Con fecha de 29 de junio de 2004, el Ministerio del Interior ha estimado el Recurso de Alzada presentado por Ecologistas en Acción de Salamanca contra los expedientes sancionadores abiertos a militantes de la organización ecologista, en relación con la concentración pacífica realizada el 19 de noviembre de 2003 con motivo del primer aniversario de la catástrofe del Prestige.
En una resolución que puede ser calificada como bofetada jurídica al anterior Subdelegado del Gobierno en Salamanca, José Antonio Sacristán, el Ministerio del Interior reconoce que «en el presente procedimiento únicamente se acredita que, el 19 de noviembre de 2003 se celebró la concentración no comunicada que se recoge en el primer antecedente de esta resolución, pero dicha ratificación no sirve a los efectos de entender que el sancionado es el promotor u organizador de la misma, en cuanto que el ser visto hablando con los medios de comunicación presentes en el acto, sin concretar a qué medios se alude y si hubo otras personas asistentes a la concentración que también lo hicieron y respecto de la afirmación de que es dirigente del grupo «ecologistas», sin especificar qué grupo es el así denominado, ni si se trata de una asociación legalizada y qué puesto o cargo directivo ocupa en ella, no es suficiente para poder atribuir a la denuncia la eficacia probatoria que el precepto la atribuye.
En tal circunstancia y en ausencia de otras pruebas de cargo que despejen cualquier incertidumbre respecto de los hechos denunciados, resulta aplicable el derecho de presunción de inocencia, constitucionalmente reconocido, que vincula a los poderes públicos (STS de 7 de diciembre de 1989), y es de plena aplicación al derecho administrativo sancionador (SSTC 13/82, de 1 de abril, 36/1985 de 8 de marzo, 76/1990, de 26 de abril), lo que comporta, en cuanto garantía procesal insoslayable, una serie de derechos básicos para los inculpado, entre los que destaca, a los efectos que nos ocupan, el de que no se les imponga la carga de la prueba de su propia inocencia que, por el contrario, corresponderá a quien ejercite la imputación, es decir a la administración sancionadora.»
Ecologistas en Acción ha venido manteniendo desde el inicio de la apertura de los expedientes, ahora felizmente cerrados, que se trataba de una venganza orquestada por el Partido Popular contra la organización que había puesto en evidencia el entramado especulativo y presuntamente al margen de la legalidad, de las transferencias de edificabilidad.
Así el inicio del proceso sancionador, abierto a instancias del anterior Subdelegado, se produjo el día 11 de diciembre de 2003, cinco días después de la comunicación a las partes del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba nuevamente este mecanismo urbanístico y casi un mes después de la celebración de la cacerolada, pero al mismo tiempo de que destacados simpatizantes del Partido Popular manifestasen públicamente «que algo había que hacer con los ecologistas». Es decir, que el Subdelegado del Gobierno en Salamanca se convirtió, violando los derechos constitucionalmente reconocidos de los ciudadanos, en instrumento del partido que le sustentaba en el poder y al que debía su cargo, actuando en la práctica como un auténtico comisario político.
Ecologistas en Acción de Salamanca quiere expresar su agradecimiento a los colectivos sociales y a los particulares de todo el Estado español que se han solidarizado con nuestra organización desde la apertura de estos injustos expedientes, y especialmente quiere expresar su reconocimiento al sindicato CGT de Salamanca, al partido político Los Verdes-Foro de Izquierdas, y a los medios de comunicación de nuestra ciudad que desde un principio entendieron la clara intencionalidad política que trascendía en este asunto.
Al movimiento ecologista salmantino le avala una trayectoria intachable de lucha democrática y de respeto escrupuloso por la legislación vigente que no ha podido ser mancillada ni por el Partido Popular ni por el Comisario Político Sacristán. Sirvan el fin de estos expedientes como punto de partida de la recuperación de los derechos cívicos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas, derechos que se vieron mermados injustificadamente durante la última legislatura de gobierno del Partido Popular.
