Riesgo de incendios forestales en la sierra de Córdoba

Ecologistas en Acción de Córdoba denuncia fuertes carencias en el desarrollo del Plan Local de Emergencia de Incendios Forestales de Córdoba, en especial en lo referente a los planes de autoprotección de los núcleos de población dispersos por la sierra de Córdoba.

Arrecia los meses de mayor riesgo de incendios forestales para la sierra de Córdoba sin que las administraciones públicas hayan arbitrado todas las medidas oportunas para evitar riesgos sobre la numerosa población de temporada. Población por otra parte, distribuida por varios núcleos de población tradicionales, urbanizaciones legales y, decenas de parcelaciones ilegales desparramadas en los lugares más insospechados y vulnerables.

La negligencia de los responsables políticos de la administración local es inadmisible. No hace falta recordar que son alrededor de 18.000 personas las que residen en época estival en la sierra de Córdoba, muchas de éstas, en parcelaciones carentes de cualquier planificación de prevención en materia de incendio forestal o cualquier otra situación de emergencia. Tampoco debemos de olvidar que estamos hablando de la unidad ambiental de mayor valor ecológico del conjunto del término municipal de Córdoba.

Los Ayuntamientos tienen la obligación de elaborar un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales cuyas funciones son las de zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los incendios forestales, especificar procedimientos de información a la población y prever entre otras, la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por incendios forestales, etc.

Una de las medidas claves preventivas para evitar situaciones graves de riesgo en la Sierra de Córdoba, es la elaboración, con carácter obligatorio, por parte de los titulares, propietarios, asociaciones, entidades urbanísticas o representantes de núcleos de población aislada en ZONA DE RIESGO, como es el caso, de PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.

El Ayuntamiento de Córdoba tiene la responsabilidad de determinar cuáles son los núcleos de población que requieren la aplicación de la citada acción de planificación y prevención. También tiene el cometido de exigir su elaboración a las partes interesadas y, en última instancia, su aprobación.

La situación de abandono en este sentido es total. Así quedó reflejado en la denuncia pública de un portavoz político la semana pasada, manifestando públicamente, que ni tan siquiera la pedanía de Santa María de Trassierra, con una población estacional de 4.500 personas aproximadamente, contaba con el obligado Plan de Autoprotección.

No podemos imaginar en qué situación se puede encontrar las decenas de núcleos de parcelas ilegales dispersas caprichosamente por la totalidad de la Sierra de Córdoba.

También la administración ambiental autonómica puede y debe arbitrar más medidas de prevención en una zona de RIESGO EXTREMO como es la Sierra de Córdoba: la recuperación de determinados puestos fijos en enclaves especialmente críticos, anulados hace unos años de forma incompresible; el control de acceso de personas y vehículos a determinados caminos forestales, así como en los itinerarios habilitados para la práctica del senderismo, dentro del Plan de Excelencia Turística.

En algunos casos se debería adoptar la decisión de limitar el acceso a ciertos caminos que discurren por áreas especialmente vulnerables, como ocurre con el camino del Bejarano, u otros similares.




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