La combinación perfecta de un temporal desatado y coeficientes de mareas muy altos, junto a los fuertes vientos, está ocasionando grandes daños en el litoral onubense.

Como viene siendo habitual, asistimos a una reedición de reproches entre las diferentes administraciones en relación a la responsabilidad de los destrozos producidos, y promesas dirigidas a los damnificados de que el coste de las reparaciones irá a cargo de dinero público.

Ecologistas en Acción ya resaltó la temeridad de decidir la continuidad durante todo el año de los chiringuitos de playa, ahora arrasados por el temporal, amparados por una reforma reaccionaria de la Ley de Costas de 1988 que se perpetró en 2013 y que ha desembocado en esta desprotección legal de un bien público tan vulnerable y frágil como es el dominio público marítimo terrestre. Si a ello unimos las consecuencias de la fiebre del ladrillo de la década pasada con urbanizaciones y paseos marítimos destruyendo cordones dunares, tenemos el escenario perfecto para multiplicar los impactos del temporal.

La concurrencia de competencias a la hora de gestionar este dominio, con la Dirección de Costas del Gobierno central, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos que otorgan las concesiones, es otro obstáculo adicional para conseguir una ordenación y protección eficaz de la franja costera.

Además, la acción del Cambio Climático (Calentamiento global), que ha venido para quedarse, no hará más que acentuar los llamados fenómenos meteorológicos extremos como el que estamos padeciendo, con secuelas económicas y ambientales cada vez más gravosas.

También nos vemos obligados a denunciar la inutilidad y el despilfarro que supone la mal llamada regeneración de playas (una realimentación artificial, en realidad), una exigencia que de nuevo vendrá a ser reclamada por ayuntamientos y promotores turísticos. Los temporales de invierno son siempre erosivos, con pérdidas netas de arena, que eran compensadas con la recuperación de arena que se aseguraba en los meses estivales; la ocupación indebida de arenales costeros ha roto esta dinámica reequilibradora.

Los municipios que autorizan sin límite la permanencia de los chiringuitos playeros durante todo el año se han equivocado por completo, como estamos evidenciando; el mar recupera el espacio que le pertenece. Por tanto, deberían ser los responsables de esa concesión y sus propietarios quienes carguen con el coste de la reparación y no el conjunto de los ciudadanos.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a no persistir en una política equivocada de ocupación privada de un bien público, como es la playa, y a adoptar las necesarias aunque costosas medidas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático y a los riesgos meteorológicos, que nos permitan minimizar daños y prepararnos para impactos por venir.