Recurs d’inconstitucionalitat a la modificació de la llei valenciana de residus

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Ecologistas en Acción solicita al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad a la modificación de la ley valenciana de residuos por el tratamiento del material bioestabilizado.

La modificación de la normativa permite que el material bioestabilizado procedente del compostaje de la fracción orgánica de los residuos domésticos mezclados en las plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB) sea utilizado en agricultura, contraviniendo la normativa estatal sobre fertilizantes, que es una normativa básica de obligado cumplimiento por las Comunidades Autónomas.

La Ley 10/2000, de 12 de diciembre de residuos de la Comunidad Valenciana fue modificada mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2018 (Ley 21/2017), mediante la adición de una Disposición Adicional que trata sobre el “material bioestabilizado”. Esa Disposición Adicional regula el uso del material bioestabilizado y permite su utilización en agricultura, utilización no contemplada por la normativa estatal sobre fertilizantes.

El material bioestabilizado es el resultado de la operación de tratamiento biológico de los residuos biodegradables (aerobio y con una fase termófila) cuando esos residuos provienen de residuos domésticos mezclados (“contenedor gris” o “todo en uno”) y no han sido recogidos de forma selectiva. Por tanto se diferencia claramente del “compost”, ya que la normativa exige que para elaborar el “compost” se utilicen residuos de la fracción orgánica recogidos selectivamente. La razón esencial es que los residuos orgánicos mezclados con otros residuos se contaminan (con metales pesados e impropios) y la calidad del “compost” se ve perjudicada.

En el País Valenciano en 2016 se generaron 260.000 toneladas de material bioestabilizado en las 13 plantas TMB, que provinieron de la fracción orgánica compostada de 2.050.000 t de residuos domésticos mezclados. Los usos permitidos para ese material son: restauración hidrológico-forestal, cubrición de los frentes de vertido en los vertederos o relleno de taludes, etc, aunque en su mayor parte se depositan en los vertederos anejos a las plantas TMB.

La normativa estatal sobre fertilizantes (RD 506/2013), que es una normativa básica y aplicable a todo el Estado español, exige que el verdadero “compost” a utilizar como enmienda orgánica o abono en la agricultura, provenga de la fracción orgánica de los residuos domésticos recogidos separadamente. Muy pocos municipios tienen implantada la recogida selectiva de la materia orgánica en el País Valenciano, aunque más de un centenar han comenzado ahora su implantación progresiva mediante diferentes modelos (recogida puerta a puerta, quinto contenedor abierto o restringido, compostaje comunitario y doméstico), aunque en la mayor parte de los Planes Zonales de residuos se contemplaba su implantación en 2008-2010.

La autorización del uso del material bioestabilizado en agricultura tendrá impactos negativos, como la contaminación de las tierras de cultivo por metales pesados e impropios (vidrio, plásticos, textiles, etc) e incluso se podría considerar como un vertido ilegal, el falseamiento de las estadísticas sobre residuos, ya que contaría como un residuo reciclado, el perjuicio ocasionado al mercado del verdadero “compost” y a sus productores, pues su valor es mucho menor y se autoriza el uso de un fertilizante no inscrito en el Registro de Fertilizantes, y además serviría como un mal ejemplo al resto de CC.AA. que estarían dispuestas a seguir el camino erróneo de la Comunitat Valenciana. Y sobre todo, ese uso agrario no permitido retrasaría “de facto” la obligación de la necesaria implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos, ya que arbitra e incentiva la permanencia de la actual generación del material bioestabilizado.

La Constitución Española contempla que el Defensor del Pueblo pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (artículo 162.1). Ecologistas en Acción del País Valenciano se ha dirigido a esa institución para solicitarte su mediación y que proceda a interponer ese recurso. También trasladará esa solicitud a la Abogacía del Estado en Valencia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que muestren una receptividad a este tema.




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