A juicio de Ecologistas en Acción la aprobación del proyecto de desdoblamiento de la carretera M-501 está plagada de irregularidades e incumplimientos de variada normativa ambiental y sectorial de carreteras. La falta
de publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se declara de interés general el desdoblamiento, la ausencia de información pública, la imposibilidad de acceder al proyecto de desdoblamiento y al Plan de Integración Ambiental de la carretera (a pesar de que se han solicitado por escrito y presencialmente), la dudosa veracidad de los datos en los que se basa el Consejo de
gobierno para resolver una “hipotética” discrepancia entre la Consejería de Transportes e Infraestructuras y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, son algunas de las cuestiones que se ponen de manifiesto en el recurso presentado. Según Ecologistas en Acción estas circunstancias vienen a poner de manifiesto que el interés general que se presume en esta actuación administrativa es más que dudoso, por ello se ha solicitado la paralización cautelar de las obras, en caso de que se inicien.

Después de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presentase su informe contrario al desdoblamiento, a finales de 2000, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, como se denominaba en ese momento, desestimó el proyecto de desdoblamiento de la
carretera M-501. De hecho en diciembre de 2003 se aprobó el proyecto de mejora de la carretera sin ampliación de capacidad, e incluso se publicó por dos veces, en 2004, el anuncio de expropiación. Por su parte la Consejería de Medio Ambiente inició la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la ZEPA de los Encinares de los ríos Cofio y Alberche. Ambas actuaciones se contemplaban en el informe del CSIC. Por tanto, es evidente que nunca hubo discrepancia entre ambas Consejerías, ya que aceptaron las conclusiones del informe científico e iniciaron los trámites para cumplirlas. Sin embargo, el pasado julio, el Consejo de gobierno,
aludiendo a la existencia de una hipotética discrepancia entre las Consejerías implicadas, decidió resolver a favor del desdoblamiento. A juicio de Ecologistas en Acción esta decisión, se basa en hechos erróneos y por tanto es nula de pleno derecho, algo que se explica ampliamente en el
recurso presentado.

Igualmente, Ecologistas en Acción, aporta los datos y mapas elaborados por la propia Consejería de Transportes e Infraestructuras. Según los mismos no ha habido ningún punto negro en el tramo de carretera que se pretende desdoblar en los años 2000 a 2004. De igual forma, según los informes, el número de tramos negros en el itinerario de carretera del proyecto de referencia (desdoblamiento
de la M-501 entre Quijorna y Navas del Rey), es sensiblemente inferior al número de tramos negros
existentes en el tramo actualmente desdoblado. En cuanto al índice de peligrosidad, toda la carretera se encuentra en la categoría más baja de la Región, al contrario de lo que se afirma desde las Consejerías de Transportes e infraestructuras y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Otra cuestión que se aborda en el recurso es la indefensión de los ciudadanos creada por la actuación de la Administración. No se ha hecho público ninguno de los trámites aprobados hasta la fecha, a excepción de la orden de expropiación de los terrenos afectados por el desdoblamiento. No se ha publicado el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la actuación, no se
ha permitido la consulta del proyecto, ni del Plan de Integración Ambiental y se desconoce el equipo de científicos que ha intervenido en el mismo. Tampoco se ha podido tener acceso al nuevo borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la ZEPA a pesar de haberse solicitado por escrito. Esta actitud dificulta enormemente el acceso a la información, derecho de
todo ciudadano, y por tanto que se tomen medidas legales contra el proyecto de desdoblamiento.

A juicio de esta organización las irregularidades cometidas y la falta de transparencia con que actúa la administración viene a poner de manifiesto que el interés general que se presume en esta actuación es más que dudoso. Es notorio, por tanto, que lo que se está protegiendo son intereses
particulares vinculados a los desarrollos urbanísticos previstos en Madrid y Ávila. Por este motivo, además del recurso presentado, Ecologistas en Acción, no descarta recurrir a la vía penal.