendo conforme al art. 2 de la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (en adelante LVP), <>.

La actuación de esa Consejería, en cuanto que tiene asignadas las competencias sobre estos bienes, se debe encaminar a perseguir los siguientes fines de acuerdo con el art. 3.1. LVP;

a) Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal.

b) Ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias.

c) Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios.

d) Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias>>.

Estas obligaciones vienen siendo incumplidas ostensiblemente por esa Consejería, especialmente desde el año 2014. Esto, pese a haber aprobado, de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma (Decreto 155/1998, de 21 de julio, BOJA núm. 87, de 4 de Agosto de 1998), por Acuerdo de 27 de Marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

RECOMENDACIONES para que:

1. A la mayor brevedad posible, se realice una evaluación del cumplimiento del Plan a la fecha actual.

2. De acuerdo con esa evaluación y diagnóstico de la situación, cuyo resultado se debe publicar en la web de la Consejería, para que pueda ser consultado por cualquier persona interesada, se deben establecer los objetivos a afrontar, al menos hasta el año 2020. Una vez realizada esa evaluación se debería aprobar el plan de actuación, previa consulta pública y participación de las personas interesadas.

3. Se informe en la web del <> de la Consejería ante las denuncias que se realicen por la ciudadanía sobre la usurpación de vías pecuarias y, singularmente, sobre el cierre ilegal de estas por personas propietarias de fincas por las que discurren estas vías. Conductas estas que continúan manteniéndose sin consecuencia alguna, en la inmensa mayoría de los casos, para los infractores.

4. Se establezcan unas prioridades claras ante la gran tarea de desarrollar en aras a la recuperación de nuestras vías pecuarias.

5. Dado que, según nos informan los servicios jurídicos están desbordados para atender las denuncias que se presentan y, por tanto, no pueden actuar a demanda, que se establezcan los criterios y prioridades de intervención dándoles la máxima publicidad para que puedan ser conocidas por la ciudadanía y, de esta manera, se generen las adecuadas condiciones de transparencia y seguridad jurídica para las iniciativas y denuncias que decida poner en marcha la ciudadanía.

6. Que en los procedimientos que impliquen cambios de entidad de los trazados de las vías pecuarias y, en cualquier decisión de importancia sobre éstas, se tenga en cuenta el movimiento asociativo interesado en la defensa y recuperación de estos bienes de dominio público.

7. Que se estudie la posibilidad de iniciar los trámites legales para modificar el trazado de la vía pecuaria del Salto de la Trocha a fin de dar respuesta, en la medida de lo posible, a las asociaciones que se han opuesto a un cambio de trazado mencionadas en este escrito. Esto teniendo en cuenta todas las vías pecuarias deben tener un uso público y la lógica es que su trazado responsa a las demandas de las personas interesadas en su utilización.

8. Que se impulse el que lleve a cabo, a la mayor urgencia, la modificación de la Orden que restringe el uso de determinadas vías pecuarias a su paso por el Parque Natural Sierra de Andújar.

9. Que se informe a esta Institución sobre las cuestiones planteadas en los puntos 4 y 5 de nuestro escrito de 17 de Octubre de 2016, que, casi un año después, no han sido contestadas. Tales cuestiones eran las siguientes:

«4. Que nos informe sobre la causa de que permanezcan cerradas, en la provincia de Sevilla, otras vías pecuarias como «el Cordel de las Cañas, en Salteras, El Cordel de la Segarra, entre Santiponce y Salteras, la Vereda de la Boyera, en La Puebla de Cazalla, Vereda de La Puebla de los Infantes en Las Navas de la Concepción, Vereda de Cazalla de Guadalcanal, y muchísimas más.» 5. Que nos confirme si es cierto que permanecen cerradas, pese a haber sido deslindadas, las vías pecuarias, en Córdoba capital, de <>».

En espera de su respuesta, que le agradecemos por anticipado y que conforme a nuestra ley reguladora debe producirse en el plazo de un mes, le saluda atentamente, Jesús Maeztu Gregorio de la Tejada. Defensor del Pueblo Andaluz.»

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y Ecologistas en Acción, exigen que la Junta de Andalucía tenga en cuenta estas recomendaciones, y que deje de tener olvidadas las vías pecuarias. En los últimos meses el Consejero ha realizado algunas declaraciones en ese sentido, pero queremos que esas declaraciones se traduzcan en medidas concretas sobre las decenas de vías pecuarias cuya usurpación tienen denunciadas las asociaciones defensoras de los caminos y vecinos particulares. Ello no es un problema de coste, ya que muchas de ellas tienen realizado el trabajo de deslinde. Más bien es una consigna política de abandono de las vías pecuarias, incumpliendo el deber de proteger el patrimonio público, para tácitamente proteger los intereses de los usurpadores.

De todas formas entendemos que en los presupuestos de 2018, se dedica una cantidad irrisoria para el deslinde, amojonamiento, conservación y recuperación de las vías pecuarias.