Organizaciones se reúnen con el Relator de Naciones Unidas

El Relator de las Naciones Unidas, Michel Forst, realiza una visita académica a España entre el 8 y 10 de noviembre, invitado por CEAR-Euskadi. Participa en Bilbao en un seminario sobre personas defensoras de los derechos humanos. Previamente, en Madrid, se reunirá con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Esta tarde, Michel Forst se reunirá con representantes de colectivos que trabajan sobre las libertades de reunión y manifestación, la libertad de prensa, el derecho a la vivienda, los derechos de las personas migrantes, la solidaridad internacional con Palestina, el movimiento ecologista y animalista, el movimiento feminista y LGBTI, centros sociales, y los movimientos contra la represión en territorios como Cataluña y Euskal Herria.

El objetivo de la reunión es poder compartir con el Relator las preocupaciones de las personas defensoras de derechos humanos y los procesos de criminalización a los que se enfrentan por realizar esta labor. Asimismo, es una oportunidad para conocer el funcionamiento de la Relatoría y otros mecanismos internacionales de protección a defensores y defensoras.

En esta reunión, Ecologistas en Acción intervendrá para exponer los mecanismos de represión a activistas ecologistas y animalistas. En el Estado español la conflictividad socioambiental es un hecho. El extractivismo, plasmado en el fracking y la minería, las centrales nucleares y sus residuos, los vertidos ilegales, el deterioro de los suelos y de terrenos protegidos, los incendios forestales, la urbanización acelerada de espacios naturales y protegidos, la invasión de caminos públicos, o la vulneración de derechos de animales no humanos son solo algunos de los problemas a los que la sociedad se enfrenta.

Del seguimiento realizado se ha identificado la existencia de mecanismos de criminalización y represión con patrones generalizados como: hostigamiento, amenazas, intimidaciones, calumnias, violencia policial, procesos de judicialización, sanciones administrativas y la aplicación de la Ley Mordaza. Estos mecanismos pretenden servir como elemento aleccionador y desmovilizador con el objetivo de debilitar los procesos de denuncia y resistencia de los movimientos sociales, colectivos y/o grupos ecologistas.

La vulneración de derechos a las activistas ecologistas y animalistas proviene tanto de las administraciones, cargos políticos y Cuerpos de Seguridad del Estado, como de medios de comunicación y población local. Estos agentes intervienen, unas veces por acción directa y otras por inacción, permitiendo graves situaciones de acoso. Esta problemática se agrava en municipio rurales y cuando las personas activistas son mujeres que viven solas.

Se aprovechará el encuentro para mencionar casos concretos sucedidos durante 2017:

- Sanciones administrativas y represión legal mediante la aplicación de la Ley Orgánica de seguridad ciudadana, más conocida como ley Mordaza (sanciones contra activistas de Greenpeace por protestar frente a la sede de Endesa en Madrid, sanción contra activista de Ecologistas en Acción por protestar contra los vertidos en un espacio protegido en Madrid).

- Difamación, calumnias y agresiones (apelativos difamatorios como “terrorismo antitaurino”, agresiones en la vivienda a un activista de Ecologistas en Acción de Cuenca y de la Plataforma contra el cementerio nuclear de la localidad de Villar de Cañas).

- Montaje contra activistas, como el sucedido en Cádiz contra un miembro de Ecologistas en Acción al que se le colocó cocaína en el coche y se le denunció por tráfico de drogas.

- Procesos de hostigamiento y acoso continuado en el tiempo, como el sufrido por una activista de Ecologistas en Acción que tuvo que abandonar su vivienda en la provincia de Cáceres por oponerse a un complejo residencial turístico.




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