Preocupación ante la invasión porcina en Tierra de Tábara

Más de cien vecinos y vecinas de los pueblos zamoranos de Tierra de Tábara (Faramontanos, Santa Eulalia, Moreruela, Pozuelo y Tábara) se reunieron este sábado 13 de enero para analizar los pros y contras de los diferentes macroproyectos de concentración porcina que quieren instalarse en la zona. Conscientes de los impactos de estas instalaciones, organizaron una charla en la que participaron Ecologistas en Acción, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y una geóloga de la zona. Todas ellas coincidieron en resaltar los graves impactos que se derivarían de estas instalaciones frente a sus escasos beneficios para las poblaciones locales.

En la jornada coincidieron en señalar como especialmente preocupante el importante papel de estas macrogranjas en la desertización poblacional. En España, mientras que en 1900, el 70 % de la población activa trabajaba en el sector agrícola, en 2013lo hacía un escuálido 4,3 %. Entre 1999 y 2009 las explotaciones agrarias disminuyeron un 2,3 %, según el censo agrario del INE de 2011.

El despoblamiento rural tiene una de sus más importantes causas en el desempleo. Según datos del Eurostat, entre 2003 y 2010 se han cerrado tres millones de explotaciones; según datos del INE, entre 1999 y 2013 se perdieron en todo el Estado más de 88.000 explotaciones de vacuno, 128.000 de porcino, 161.000 de aves y 43.000 de ovino. Esto sucede, a su vez, en un medio rural cada vez más empobrecido: una tercera parte de las personas pobres en la unión Europea se concentran en el ámbito rural.

Sin embargo, mientras el medio rural pierde gente, estas macrogranjas aumentan el hacinamiento de animales. En lo que a industria porcina se refiere, la media de cerdos por explotación pasó de 122 en 1999 a 467 en 2013.

Esta situación se debe a que el Estado español está replicando un modelo de ganadería industrial originado en EE UU, donde existe un proceso de concentración basado en fusiones e integración vertical de la industria, sin control ni regulación; una normativa ambiental laxa y mal aplicada; y unas políticas públicas que han fomentado el incremento en la escala de las explotaciones para orientarlas a los mercados internacionales en el marco de políticas de liberalización del comercio.

Este modelo, que ha erosionado las economías rurales en EE UU y ha eliminado a las personas ganaderas independientes, tiene un impacto devastador similar en el Estado español con la desaparición continua de granjas y fincas.

Por supuesto, este modelo de ganadería intensiva porcina no podría desarrollarse si la industria se hiciese responsable de los costes ambientales y sociales de su producción. La cabaña porcina produce muchos más excrementos (purines) que la población de todo el Estado. Y al concentrarse en ciertas zonas, se produce un grave problema de gestión de estos purines. Esto provoca contaminación de aguas subterráneas y ríos, muerte de peces y malos olores y problemas de salud en las poblaciones vecinas. Cataluña y Aragón concentran la mitad de los cerdos del país.

En algunas comarcas de Cataluña, la contaminación por nitratos supera el límite legal en el 41 % de sus acuíferos y por este motivo 142 de los 947 municipios catalanes tienen problemas de acceso al agua potable. La Generalitat invierte más de 6 millones de euros cada año para abastecer de agua potable a la población afectada por la industria porcina. En Aragón, tan solo en 2015 se emitieron 61 incidencias oficiales relacionadas con la calidad del agua por contaminación por nitratos.

Castilla y León ya no es ajena a esta realidad. Sin ir más lejos, en la provincia de Segovia, los habitantes de Valdevacas y El Guijar pagan un sobrecargo en el recibo del agua 40 €/año y los de Muñoveros 140 € (durante un plazo de 20 años), para financiar el nuevo sistema de abastecimiento. Estos pueblos se abastecían de aguas subterráneas que dejaron de ser potables al ser contaminadas por nitratos por efectos de las explotaciones porcinas.

La Junta de Castilla y León está obligada a revisar las zonas vulnerables por contaminación por nitratos de origen agrario cada cuatro años. Sin embargo, aunque del número de municipios declarados como “zonas vulnerables” en 2009 se ha multiplicado por diez, ha transcurrido ya un año sin que el nuveo decreto declarándolas vea la luz. Tiempo durante el cual se han presentado decenas de nuevos proyectos de ampliación de explotaciones porcinas que, en su gran mayoría, están recibiendo la luz verde.

En Tierra de Tábara, por el momento, están en proceso una macrogranja de 12.000 plazas en Faramontanos de Tábara, promovida por la catalana Selección Batallé, SA, y otra de 4.635 plazas de cebo, en Pozuelo de Tábara, promovida por Agropor, S.C.




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