Nueva petición de un Plan de calidad del aire

Con los datos del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, Ecologistas en Acción ha podido comprobar que durante el año 2017 en la aglomeración de Valladolid se ha vuelto a superar un año más el objetivo establecido para el ozono por la legislación española y europea para proteger la salud humana, afectando a los 370.000 habitantes del área metropolitana de Valladolid.

La estación de control de la contaminación atmosférica donde en el trienio 2015-2017 se ha superado el valor objetivo legal para la protección de la salud, ha sido la denominada «Renault 1», titularidad de esta empresa y situada entre los municipios de Valladolid y Laguna de Duero. En esta estación se ha superado durante 30 días el objetivo legal, establecido en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, cuando la normativa permite un máximo de 25 días de superación al año.

En consecuencia, Ecologistas en Acción ha vuelto a pedir formalmente hoy al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha del preceptivo Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la ciudad y su entorno, para reducir la contaminación atmosférica y evitar que esta lamentable situación se repita en años próximos. Plan que deben pasar por la reducción estructural del intenso tráfico urbano e interurbano que soporta la capital regional, promoviendo el uso del transporte público, la bicicleta y el tránsito peatonal, todos los días del año.

Los ecologistas proponen que dicho plan de calidad del aire contenga asimismo las medidas del plan de acción contra el ruido y del plan integral de movilidad urbana sostenible y segura (PIMUSSVA) en elaboración, procurando un cambio radical de la movilidad urbana de Valladolid que mejore la calidad de vida de toda la población, reduciendo la contaminación, el ruido y los accidentes de tráfico, que están alcanzando cotas alarmantes en los últimos meses.

Según una reciente investigación de la Universidad de Valladolid, la contaminación atmosférica causó en la ciudad durante la década de la burbuja inmobiliaria, entre 1999 y 2008, una media de 326 fallecimientos prematuros cada año, entre ellos 186 por enfermedades cardiopulmonares y 51 por cáncer de pulmón. Respecto a los accidentes de tráfico, el número de fallecimientos y de heridos graves ha repuntado en los dos últimos años en Valladolid, siendo la mayoría de la docena de víctimas mortales peatones atropellados.

Por eso, Ecologistas en Acción considera un despropósito la moción que presenta mañana el Partido Popular en el Pleno Municipal, condicionando la aplicación de las medidas de restricción sobre el tráfico en situaciones de alerta al interés económico de los comerciantes y hosteleros del centro de la ciudad. Resulta surrealista que se pretenda dejar en manos de estos colectivos las decisiones de salud pública, obviando la opinión de las asociaciones médicas, de enfermos cardiorrespiratorios o de cáncer, de víctimas de accidentes de tráfico, de discapacitados, vecinales o medioambientales.

De forma demagógica, el Partido Popular intenta además trasladar la idea de que la protección de la salud y el medio ambiente y la actividad económica en el centro de la ciudad son incompatibles. La experiencia de numerosas ciudades europeas y también de ciudades españolas como Pontevedra o Vitoria pone de manifiesto que la limitación permanente del automóvil en los centros urbanos, lejos de deprimir la actividad de los mismos, ha supuesto un incremento del comercio y la hostelería por la mejora de las condiciones de calidad ambiental, salubridad y accesibilidad de toda la población.

Hay que recordar que la principal actuación de los Gobiernos municipales populares respecto a la contaminación atmosférica en Valladolid fue el cambio de ubicación de las estaciones de medición, desde vías con gran tráfico a emplazamientos apartados de la circulación de los automóviles. Al tiempo que se llenaba el centro urbano de aparcamientos subterráneos rotatorios y se promovía un modelo de ciudad dispersa con grandes urbanizaciones alejadas de la ciudad, mediante las famosas áreas homogéneas, afortunadamente abortadas por los tribunales y el fin de la burbuja inmobiliaria.

Los ediles del Partido Popular son por ello corresponsables de las miles de víctimas que su irresponsable política urbanística y de movilidad ha ocasionado en la ciudad, durante su Gobierno, incluidos lógicamente muchos de sus electores, que también han sufrido y sufren la contaminación. No se les debería por ello permitir que obstruyan la aplicación del plan de alerta por calidad del aire, dirigido a proteger la salud pública y a mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de toda la ciudadanía, y a la postre la mejora de la habitabilidad y la actividad económica de la ciudad.

En opinión de Ecologistas en Acción, la protección de la salud y la seguridad en la ciudad, también en su centro histórico, debe prevalecer sobre cualquier interés económico o corporativo, y desde luego sobre el oportunismo de un Partido Popular que ha agravado el problema que precisamente se quiere paliar con medidas como el plan de alerta cuya derogación práctica se pretende.

La OMS estima en hasta 30.000 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica, por enfermedades respiratorias y cardiovasculares y por tumores, siendo la principal causa ambiental de muerte en nuestro país.




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