La aprobación por las Cortes Valencianas de la nueva Ley Urbanística valenciana que se produjo ayer, con los únicos votos del Partido Popular, supone una continuidad de las principales determinaciones de la contestada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada en 1994, y por tanto una previsible continuidad de las negativas afecciones ambientales y sociales que ha supuesto el modelo urbanístico instaurado con esa Ley. Las grandes reclasificaciones de suelo al margen del planeamiento urbanístico municipal, que convierte en papel mojado los PGOU que en principio tienen una mayor participación democrática y una mayores garantías de racionalidad que la aprobación de los PAIs, y la consolidación del llamado “urbanismo del promotor” que configura los nuevos desarrollos urbanos con la única finalidad de maximizar los beneficios económicos del agente urbanizador, son los principales aspectos negativos de la LRAU que se mantienen en la nueva ley. La nueva ley urbanística valenciana es un maquillaje de la moribunda LRAU, y quizás un inútil féretro para conservar y perpetuar su cadáver.

El aumento de los plazos de las informaciones públicas, la separación entre las figuras de agente urbanizador y la empresa constructora que acometerá las obras de urbanización tras la correspondiente licitación pública, el desdoble de la decisión aprobatoria del PAI en la aprobación de la alternativa técnica que contiene el modelo urbanístico y la adjudicación de la ejecución del PAI al agente urbanizador que presente la proposición jurídica-económica, etc., son meros retoques efectuados para asumir formalmente algunas de las críticas hechas a la LRAU por parte de las instituciones europeas (Parlamento Europeo, procedimiento de infracción por incumplimiento de las Directivas de contratación pública abierto por la Comisión Europea), pero no modifican sustancialmente las determinaciones de la LRAU.

El resultado de la aplicación de la LRAU sobre el territorio valenciano está bien a la vista: aumento superior al 50% del suelo urbanizable en 10 años (duplicando el aumento de todo el Estado español), proliferación de desarrollos urbanos dispersos de baja densidad en “mancha de aceite”, con ocupaciones desmedidas de suelos agrícolas, en algunos casos de alto valor agronómico y ambiental (huerta), degradación acelerada del paisaje, creación de pantallas arquitectónicas en el litoral, ocupación de los perímetros de protección de las zonas húmedas y parques naturales, el asedio y sitio de los principales parajes naturales, una enorme presión sobre los recursos hídricos y la generación de residuos, la saturación de las infraestructuras (carreteras, centros de salud, depuración de aguas, etc), el descenso de la calidad habitacional, etc. Relacionar la nueva ley urbanística con cualquier aspecto de sostenibilidad ambiental no deja de ser un sarcasmo y un ejercicio de cinismo, propio del Conseller Blasco.

La aplicación de la LRAU ha sido un requisito esencial para el desarrollo de un modelo urbanístico depredador del territorio, de un modelo económico que persigue el desarrollo casi en exclusiva del turismo residencial, la especulación urbanística y la obtención de inmensas plusvalías para el capital, fundamentalmente en los procesos asociados a la gestión del suelo. Los graves impactos ambientales asociados a ese modelo, los efectos perversos sobre la gobernabilidad de los ayuntamientos (mociones de censura, incumplimiento de los programas electorales, corrupción, transfugismo, falta de democracia en las decisiones adoptadas etc), continuarán con la nueva ley.

La aprobación acelerada de la nueva ley urbanística es una huida hacia adelante que persigue la inaplicabilidad de la recomendada moratoria urbanística solicitada por la Resolución del Parlamento Europeo del pasado 13 de diciembre. Recomendación, resultado de miles de quejas de ciudadanos y organizaciones afectados por el urbanismo depredador y salvaje, y no de conjuras y conspiraciones contra el País Valenciano, tal y como de forma unánime ha sido valorada de forma errónea por la patronal de los promotores y el Gobierno Valenciano.