Junto a propuestas ante problemas urbanísticos, de vivienda, necesidades ferroviarias, de movilidad y de salud, piden que se corrija la confusión que generan los documentos sobre el Plan Rogers y se someta la Revisión a un nuevo proceso de exposición pública en el que se puedan hacer propuestas alternativas con conocimiento de causa.

Asamblea Ciclista de Valladolid, Asociación Cultural Ciudad Sostenible, Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Castilla y León (FACUA), Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE), CGT Valladolid y Ecologistas en Acción de Valladolid son los seis colectivos que con una mirada plural han estudiado conjuntamente el documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid y han elaborado unas alegaciones que hoy han dado a conocer en una rueda de prensa también colectiva. Esa mirada plural ha aunado la preocupación por la movilidad ciclista, el urbanismo sostenible, el consumo responsable, los riesgos del espacio radioeléctrico para la salud, la perspectiva sindical y los aspectos ecológicos.

Inconcreción de lo asumido del Plan Rogers

Los seis colectivos coinciden en destacar, en primer lugar, que no queda suficientemente clara la opción que el Ayuntamiento toma en la Revisión sobre el Plan Rogers. “La situación de confusión presenta inconvenientes de gran importancia urbanística, por ejemplo el alcance de la suspensión de licencias en el ámbito de la modificación, y, sobre todo, impide participar activa y conscientemente en el proceso de exposición pública ya que sin un conocimiento preciso de las alternativas propuestas no es posible realizar aportaciones. Además, la propia legislación urbanística exige una descripción detallada de las partes asumidas y reformadas del planeamiento vigente cuando este se altera”, afirman. Por ello, los seis colectivos piden que se corrijan esas deficiencias y se someta la Revisión a un nuevo proceso de Exposición Pública en el que se puedan proponer alternativas con conocimiento de causa.

Deben incluirse nuevos criterios para la modificación del Plan Rogers

En cualquier caso, y dado que entre “los criterios aprobados por el Pleno Municipal” para la presente Revisión figuraba la modificación de las determinaciones del Plan Rogers -que ha sido objeto de crítica acertada en diversos documentos municipales presentados a los debates públicos previos al proceso de Revisión del PGOU-, las seis organizaciones proponen una serie de criterios para ser incorporados a la precisas determinaciones que deben acompañar al nuevo documento que se presente para una nueva aprobación inicial. Esos criterios propuestos por los seis colectivos son la eliminación de cualquier referencia al soterramiento del ferrocarril; una reducción significativa de la edificabilidad asignada al conjunto de las actuaciones del Plan Rogers y la reducción de las alturas máximas ya que “la ordenación propuesta no contribuye a paliar los problemas urbanos de su entorno” que se encuentra ya muy densificado; una atención especial al patrimonio industrial de la zona ya que la ordenación propuesta supone una escasa consideración de un patrimonio industrial y ferroviario de alto valor; una atención especial al desarrollo temporal de los procesos urbanísticos dado que la ordenación propuesta no considera los problemas urbanísticos asociados al tiempo necesario para su desarrollo; y la mejora de los aspectos de movilidad ya que la ordenación propuesta lleva a un agravamiento de los problemas de movilidad urbana.

Mejoras en la integración ferroviaria

En relación con las soluciones presentadas para la “integración ferroviaria y las nuevas propuestas de movilidad”, las seis organizaciones consideran positiva la cantidad de nuevos pasos que se contemplan en el Convenio y en los planos de la Revisión. También consideran razonable la opción tomada que garantiza al menos tres vías durante todo el tramo urbano para que puedan cumplirse todos los recorridos ferroviarios.

Sin embargo, en opinión de estas organizaciones, existen aspectos relacionados con el proyecto de integración y con las nuevas permeabilidades diseñadas que deben mejorarse. Como criterio general indican que todos los nuevos pasos deberían tener rampas de acceso amplias y abiertas. “La referencia o modelo a seguir -siempre que las posibilidades lo permitan-, para los pasos peatonales, de bicicletas y para los pasos rodados, debe ser el proyecto de la Plaza de Rafael Cano y tender a un diseño de plaza bajo las vías integrada en el entorno con rampas abiertas con el objetivo de evitar la sensación de túnel. Respecto a las pasarelas elevadas, deben estar todas equipadas con mecanismo de elevación como escaleras eléctricas y ascensores”, señalan. En relación con el paso peatonal de San Isidro, “parece inaceptable que la mejora sea sólo de “Ampliación de los accesos, con nuevas rampas y mejora del entorno del paso inferior existente”. Se trata de uno de los pasos con mayor carga peatonal de la ciudad y su actual construcción en forma de “U” le hace ser uno de los menos seguros”, denuncian.

Excesivo suelo y número de viviendas

Las seis organizaciones consideran que la cantidad de suelo potencialmente edificable que se pone en juego para el periodo de vigencia del Plan tiene gran incidencia en la conformación del modelo de ciudad que se pretende. “El gran objetivo en este sentido debería ser minimizar el uso de suelo, energía y materiales”, señalan. Por esta razón, les parece muy desmesurada la previsión de suelo para la construcción de más de 49.500 viviendas durante el periodo de doce años, aunque se considere un pequeño colchón por si se incrementa la vida útil del Plan. “Nuestra alternativa es que se acote esa cifra a 30.000 viviendas que será posible construir principalmente con las posibilidades recogidas en el planeamiento anterior a la Revisión”, indican en sus alegaciones.

Falta de medidas sobre viviendas vacías

Estos seis colectivos inciden en que para lograr los objetivos de sostenibilidad anteriormente citados es necesario poner el énfasis en la utilización de todo el patrimonio ya edificado existente en la ciudad. En este sentido, consideran que la atención prestada en la revisión a las “viviendas vacías” es escasa y manifiestamente mejorable. “Debe asumirse como objetivo prioritario la utilización plena de las viviendas existentes”, añaden.

Más medidas en política de movilidad

En relación con las políticas de movilidad, los colectivos han encontrado varios problemas en los documentos de la Revisión. “Debe haber un instrumento que desde el punto de vista jerárquico esté por encima del resto y este debe ser el nuevo PGOU. El reto más importante que debe cumplir el nuevo diseño de las pautas de movilidad es acotar las posibilidades de desplazamiento del vehículo privado a motor”, aseguran. Para ello proponen cambios sustanciales en los aparcamientos rotatorios en el centro de la ciudad de forma que no se construya ninguno nuevo en el casco histórico o en sus bordes y que se cambie la tipología del aparcamiento mixto de la Plaza de Portugalete a aparcamiento de residentes, y aprovechar la finalización de la concesión de las plantas del aparcamiento de la Plaza Mayor para caminar hacia su definitiva eliminación.

Aparcamientos y velocidad máxima

Para el resto de las propuestas de movilidad sugieren, entre otras medidas, suprimir del listado de aparcamientos propuestos aquellos que estén situados en centros educativos, plazas o zonas con arbolado; evitar los resaltes en los recorridos de peatones y ciclistas; incorporar a la tabla de características del viario según su jerarquía “la velocidad máxima para las arterias colectoras existentes de 1 carril por sentido será de 30Km/h”; y conseguir que la velocidad máxima de las arterias colectoras sea de 30 km/h, ya sean nuevas o preexistentes, o de 1 o 2 carriles por sentido.

Mejora del reparto modal del a movilidad

Las seis organizaciones señalan asimismo que las encuestas sobre la evolución de los porcentajes de utilización en nuestra ciudad de los diversos modos de movilidad muestran dos persistencias fuertes: la utilización del vehículo privado a motor -que tras la crisis ha aumentado- y la incapacidad del transporte público para lograr mayores porcentajes de utilización a pesar de los últimos cambios tarifarios. Consideran que esta realidad tiene que ver con aspectos urbanísticos y del recorrido de las líneas de autobús. Entre los aspectos urbanísticos les parece importante la protección de las paradas para facilitar las entradas y salidas de viajeros junto al adecuado diseño de carriles privativos para el autobús.

Petición de austeridad en nuevas inversiones

En relación con las infografías incorporadas a la documentación de la Revisión del PGOU durante la exposición pública, las organizaciones manifiestan su preocupación ante la relativa a la Feria de Muestras “que pierde su carácter de sistema general y pasa a ser un equipamiento sobre el que se pretende actuar con carácter inmediato para transformar uno de los pabellones existentes en un “pabellón multiusos” destinado a albergar un palacio de congresos que se anuncia para el 2018”, señalan en sus alegaciones. “La austeridad en las nuevas inversiones debe ser una nota característica de las ciudades auténticamente sostenibles”, señalan.

Contaminación electromagnética

En relación con el espacio radioeléctrico, “nos parece razonable que un instrumento urbanístico como la Revisión del PGOU tenga en cuenta los problemas de salud asociados a las emisiones electromagnéticas y por ello solicitamos que, conforme a lo señalado en la Ley General de Salud Pública, se someta a Evaluación de Impacto en la Salud”, concluyen los seis colectivos.

- Asamblea Ciclista de Valladolid
- Asociación Cultural Ciudad Sostenible
- Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Castilla y León (FACUA)
- Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE)
- CGT Valladolid
- Ecologistas en Acción de Valladolid