Vertidos y vigilancia ambiental

Iniciamos 2018 de igual suerte que concluíamos 2017: denunciando el enésimo vertedero ilegal en nuestro término municipal. En realidad, más ajustado sería reconocer que emprendemos el nuevo año notablemente peor, dada la envergadura de la formidable escombrera aparecida junto a la cárcel de Valdemoro.

El volumen de residuos de construcción y demolición (RCD) depositado en el polígono “La Peluquera” desborda, en efecto, la habitual escala de los vertidos clandestinos que afean y degradan las afueras de Valdemoro. Las toneladas de residuos acumuladas en este desolado sector industrial son fruto de una actividad ilegal, sostenida durante largo tiempo, que ha escapado al más mínimo de control de las autoridades.

Es preciso investigar y determinar la autoría del grueso de estos vertidos, ya que suponen un gravísimo atentado ambiental y una flagrante infracción de la legislación aplicable. No pasa desapercibido, por otra parte, el hecho de que esta dilatada actividad, calificable como poco de irregular, haya estado realizándose a muy escasa distancia de patrullas adscritas a la vigilancia de las instalaciones penitenciarias. Sin duda alguien debería responder acerca de esta insólita circunstancia.

Causa enorme preocupación la frecuencia con que se repiten las agresiones contra el medio ambiente y, en especial, la falta de sanciones rigurosas, cuando no la completa impunidad de que goza un elevado número de aquellas. Sin ir muy lejos, VIRTON S.A., la empresa que mantiene instalaciones en los terrenos donde hoy se concentran los vertidos, salió muy bien parada hace dos años del cómico procedimiento sancionador incoado por la CAM, tras sepultar toneladas de RCD mezcladas con uralita en el Cerro del Castillo. Por decirlo de otro modo: manipular a su antojo sustancias potencialmente cancerígenas y burlarse de las leyes ambientales apenas le acarreó una multa de 3.000 euros.

La falta de vigilancia de nuestros campos abona, por otro lado, la labor de quienes protagonizan delitos medioambientales. Como posible medida para paliar esta manifiesta carencia se estudia la organización de una “patrulla ecológica”. Ciudades como Madrid o Murcia disponen desde hace tiempo de “Unidades de Medio Ambiente” que, integradas en la Policía Local, se encargan de evitar agresiones y delitos contra el patrimonio natural.

Pretender encomendar en Valdemoro tareas de control y vigilancia a empresas privadas resulta una propuesta desafortunada, habida cuenta de su falta de potestad sancionadora. Y ello por no hablar de su embarazoso encaje en el quehacer de una administración que se pretende progresista y que, en teoría, aspira a distanciarse metodológicamente de la envenenada gestión de los gobiernos del PP.

La grave situación del medio ambiente local precisa soluciones urgentes. En tiempos de escrupuloso celo constitucionalista vendrá bien recordar que el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado con el compromiso de los poderes públicos en velar por ello- (Artículo 45) posee rango de mandato constitucional.




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