La macrogranja de Cañete se judicializa

Crece la indignación de los vecinos de Cañete, que sienten que su ayuntamiento ha tomado una decisión a espaldas suyas. Ahora, organizados y con el apoyo de Stop Macrogranjas Pueblos Vivos, en la que participa Ecologistas en Acción, no se resignan y pretenden llegar a donde sea necesario para defender sus intereses y su futuro.

Sin someterlo a información pública y sin contestar las alegaciones

La Plataforma y los vecinos no acaban de comprender el modo de proceder del los ediles de Cañete y las prisas de última hora, pues el procedimiento lleva en tramitación 10 meses, desde que el 8 de febrero, el promotor presentó la solicitud de licencia de obra para una macrogranja de 2.400 plazas de cerdos de cebo.

Los vecinos solo han podido conocer, una pequeña parte del proyecto, a través de Stop Macrogranjas Pueblos Vivos, puesto que el ayuntamiento de Cañete, en estos 10 meses no solo no ha realizado ningún acto informativo al respecto, sino que las trabas para acceder a la documentación han sido continuas.

La opacidad del consistorio ha hecho que aumentara la preocupación entre los vecinos, por lo que el pasado 3 de noviembre la Plataforma realizó un acto público [1], en el que se explicó (ante más de 70 asistentes muy preocupados) en qué consisten estas macrogranjas y su problemática, para finalizar aportando datos sobre la exportación porcina proyectada en Cañete.

Cúmulo de despropósitos

Ya en agosto de 2016, Ecologistas en Acción de Cuenca, solicitó información sobre el proyecto ante el ayuntamiento cañetero, pero nunca obtuvo respuesta.

Ante el inicio de las obras, en junio de este año, la Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos (recién constituida) presentó un recurso administrativo el 4 de agosto, solicitando la paralización de la obra, pero la respuesta fue que la macrogranja no tenía licencia de obra. Sorprendentemente, tras una denuncia ante el SEPRONA, el Ayuntamiento se desdijo de su escrito anterior y manifestó, que sí disponían de licencia de obras para el movimiento de tierras y el vallado.

Siguieron las trabas para acceder a la información, puesto que al Ayuntamiento, en primera instancia, solo permitió la consulta del expediente en trámite de audiencia, de lunes a viernes y de 12 a 14h en las dependencias municipales y durante 10 días. Tras las quejas de la Plataforma, se entregó parte de la documentación solicitada, pero con tres importantes omisiones: el proyecto técnico de la macrogranja, el estudio de impacto ambiental y la relación de parcelas para verter los purines. Finalmente, en trámite de audiencia, se presentaron alegaciones [2] el 30 de octubre, con el principal argumento de no haber podido consultar una parte fundamental de la documentación por lo que se pedía un nuevo plazo de audiencia.

Sin embargo, la alcaldía resuelve conceder la licencia de obras el mismo 30 de octubre de una macrogranja (sin esperar a que terminase el plazo del trámite de audiencia) sin concesión de aguas ni un plan de gestión de purines, es decir, incumpliendo la declaración de impacto ambiental y sin someter el expediente a información pública.

Reacción

Para Carlos Gómez, portavoz de la plataforma y vecino afectado de Priego:
“La reacción de la alcaldesa y del resto de la corporación de Cañete es muy poco democrática: a la vista de la preocupación de los vecinos por la macrogranja, en vez de informar, convocan un pleno extraordinario y urgente con unas pocas horas de antelación el 8 de noviembre, para ratificar la concesión de la licencia, que aprobó la alcaldía, a pesar de nuestras alegaciones fueron entregadas en tiempo y forma. Como única respuesta, el consistorio nos envía copia de dos escritos: el primero emitido el 23 de noviembre [3], en el que solicita autorización a la autora del proyecto de ejecución para entregarnos una copia;. En el segundo la alcaldesa nos comunica que nos dará el proyecto en cuanto tenga dicha autorización.

Ahora no nos queda otro remedio que acudir a los tribunales para parar este despropósito, puesto que nuestra Plataforma y numerosos vecinos podrían ver vulnerados sus intereses legítimos si se llega a construir esta macrogranja sin haber podido poner de manifiesto su punto de vista.




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