A finales de febrero el Ministerio de Agricultura presentó un borrador de Orden Ministerial sobre la coexistencia de cultivos modificados genéticamente (MG) con los convencionales y ecológicos que podría ser aprobado en los próximos días, a pesar de la rotunda oposición de organizaciones agrícolas, ecologistas, consumidores y otros colectivos sociales.

Las normas de coexistencia debieran tener por objetivo la prevención de la contaminación genética de los cultivos ecológicos y convencionales debido a la introducción de variedades transgénicas en la agricultura y permitir la supervivencia de una agricultura y alimentación libres de transgénicos, tal y como demandan masivamente los consumidores. La propuesta del Ministerio, por el contrario, consiente y legaliza la contaminación del campo español por cultivos MG, poniendo en peligro el futuro de la agricultura ecológica y convencional. Se remata así una legislatura en la que el gobierno saliente se ha configurado como el mejor aliado de las compañías biotecnológicas y ha convertido nuestro país en un campo experimental a gran escala de cultivos transgénicos.

Pese al afán del Ministerio de Agricultura por ocultarlo, los numerosos casos de contaminación que padecen los agricultores de los países que cultivan OMG a gran escala y los detectados en España en los últimos años son una evidencia muy clara de la magnitud de este problema. Para los productores convencionales la contaminación genética puede suponer la pérdida de contratos con determinados compradores y una invasión no deseada de sus campos; para los productores ecológicos, significa la pérdida de la calificación de su producción, ya que la normativa europea de agricultura y de ganadería ecológica no permite la presencia de transgénicos en todo el proceso de producción ecológica.

Además del daño económico directo al sector agrícola, la falta de medidas eficaces de coexistencia conduce de manera alarmantemente rápida a la contaminación de la base del sistema alimentario mundial, es decir las semillas. Según un estudio de la Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists) publicado el pasado mes de febrero, entre un 50% y un 85% de las semillas de variedades convencionales de maíz, soja y colza vendidas en EEUU están contaminadas ya por ADN transgénico. Esto es enormemente preocupante debido a los problemas de inestabilidad y los riesgos para el medio ambiente y la salud que plantean los cultivos transgénicos, y ante la eventualidad de un fracaso de las variedades MG (en términos de rendimiento u otro tipo de problemas). La posibilidad de una contaminación irreversible del suministro de semillas es tan grave, que exige que el principio de precaución, que rige todas las políticas europeas, se aplique rigurosamente en este caso.

En lugar de prevenir la contaminación, buscando reducirla al mínimo posible, las normas de coexistencia propuestas por el Ministerio de Agricultura introducen el principio de contaminación legal, basándose en unos umbrales completamente inaceptables y contraviniendo la nueva normativa sobre etiquetado y trazabilidad de organismos manipulados genéticamente (OMG) de la Unión Europea, que permite un 0'9% de trazas de OMG “a condición de que esta presencia sea accidental o técnicamente inevitable”.

Por otra parte, la escasa concreción y el carácter voluntario de las medidas establecidas supone que se deja la coexistencia en manos del agricultor que utiliza variedades MG, de los arreglos entre vecinos, y de los “buenos consejos” de las empresas que venden este tipo de semillas. Las pocas medidas que se concretan son totalmente inadecuadas y se asientan en una base experimental muy cuestionable. En el Borrador del Ministerio la distancia de aislamiento requerida entre parcelas con distintos tipos de producción (transgénica por un lado y convencional o ecológica por otro) es de 25 metros, contrastando con las recomendaciones de los estudios encargados por varios gobiernos europeos, que arrojan cifras entre 200 y 2000 metros de distancia.

Pero quizás lo más grave de la propuesta es la total indefensión en que se deja a agricultores y consumidores en caso de contaminación, eximiendo de cualquier responsabilidad a las empresas biotecnológicas y vendedoras de semillas que desarrollan y comercializan las variedades MG y condenando a los agricultores a enfrentarse entre sí. Con ello el Ministerio demuestra una vez más su trato de favor hacia las grandes empresas biotecnológicas y su abandono y falta de sensibilidad por el futuro del campo español, el medio ambiente y la salud.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exigimos la retirada del Borrador de recomendaciones sobre coexistencia del Ministerio de Agricultura, y su sustitución por unas medidas que amparen el derecho prioritario de los agricultores ecológicos o convencionales a no sufrir contaminación genética; debe establecerse un régimen en que la responsabilidad civil por los daños ambientales, sociales y económicos derivados de los OMG, incluyendo la contaminación genética, recaiga sobre los titulares de las autorizaciones de su liberación al medio ambiente.

Las organizaciones firmantes remitirán al Ministerio de Agricultura un documento de análisis y crítica argumentada al Borrador de Orden Ministerial por la que se dispone la publicación de las recomendaciones sobre coexistencia de los cultivos modificados genéticamente, convencionales y ecológicos. Este documento incluye un estudio pormenorizado con referencias a numerosas publicaciones disponibles sobre los índices de contaminación de cultivos y distancias recomendadas para evitar la contaminación. Además cuenta con dos anexos que detallan casos de contaminación ocurridos en España y en el mundo.