Exigen la paralización total del almacenamiento de gas natural en Doñana

  • Ecologistas en Acción considera que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre los documentos aportados por Gas Natural Almacenamiento Andalucía S.A. (GNAA) es concluyente y debe conllevar la paralización total e inmediata del proyecto Marismas Occidental del almacén de gas Marismas ubicado en Doñana.
  • Para Ecologistas en Acción hay un incumplimiento de los condicionantes exigidos en la resolución de 10 de marzo de 2016 que concedía autorización administrativa al proyecto Marismas Occidental del almacén de gas Marismas, pues según se extrae del citado informe la documentación aportada no responde adecuadamente a lo exigido para la puesta en marcha del almacén.

Ecologistas en Acción exige la paralización inmediata y total del almacenamiento de gas natural en el subsuelo de Doñana porque considera que el Gobierno central tiene suficiente y sobrada información para cancelar de inmediato la ejecución de Marismas Occidental, uno de los cuatro proyectos del almacén de gas Marismas. Los permisos administrativos para ejecutarlo, junto a la declaración de utilidad pública, fueron concedidos a Gas Natural Fenosa con determinadas condiciones, mediante resolución de 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A la ausencia de informes relativos a la actividad hidrogeológica, tectónica y sísmica en la comarca de Doñana como una unidad espacial y territorial indivisible, que Ecologistas en Acción viene denunciando desde el inicio de la tramitación del almacén subterráneo de gas Marismas, se suma ahora el reciente informe realizado por el IGME sobre los estudios aportados por la empresa GNAA entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, en respuesta al condicionado de la citada resolución de marzo de 2016 para la puesta en marcha de uno de los proyectos (Marismas Occidental) del almacén Marismas. En concreto, respondiendo a las condiciones particulares séptima (inundaciones), novena (sismicidad) y décima (subsidencia o deformación del terreno). Dicho informe sirve como argumento para afirmar que ese condicionado no ha sido cumplido por la empresa que ejecuta el proyecto.

El análisis del IGME revela como insuficientes las medidas adoptadas en relación a la subsidencia y califica como cuestionable la interpretación y valoración de los resultados finales de peligrosidad y riesgo de inundación, erosión y sedimentación, Finalmente, recomienda que la documentación sobre riesgo sísmico sea remitida para ser evaluada a la Red Sísmica Nacional del Instituto de Geografía Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, ya que considera que es ese organismo el realmente competente para informar sobre la documentación aportada.

Para Ecologistas en Acción es evidente que no existen estudios de los diferentes impactos acumulativos de los cuatro proyectos pertenecientes al almacén subterráneo de gas Marimas. Esto también se desprende del propio informe del Instituto Geológico y Minero, que advierte de que en los estudios sobre las deformaciones del terreno, aportados por Gas Natural Almacenamiento Andalucía S.A. en relación al proyecto Marismas Occidental, no se cubre adecuadamente la zona geotectónica de la comarca de Doñana que podría verse afectada por las cubetas de depresión del terreno que se pudieran producir, siendo insuficiente la información obtenida. Ello es debido con mucha probabilidad a que se restringe la toma de información a la superficie donde se ubican los almacenes del proyecto Marismas Occidental, en lugar de medirse la afección al territorio ocupado por el almacén Marismas, que es Doñana en su conjunto.

Respecto al marco legal vigente y los procedimientos abiertos, Ecologistas en Acción hace notar que el informe del IGME recoge la posible alegalidad del proyecto de almacén de GNAA en Doñana, según el Real Decreto 638 de 2016 de modificación del reglamento de Dominio Público Hidráulico. Esta organización, además, tiene interpuesto en plazo un recurso de alzada contra la resolución de 2016 que concedía los permisos administrativos y declaraba de utilidad pública del proyecto Marismas Occidental del almacén de gas Marismas en Doñana, que está pendiente de resolución en los tribunales. Ecologistas en Acción considera que no había una situación de necesidad ni urgencia para declarar de utilidad pública el proyecto de la empresa Gas Natural, dado que este almacén de Marismas no suponía potenciar el desarrollo industrial y renunciar a él no pone en peligro el suministro energético español, puesto que España posee ya, de facto, el triple de capacidad de almacenamiento respecto al consumo anual de gas.

Del mismo modo, Ecologistas en Acción ha presentado ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y ante su Delegación de Huelva un escrito solicitando la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Unificada que la Junta de Andalucía otorgó al proyecto Marisma Occidental del almacenamiento Marismas, por las causas de nulidad que el propio consejero está esgrimiendo públicamente ante el Gobierno de España. Esta solicitud, debidamente argumentada jurídicamente, debería haber sido remitido por la Consejería de Medio Ambiente al Consejo Consultivo de Andalucía cuyo dictamen es vinculante. De momento, ha cumplido el plazo administrativo para responder y la organización ecologista no ha tenido contestación a su solicitud.

Ecologistas en Acción espera que se produzca la cancelación del proyecto en cuestión y del almacén Marismas cuanto antes y sin posibilidad de tener que indemnizar a costa de los bolsillos de la ciudadanía a una empresa privada que sigue adelante, rentabilizando desde hace años este almacén, a pesar de que es muy previsible que el proyecto sea revocado.

Es evitable pagar con fondos públicos los errores empresariales y políticos. Ya existe la experiencia del almacén submarino de gas en Castor, que supuso una situación de riesgo para personas, bienes y medio ambiente originada por los movimientos sísmicos provocados por el funcionamiento de la instalación. Años después de su cancelación y clausura, el Tribunal Constitucional ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones de euros para las empresas promotoras del proyecto de Castor. En Marismas se está a tiempo de cancelar para siempre el almacén subterráneo de gas fósil y apostar por un plan de energías limpias renovables.




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