La Fiscalía notifica a Ecologistas en Acción la denuncia interpuesta contra determinados empleados de las entidades responsables de la depuración y tratamiento de aguas residuales de las depuradoras de Morón de la Frontera y tres de las cuatro de Sevilla: El Copero, Tablada y San Jerónimo.

Ecologistas en Acción viene analizando cada año las depuradoras en funcionamiento de las ochos provincias andaluzas correspondientes a municipios de más de 2.000 habitantes-equivalente tras recibir de la Consejería de Medio Ambiente las muestras analíticas del control que hace la Administración del cumplimento de la normativa sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

El primer informe tras el estudio de las muestras analíticas del ciclo 2013/2015 en la provincia de Sevilla concluía que se trataba, después de Córdoba, la provincia con mejores porcentajes de cumplimiento de la normativa. Aún así, a lo largo del trienio había un paulatino empeoramiento del grado de conformidad, con 11 puntos porcentuales menos en 2015 respecto a 2013.

Sin embargo existían una serie de depuradoras, las peores de la provincia, que siempre incumplían lo permitido por normativa. Las siguientes: El Copero, Isla Mayor, Morón de la Frontera, San Jerónimo, Tablada, Castilblanco de los Arroyos.

Por tal motivo, Ecologistas en Acción denunció la situación de aquellas depuradoras que estando funcionando, no eran conformes a la normativa española ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Andalucía. Tras un periodo de diligencias de investigación, la Fiscalía de Sevilla acaba de notificar la denuncia interpuesta contra determinados empleados de las entidades responsables de la depuración y tratamiento de aguas residuales de las depuradoras de Morón de la Frontera (Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija y el ente instrumental ARECIAR) y tres de las cuatro de Sevilla: El Copero, Tablada y San Jerónimo (EMASESA).

Los hechos se agravan porque estas cuatro depuradoras vierten a zona sensible, declaradas como tal mediante Resolución de 10 de julio de 2006 por la Secretaría General para el territorio y la biodiversidad. Este aspecto hace que estas depuradoras deban tener tratamientos más rigurosos para eliminar correctamente el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales, ya que las zonas sensibles son zonas protegidas en los planes hidrológicos (Orden 2656/2008, de 10 de septiembre).

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil dice que “es notorio que el exceso de nitrógeno y fósforo produce eutrofización de las aguas e implica un alto consumo de oxígeno disuelto en ellas, impidiendo la vida de los seres vivos; genera mal olor; disminuye la calidad y potabilidad del agua y modifica el ecosistema de los seres vivos acuáticos y de organismos aerobios, pudiendo causar su muerte y eventualmente pudiendo perjudicar la salud humana”.

La investigación arroja datos “que revelan indiciariamente que, en las estaciones depuradoras de Morón, Tablada, El Copero y San Jerónimo, los efluentes contaminantes podrían afectar gravemente, al contaminarlas, a las aguas públicas declarada zona sensible, dada la posibilidad de afectar gravemente a la calidad de las aguas del río, especialmente por el vertido incontrolado de algunos parámetros, especialmente nitrógeno total, por los efectos descritos anteriormente”.

Las investigaciones realizadas concluyen que “los hechos relatados pudieran ser constitutivos del delito previsto y penado en el art. 325.1º C.P., en relación a las normas administrativas que establecen los límites de vertidos para las sustancias expuestas, y en su caso delito del art. 328 respecto a las personas jurídicas encargadas de la gestión y tratamiento de las aguas residuales de la EDAR. Sin perjuicio de la posible responsabilidad civil del Consorcio público, si procediere”.

Para Ecologistas en Acción, todas estas denuncias son fruto del trabajo que lleva realizando en los últimos meses para conocer cómo está la situación de la depuración en Andalucía, no solo de aquellas infraestructuras que faltan para completar el vertido cero. Si no de aquellas que estando funcionando no cumplen con la normativa que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Entendemos que presuntamente los Ayuntamientos -quiénes ostentan las competencias de saneamiento y depuración- estarían cometiendo un delito al continuar vertiendo las aguas residuales urbanas a cauce público sin la debida depuración de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los continuos requerimientos de la administración competente, infringiendo la obligación que impone el Real Decreto-Ley 11/1995 y el Real Decreto 509/1996, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

También hay que recordar que son los ciudadanos los que a través del recibo del agua abonan la tasa por depuración, por lo que presuntamente estarían siendo estafados al no prestarse el servicio en condiciones, incumpliendo las depuradoras las normativas antes reseñadas.

Sevilla es la única provincia de la cuál tenemos información actualizada en un informe recibido a finales del pasado año sobre la situación de sus 105 municipios. Existen actualmente 53 estaciones depuradoras que dan servicio a 81 municipios y que dan servicio aproximadamente al 90% de los habitantes de la provincia. Hay 24 municipios que no cuentan con infraestructura para depurar sus aguas residuales.

Por otra parte, solo 62 municipios tratan adecuadamente sus aguas residuales, aunque en 9 de ellos se necesitarían obras de mejora para asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria en referencia a la eliminación de nitrógeno y fósforo; otros 8 municipios tratan biológicamente sus aguas residuales, pero necesitarían adecuar las depuradoras para eliminar correctamente el nitrógeno y el fósforo; 11 municipios tienen depuradora fuera de servicio; y 24 municipios no cuentan con EDAR.

Ecologistas en Acción exige a las distintas Administraciones que establezcan como objetivo prioritario la construcción de las depuradoras que faltan en nuestra provincia, independientemente del procedimiento de infracción abierto, así como que corrijan de inmediato los problemas que presentan aquellas que funcionan mal e incumplen la norma que regula el vertido de las aguas residuales urbanas.

De no hacerlo, las sanciones desde Europa seguirán llegando, y los continuos vertidos sin depurar afectarán a la salud y al medio ambiente a corto plazo como así apunta las investigaciones de la Guardia Civil. No es ni razonable ni sostenible que la sociedad esté pagando lo que es responsabilidad de unos pocos.