Subvención de la Junta de Andalucía a Cobre las Cruces

El proyecto minero "Cobre las Cruces" ha contado con un desmedido apoyo de la Junta de Andalucía desde su presentación, se le han dado todo tipo de facilidades y en algunos casos se les ha dado autorizaciones contraviniendo legislación o principios precautorios, lo que ha permitido a Ecologistas en Acción presentar demandas por lo Contencioso Administrativo a cuantas autorizaciones han sido concedidas y que se cuente con razones de peso para una próxima denuncia a la fiscalía por las nuevas irregularidades detectadas.

Así, la Declaración de Impacto Ambiental emitida en tiempo record por la Consejería de Medio Ambiente se encarga de dar cobertura legal a la tubería de vertido que se va a efectuar al Guadalquivir, cuando el promotor ni siquiera la menciona en su Estudio de Impacto Ambiental. Vertido que incumple tanto la Normativa Europea de obligado cumplimiento, como legislación española, Ley de Aguas.

El Plan Especial aprobado por la Consejería de Obras Públicas para la adaptación urbanística del proyecto minero perdona a la empresa la garantía que establece la (LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, estimada en cerca de 30 millones de euros que debían ir a suelo público y vivienda protegida.

Asimismo, los Ayuntamientos afectados, Gerena, Guillena y Salteras, todos ellos del PSOE, les han perdonado inconcebiblemente 6,5 millones de Euros, por el cambio de uso de suelo de Rústico a Industrial. Dinero que debía ir destinado a la creación de suelo de reserva municipal.

La Consejería de Innovación se atribuye competencias de Medio Ambiente y establece que modificaciones del proyecto que duplican el tamaño de la corta minera y el volumen de residuos no es razón para una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Todo lo anterior nos legitima para acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente, así como a la Comisión Europea, en solicitud de la exigencia al Estado Español para el cumplimiento de las Normativas y la paralización de las ayudas económicas a las que la Comisión tiene que prestar conformidad, en tanto el proyecto no se adapte a lo preceptuado.




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