La ineptitud de la Consejería de Medioambiente lleva a la ilegalidad de la caza en Castilla y León

El Tribunal Supremo ha hecho oficial el rechazo del Recurso de Casación que la Junta de CyL presentó contra la Sentencia 604/2017 del Tribunal Superior de Justicia de CyL. Esta sentencia de fecha 17/05/2017 anulaba varios artículos del Decreto 32/2015 que regulaba la conservación de la especies cinegéticas y aprovechamiento de la fauna silvestre.

Dos de los artículos (13 y 14) hacían referencia a la calificación de las especies cinegéticas y cazables. Su anulación supone que la caza de todas las especies se queda sin soporte jurídico; es decir fuera de la Ley a fecha de hoy en tanto no se apruebe una nueva normativa dentro de unas semanas.

Uno de los argumentos de la Sentencia era la falta de estudios científicos para ajustar la caza a los periodos reproductivos y el estado de conservación de las especies migratorias tórtola europea (Streptopelia turtur) y codoniz (Coturnix coturnix). Así ha quedado acreditado con la caza de la codorniz, que se ha iniciado otra vez el 15 de agosto con el mismo cupo de todos los años sin considerar la sequía extrema y la ya previsible falta de nidificación que auguraban incluso los cazadores. Lo mismo podemos decir del lamentable estado de las poblaciones de perdiz en este año de sequía.

Esta situación jurídica, pero con menos efectos, ya se ha repetido en más ocasiones y por lo tanto era predecible desde hace años, hay que recordar que esta normativa ha estado recibiendo varapalos judiciales desde el año 2003.

Para Ecologistas en Acción estos defectos normativos son reincidentes, y obedecen al empecinamiento de ciertas personas que están y han estado al mando de la Consejería de Medioambiente. Es decir, cargos políticos de libre designación o en comisión de servicio que no han querido reconocer sus errores y prepotencia, ni poner en evidencia su ineptitud ante los cazadores.

Ofuscación política que vuelven a mostrar con otro Decreto, en la actualidad en fase de información pública, en el que nuevamente no reconocen la realidad de los periodos reproductivos y de los estados de conservación de la tórtola europea y codorniz.

Además se da el agravante de que al frente de la Consejería hay un exjuez cuya autoridad moral deja mucho que desear. Suárez-Quiñones es plenamente consciente del valor de las Leyes y de las Sentencias; pero está evadiendo su obligación de cumplirlas, hacerlas cumplir y publicitarlas. Con esta voluntaria inactividad el Consejero está poniendo en riesgo a los cazadores que están cazando hoy fuera de la Ley, y también a los Agentes de la Autoridad que lo están permitiendo.

Por otro lado, los directivos cinegéticos en vez de pedir responsabilidades a los políticos, dirigen sus críticas a los ecologistas que al fin y al cabo simplemente han demostrado unas ilegalidades que perjudican al Estado de Derecho, y por lo tanto a todos.

Esta actitud de políticos y de directivos de la caza se explica porque priorizan los intereses políticos, empresariales y económicos frente a la defensa de los cazadores y de la caza, en especial de la caza menor cuyas poblaciones y hábitats están empeorando cada año sin que se adopten medidas.




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