El buque Odyssey usurpa nuestros fondos marinos

Hasta el 5 de enero, aparentemente existía una autorización (de treinta días) del Ministerio de Asuntos Exteriores que les permitía realizar actividades de prospección; no obstante el buque hace ocho meses que se encuentra realizando tales actividades en la zona.

Sin entrar en la disputa en la materia de competencias, lo cierto es que dicho permiso expiro, y el Odyssey continua hasta la fecha (en enero se constató su presencia en la zona) sus labores inflingiendo la ley.

Para recordar a los lectores, señalamos que la búsqueda del Sussex (hundido en el litoral campo gibraltareño en el año 1694) viene de varios años atrás.
Dicho buque iba cargado de monedas de oro valoradas en un millón de libras de la época (10 toneladas de oro y plata); calculándose que su actual valor oscilaría los cuatro billones de dólares americanos.

En cuanto al Buque Odyssey (el “caza tesoros del mar”) y su relación con el Sussex podemos remontarnos al año 2000, aproximadamente, época en que el Ministerio de Cultura emitió un permiso, sin previa consulta a la Junta de Andalucía.
Pero desde entonces a la fecha ha pasado mucha agua bajo el puente, y ciertas materias que eran controvertidas desde el punto de vista de las competencias, quedaron transferidas y/o reconocidas jurídicamente.

En agosto del 2003, Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar solicitaba a la Consejería de Medio Ambiente y a la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea, que se consideraran los daños que se producirían en el litoral si se llevaba a cabo la búsqueda de dicho buque, peticionándose un estudio de impacto ambiental de forma previa a tal hecho; condiciones que en los hechos nunca sucedieron.

En Enero del pasado año, los hechos volvieron a tomarse en consideración, pero los resultados no cambiaron.

Actualmente, nos encontramos con los siguientes extremos:

Por un parte, la Consejería de Cultura de la Junta de Anadalucía que alega que ha tratado de paralizar la actividad de exploración arqueológica submarina de los restos del buque Sussex, realizada por la empresa propietaria del Buque “Odyssey”.
Afirmando que no se le ha solicitado ninguna autorización al respecto, lo que hubiera correspondido según el Reglamento de Actividades Arqueológicas).
Incluso por comunicado del pasado 12 de Enero, manifestó que “no ha autorizado ni oficial ni extraoficialmente ninguna intervención de prospección o excavación subacuatica al equipo del Odyssey.”.

Dicha Consejería entiende ser -en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, y sus decretos reglamentarios, así como por una Sentencia del Tribunal Constitucional que ha marcado precedente otorgándole las competencias de los bienes arqueológicos situados en la mar a las CCAA- el único órgano competente para otorgar autorizaciones de intervenciones arqueológicas en aguas territoriales andaluzas, incluidas las denominadas aguas contiguas (desde las 12 millas náuticas territoriales hasta un máximo de 24 millas náuticas medidas desde la línea base); situación que compartimos en parte.

A su vez, la Consejeria de Cultura ha publicado en prensa que todos esos extremos fueron remitidos a las autoridades competentes en aguas (Servicio Marítimo del Seprona, Capitanía Marítima de Algeciras y al Grupo de Patrimonio Histórico la Guardia Civil) a fin de que extremaran las medidas control y vigilancia. Así como a la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, a fin d que comunicara los hechos a las autoridades competentes en materia de defensa y vigilancia costera y se procediera a la paralización de cualquier actividad arqueológica no autorizada.

Por otra parte, el Servicio Marítimo de Guardia Civil del Mar que intercepto a seis millas de Punta Europa. y a cinco de Punta Almina (en Cuta) al Odyssey.
Resaltándose que en dicho momento, el Odyssey arrastraba un cable submarino.
No obstante, aparentemente según lo comunicado a los medios de comunicación, no existía orden expresa de proceder al apresamiento del Odyssey, sino que simplemente se la vigilaba; pese a que se encontraba en mar territorial español con las señales internacionales de buque en maniobra restringida colocadas en l mástil proa (lo que en lenguaje marino se puntualiza a través de dos bolas y un rombo), que significa que el buque arrastra algo y en consecuencia el resto de los navíos deben darle resguardo.
No obstante, ante la situación de encontrarse en aguas españolas, el pasado 10 de Enero la Guardia Civil le ordeno finalizar las prospecciones pero el capitán hizo caso omiso.
Ante las reiterativas negativas del capitán del Odyssey, presentaron una denuncia ante el Juzgado de Turno en la Línea de la Concepción, por desacato y asistencia a la autoridad, además de haber violado el mar territorial español.

Por otra, el Ministerio de Exteriores aparentemente le había concedido a la empresa “caza tesoros del mar”, a través de las embajadas respectivas, permiso de prospección. Pero dicho permiso era por treinta días, a contar desde el día 5 de Diciembre pasado, con lo cual hace bastantes días que ha expirado.
Sin perjuicio de ello, se tiene prueba de que el buque pasado ese día igualmente continuo realizando actividades en la zona en cuestión.

A su vez, la Ministra de Cultura testifica el 13 d Enero pasado que el ejecutivo apoyara a la Junta de Andalucía

El 14 de Enero la empresa Odyssey Marine Exploration Inc (la “caza tesoros del mar”) afirma que ya tiene localizado el galeón hundido, y que continuara sus labores a pesar de carecer de permiso de la Junta de Andalucía.

Asimismo, el abogado de la empresa Odyssey Marine Exploration Inc., José Luis Goñi, afirma que el capitán no incumplió orden alguna de la Guardia Civil española porque esa orden nunca se produjo, y que la empresa la cual representa no necesita la autorización de la Junta de Andalucía porque el barco tiene bandera británica (haciendo alusión a un convenio firmado por España, por el que los restos de los barcos hundidos pertenecen al país que atesora la bandera del buque), como si solo por ello no se tuviera que solicitar permiso para realizar actividades en aguas de otro país; sin entrar en el fondo del alcance del convenio citado..

Por último, lo más asombroso es que alegó que las aguas en las que está hundido el barco y trabaja la empresa están en disputa y no son de pertenencia clara a un Estado.
Exactamente, aseveró, “la Guardia Civil no tiene competencias ni sobre el barco ni sobre el capitán del mismo, por lo que seguiremos nuestro trabajo.”.
Esta situación no solo no es correcta, sino que además sería incoherente con la actitud tomada por la propia empresa al solicitar autorización al Ministerio de Exteriores de España, reconociendo de tal forma que la jurisdicción competente es la española.

Desde el punto de vista jurídico, para el Reino Unido, “British waters extend to a limit of three nautical miles around Gibraltar. The limit is restricted to two nautical miles on the west side, in the Bay of Algeciras, where a median line exists between British and Spanish waters.”, lo que significaría algo así como que las aguas británicas se extienden a tres millas náuticas alrededor de Gibraltar, pero que dicho límite se restringe a dos millas náuticas al oeste, en la Bahía de Algeciras, donde se encuentra la línea media entre las aguas inglesas y españolas), G. O Reilly, en una anotación de Víctor Luis Castillo, en España y sus Fronteras en el mar”Ed. Dykinson S.L., Madrid, 2004, pág.248.

Lo lamentable e incluso absurdo es que mientras el Gobierno español continua hablando sobre sus competencias, y en definitiva no haciendo nada cabal al respecto, la empresa propietaria del Odyssey continua su labor en aguas españolas y vaya a saber que mas...

Hasta ahora a nivel administrativo todos dicen mucho pero nadie nada, solo rescatamos una frase del responsable de la empresa malagueña Nerea Arqueología subacuática SLL, Pablo Calls, “lo que si esta claro es que ni son arqueólogos, ni esto es arqueología”; en referencia al grupo del Odyssey.




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