Estudian tramitar una ley de defensa de los caminos públicos

Ecologistas en Acción y Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, reclaman en el Parlamento tramitar una Ley de Defensa de los Caminos Públicos.

Ambas asociaciones ecologistas instan a Podemos y a la Junta de Andalucía a tramitar un texto de Ley en la presente legislatura, ante el anuncio coincidente de la formación morada y del gobierno andaluz de disponer ya de un borrador.

Representantes de Ecologistas en Acción y la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, respectivamente, se reunían en el Parlamento con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y el Coordinador del Grupo Parlamentario Podemos, David Moscoso, con el objeto de solicitar la tramitación de un texto legislativo destinado a la defensa de los caminos de naturaleza pública.

Ambos colectivos sociales, que han seguido de cerca en los días precedentes las noticias de Podemos Andalucía y de la Junta de Andalucía, relativas a la próxima presentación de un texto de ley con el que pretenden mantener, proteger e inventariar los caminos públicos de nuestra Comunidad Autónoma, y a fin de evitar su usurpación, su alteración y su obstrucción, reclaman al ejecutivo andaluz y al grupo parlamentario que se pongan de acuerdo para tramitar un texto consensuado, de tal forma que pueda aprobarse antes de que finalice la actual legislatura, buscando para ello la fórmula política más apropiada.

Por parte de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, ha puesto de manifiesto que “es el momento de poner solución de una vez al grave problema de usurpación en manos privadas de caminos públicos en Andalucía, del que en las últimas semanas se están haciendo eco incluso medios internacionales como Le Monde, que no dan crédito a que en Europa existan aún regiones como Andalucía en las que particulares se apropian de caminos que son patrimonio de todos”. Asimismo, ha instado a que “el partido del Gobierno y Podemos aprovechen este momento para que, una vez que tienen sobre la mesa un texto que coincide en buena parte de su articulado, traten de consensuarlo y registrarlo cuanto antes, con el fin de que pudiera tramitarse y aprobarse antes de que finalice esta legislatura”. Un mensaje que también han trasladado de manera informal al Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Jiménez Barrios, aprovechando la reunión mantenida en el Parlamento.

Por su parte, Manuel Trujillo, como representante de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, ha resaltado la buena disposición que han encontrado tanto por parte del representante de la Junta de Andalucía, como por parte del representante del grupo parlamentario de Podemos, para ponerse de acuerdo en la formulación de un texto consensuado, a la vez que ha querido destacar que los textos de los que ya disponen gobierno y formación ofrecen elementos de interés legislativo para la defensa de los caminos públicos. Al igual que Clavero, el representante de la Plataforma ha insistido en que es el momento de actuar con toda la responsabilidad para resolver una situación inaceptable en una región europea del siglo XXI.

Por parte de Podemos, David Moscoso ha llamado la atención sobre el hecho de que sus homólogos en el Cabildo Insular de Mallorca, y gracias a un acuerdo entre PSOE y Podemos Baleares, que forman cogobierno en Mallorca, acaban de aprobar en las pasadas semanas la Ley de Caminos Públicos más actual de nuestro país, lo que muestra la capacidad de su formación para llegar a acuerdos sobre esta materia en Baleares o en Andalucía.

Por último, desde el Gobierno Andaluz, José Fiscal (en el centro de la foto) ha reconocido el problema que existe en Andalucía por la usurpación de caminos públicos, razón por la que ya se encontraban con un borrador en lo alto de la mesa, y la importante reivindicación social que en este momento existe en Andalucía para darle una solución a este problema. Razón por la que, desde el Gobierno Andaluz, tienen todo el interés y la disposición para disponer de un instrumento de Ley con el que poder resolverlo.

Todos han coincidido en la importancia de que la nueva ley cuente con el máximo consenso político y social, para lo que han mostrado la mejor de las disposiciones.




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