El sector porcino, sin control en Castilla y León

  • La falta de control sobre el sector porcino por parte de la Junta de Castilla y León está provocando un grave deterioro del medio ambiente.
  • Las autorizaciones de las explotaciones porcinas, el manejo de los purines y las evaluaciones de impacto ambiental, entre los aspectos más cuestionables.

La apertura de una nueva explotación porcina o la ampliación de una ya existente requieren una licencia o una autorización ambiental. De acuerdo con la normativa, previamente a la decisión de otorgar la licencia o la autorización, se debe abrir un periodo de información pública, tiempo en el cual cualquier interesado puede informarse sobre el proyecto y presentar sus observaciones.

Sin embargo, para las explotaciones porcinas, en Castilla y León, estos periodos de información sólo duran 30 días en las autorizaciones y 10 días en las licencias, un plazo manifiestamente insuficiente para conocer y valorar un proyecto que puede tener una incidencia sustancial en la vida de un municipio. Además, habitualmente, la Administración notifica únicamente a los municipios en cuyo término se ubica la explotación, pero no a aquellos en cuyos campos se planea esparcir los purines producidos. Desde hace unos meses, Ecologistas en Acción de Segovia ha empezado a avisar a los municipios afectados en esa provincia para que, si lo desean, puedan plantear sus objeciones. De esta forma un grupo de voluntarios está realizando una tarea que, a todas luces, debería ser responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente.

Manejo de los purines: un control muy deficiente

Cuando un promotor desea ampliar el tamaño de su explotación o crear una nueva, en el proyecto debe indicar cuáles son las parcelas agrarias en las que realizarán los vertidos de los purines producidos. Sin embargo, la Administración no cuenta con un registro unificado para consultar qué parcelas están ya comprometidas por otras explotaciones. El resultado es que, cuando un nuevo proyecto es presentado a la Administración, ésta no cuenta con una base de datos para verificar si las parcelas agrarias que se señalan como receptoras de los purines están ya siendo utilizadas por otras granjas porcinas.

Recientemente el defensor del pueblo catalán ha confirmado que, en esa región, esta carencia da lugar a fraudes, utilizándose las mismas parcelas agrícolas en proyectos diferentes.

Evaluaciones de impacto ambiental que no cumplen su función

Los proyectos de explotaciones porcinas de mayor envergadura y potencial impacto deben someterse a una evaluación de impacto ambiental. En teoría se trata de un instrumento que sirve para analizar y valorar la posible incidencia sobre el medio ambiente de un proyecto antes de que éste sea autorizado. De esta forma, si se detecta que conllevaría un impacto inasumible, el proyecto puede descartarse de antemano.

La Ley que regula las evaluaciones de impacto ambiental indica que los proyectos no pueden ser analizados de forma aislada, sino que tienen que valorarse en su contexto. En Castilla y León, sin embargo, las evaluaciones de impacto ambiental están dando por buenos proyectos ubicados en zonas que ya se encuentran fuertemente contaminadas por el efecto de los purines. En muchos estudios de impacto ni siquiera se trata el efecto que provocarán los purines en las zonas en las que serán esparcidos, lo que resulta sorprendente.

Con estos mimbres no es de extrañar que un elevado conjunto de masas de agua subterránea de Castilla y León se encuentre gravemente contaminadas por nitratos.

El que contamina no paga

Los empresarios del sector porcino están produciendo, como resultado de su actividad, un deterioro del medio ambiente que tiene importantes costes sociales y económicos, además de ambientales. Pero este coste recae habitualmente en el conjunto de los vecinos y vecinas y no en los responsables. Un ejemplo: los habitantes de Valdevacas y El Guijar pagan un sobrecargo en el recibo del agua 40 €/año y los de Muñoveros 140 € (durante un plazo de 20 años), para financiar el nuevo sistema de abastecimiento. Estos pueblos se abastecían de aguas subterráneas que dejaron de ser potables al ser contaminadas por nitratos por efectos de las explotaciones porcinas. Hacer recaer en el conjunto de los vecinos un gasto provocado por una actividad económica de la que se benefician sólo unos pocos no es justo ni parece respetar el principio comunitario “el que contamina paga”.

Zonas vulnerables: la Junta pierde un tiempo precioso

La Junta de Castilla y León está obligada a revisar las zonas vulnerables cada cuatro años y publicó a finales de 2016 la documentación básica del nuevo Decreto de Zonas Vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario. Ante el agravamiento del problema, la propuesta incluía un incremento del número de municipios declarados como “zonas vulnerables”1, de los 67 designados en 2009 a 716, multiplicando por 10 la superficie declarada vulnerable, que pasaría de 2.341,57 km2, a 25.551,41 km2. Transcurrido ya un año, el decreto sigue sin ver la luz. En el tiempo transcurrido se han presentado decenas de nuevos proyectos de ampliación de explotaciones porcinas que, en su gran mayoría, están recibiendo la luz verde.

La necesidad de una moratoria

Las nuevas medidas en preparación por parte de la Junta de Castilla y León (ampliación de las zonas declaradas vulnerables, como medio para impulsar la generalización de las denominadas “buenas prácticas” en el uso de los purines) no tendrán efecto sobre el problema real que se pretende combatir si, al mismo tiempo, se siguen autorizando más cabezas de ganado (que conllevan nuevas presiones sobre los suelos y las aguas). Inevitablemente, las nuevas autorizaciones anularán (total o parcialmente) o incluso sobrepasarán, el posible efecto beneficioso de la hipotética extensión de las buenas prácticas.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, algunas provincias de Castilla y León, como Segovia, producen casi tres veces más purines de los que es capaz de asumir su agricultura de forma sostenible, lo que produce graves daños en el turismo rural, en el abastecimiento del agua y en los sistemas naturales. En otras provincias la situación es parecida.

Las evidentes carencias en el control de la actividad porcina por parte de la Junta de Castilla y León y la superación de la capacidad de las tierras agrarias para aprovechar los residuos producidos en muchas comarcas, nos reafirman en la posición de pedir una moratoria a la apertura o ampliación de explotaciones.

En 2016 Ecologistas en Acción inició en Segovia la campaña “No más cerdos”, que ahora se extiende a otras provincias de Castilla y León.




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