Representantes de la Campaña ¿Quién debe a Quién?, formada por 50 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, se reunieron con miembros de dos oficinas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de conocer si finalmente ha aprobado o no el préstamo que tiene previsto otorgar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 290 millones de euros a la empresa papelera española ENCE para construir una planta de celulosa en Uruguay. Así mismo se pidió información sobre las circunstancias en las que se está evaluando este proceso y el tipo de estudios de impacto ambiental que se están teniendo en cuenta para tomar esta decisión.

El encuentro se ha mantenido con miembros del Punto de Contacto Nacional de la OCDE, los contactos en los diferentes ministerios para las inversiones extranjeras de las empresas multinacionales encargados de supervisar el cumplimiento de las códigos de conducta que han firmado los países pertenecientes a la OCDE. También se reunieron con el subdirector General adjunto de las Inversiones para America del Norte y del Sur del Ministerio de Comercio, Julián Izquierdo.

Por lo que se desprende de la reunión todavía no se ha hecho efectivo el préstamo, ya que lo está estudiando el ICO y la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESE) para ver si lo aprueban o no.

Los respresentates del ministerio han asegurado que están teniendo en cuenta toda la información recibida, tanto del Banco Mundial, como de los Gobiernos implicados, la propia empresa ENCE, y de la campaña internacional contra este proyecto.

Hay que recordar que ya existen informes (publicados en esta misma web) del alto impacto ambiental y social que pueden causar estas papeleras. Informes que están activando fuertes movilizaciones sociales en Argentina.

En esta misma línea de presión política se ha dirigido una carta a Cristina Narbona, la ministra de Medio Ambiente, para que tome cartas en el asunto, ya que es incoherente decir por un lado ante la ONU que el Estado español va a luchar contra la pobreza, y por otro lado financiar operaciones comerciales para empresas privadas que van a conseguir justo lo contrario.

Además se están pidiendo reuniones con las instituciones privadas (BBVA, Caja Madrid y Banco Santander) que lideran un consorcio de 32 entidades financieras que han dado 400 millones de euros a ENCE hace una semanas.

Por último, continuará la presión sobre CESCE.