El escándalo de Marbella

El escándalo de Marbella estaba cantado. Años de permisividad de las administraciones y de parte del poder judicial han permitido a una pandilla de delincuentes hacerse con un Ayuntamiento para enriquecerse ellos y sus allegados. Ecologistas en Acción, que ha sido parte fundamental en la intervención judicial con 300 denuncias interpuestas, felicita a los jueces y fiscales que han permitido la detención de los máximos responsables municipales y de parte de la rama de corrupción inmobiliaria existente en este municipio. Lo que queda por aflorar es mucho más que lo descubierto; aquí y en otros municipios del litoral andaluz, la realidad supera la ficción.

Marbella es sólo el ejemplo más llamativo de un modelo que se ha implantado en todo el litoral andaluz, y que se extiende de forma imparable hacia el interior. Los Ayuntamientos se han convertido en meros intermediarios de las empresas constructoras e inmobiliarias, que deciden cómo y cuando se recalifican los terrenos, a cambio de pagos legales -los famosos convenios urbanísticos-, o ilegales, la pura y simple corrupción. Las ciudades no se planifican en función del interés general, con el objetivo de dotar de viviendas dignas y asequibles y de equipamientos a todos los ciudadanos como mandata la constitución, sino que se planifica en función de proyectos inmobiliarios y por mandato de los especuladores urbanísticos. De esta situación son tan responsables los Ayuntamientos como la Junta de Andalucía, unos por ser los promotores de este modelo especulativo que fomenta la corrupción, la Junta por permitirlo y por aprobar planes urbanísticos faraónicos que están destruyendo de forma irreversible nuestros recursos naturales: suelo, paisaje y agua, hipotecando nuestro futuro.

El caso Marbella ha demostrado la permisividad política y social que ha existido con la especulación y la corrupción urbanística. Hay que introducir cambios en la política urbanística y en la legislación para que no haya más Marbellas. Los Ayuntamientos no pueden seguir invocando a la autonomía municipal para cometer más desafueros y seguir destruyendo nuestro territorio. Las leyes deben permitir, con agilidad y contundencia, la intervención de la Junta de Andalucía y los tribunales para paralizar promociones ilegales e intervenir en la administración local, retirándoles sus competencias cuando se usan para fines ilícitos.

Es necesario una moratoria en el litoral que permita planificar nuestras pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, dando prioridad a la construcción de vivienda de protección oficial que facilite el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, y a un turismo de alojamiento que es el que más empleo y actividad económica genera. Nuestro litoral es uno de nuestros recursos más preciados, no podemos seguir con su destrucción.




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