Suspendido el juicio por la construcción de un hotel de lujo en Cercedilla

Después de diez años de espera, hoy 7 de noviembre y el próximo día 14 estaba previsto la celebración del juicio oral, en los Juzgados de lo Penal de Madrid por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística por las obras realizadas para convertir el antiguo albergue de montaña, conocido como Chalet Peñalara, en el Valle de la Fuenfría (Cercedilla), en un hotel de lujo. Las personas acusadas son la representante de la empresa promotora, Chalet Peñalara de Fuenfría S.L, el arquitecto redactor del proyecto y el exarquitecto municipal de Cercedilla. Sin embargo, el exarquitecto municipal de Cercedilla se ha personado en el juzgado sin abogado defensor, lo que ha provocado la suspensión y aplazamiento del juicio hasta marzo de 2018. Ecologistas en Acción lamenta la precaria situación de la Justicia madrileña que propicia situaciones como la sucedida.

Habrá que esperar cuatro meses más para resolver la denuncia presentada, en 2007 por Ecologistas en Acción por las obras de construcción de un hotel de lujo en el pinar de la Fuenfría, en Cercedilla. El exarquitecto municipal de Cercedilla ha acudido a la cita pero sin abogado defensor. La incomparecencia del letrado ha obligado a acordar la suspensión del juicio. Igualmente se ha requirido al acusado para que en cinco días nombre un abogado que le defienda en la causa y se ha señalado la fecha del juicio nuevamente para el mes de marzo de 2018.

Tampoco han asistido a la cita algunos testigos como Pablo Sanjuanbenito García, actual codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que era el responsable de la gestión forestal de la Comunidad de Madrid en el momento de los hechos; y el diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis del Olmo Florez, que ejercía como director general de Promoción y Disciplina Ambiental.

Ecologistas en Acción lamenta que situaciones como estas puedan darse en la Justicia madrileña. Un ejemplo que denota los escasos medios y la situación de precariedad en la que se desarrolla la actividad del tercer poder del Estado en la Comunidad de Madrid. De contar con más medios económicos y humanos se podría comprobar, antes de las fechas señaladas, la correcta citación de personas acusadas, letrados y testigos.




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