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Protesta contra La Breña II

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental fue creado como un instrumento preventivo esencial para evitar la ejecución de ciertos proyectos o actividades que pueden provocar graves impactos ambientales, sin embargo en los últimos años se ha convertido en un mero trámite administrativo, donde la falta de objetividad y los intereses y presiones de determinados sectores, han logrado que las evaluaciones de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente estén totalmente condicionadas políticamente.

Una prueba de ello, está en el hecho de que la inmensa mayoría de las evaluaciones de impacto ambiental que se han publicado en las dos últimas legislaturas sean positivas, incluyendo la mayoría de las veces condicionantes que apenas reducen el impacto ambiental de la actuación, y que realmente no pasan de ser un mero maquillaje.

Claros ejemplos de lo viciado que está este procedimiento, son las declaraciones positivas de impacto ambiental de proyectos como el trasvase del Ebro, el embalse de La Breña II (Córdoba), el tren de alta velocidad Madrid-Valladolid, el tercer túnel de la A-6 a su paso por la Sierra de Guadarrama, la ampliación del Aeropuerto de Barajas, o el Puerto de Granadilla en Tenerife y el Puerto de Sevilla.

Actualmente las declaraciones de impacto ambiental están en su totalidad políticamente condicionadas, llegando incluso al hecho de que en algunos casos se han elaborado varios borradores de declaraciones de impacto ambiental para un mismo proyecto, completamente contradictorias, eligiendo el responsable político una de ellas en base a criterios no ambientales. Esto ocurrió por ejemplo en el caso de la declaración de impacto ambiental del embalse de Castrovido (Burgos).

La normativa de evaluación de impacto ambiental exige la adopción de medidas correctoras, que tienen como finalidad minimizar el impacto producido por el proyecto; así como que se lleve a cabo un programa de vigilancia ambiental que evalúe el desarrollo de esas medidas correctoras y la evolución de los impactos producidos por el proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente no dedica ni una sola persona a comprobar si se están llevando a cabo las medidas correctoras establecidas en la declaración de impacto, ni el programa de vigilancia ambiental. Como consecuencia de ello, los promotores de los proyectos, no suelen llevar a cabo las mismas, pues generalmente les implica un ligero incremento de costes. En numerosas ocasiones, Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente el incumplimiento de lo establecido en las declaraciones de impacto ambiental, causa que contempla la normativa de evaluación para la paralización de las obras. Evidentemente, el Ministerio de Medio Ambiente jamás ha paralizado ningún proyecto por este motivo ni por ninguno, pero ni siquiera ha solicitado al órgano promotor que cumpla con lo establecido en la declaración de impacto.

En definitiva, parece evidente que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que actualmente realiza el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra profundamente viciado, habiéndose transformado en un mero trámite administrativo, similar al de poner una de las antiguas pólizas en un documento. El Ministerio de Medio Ambiente está haciendo una auténtica dejación de funciones, entendemos que en parte por el escaso peso político de esa institución, pero también por la desidia de sus máximos responsables, que consideran que su trabajo, en vez de proteger el medio ambiente y hacer cumplir las directivas ambientales, es el de facilitar el camino para que se lleven a cabo todo tipo proyectos, con independencia de su incidencia medioambiental.

Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama que el próximo Ministerio de Medio Ambiente elabore una nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de planes, programas y proyectos, incluyendo la Evaluación Ambiental Estratégica, y que las próximas declaraciones de impacto ambiental se rijan únicamente por criterios técnicos y sean objetivas. De esta manera, estamos seguros que se incrementaría sustancialmente el número de declaraciones de impacto ambiental negativas, tal y como ocurre con las emitidas por las Consejerías de Medio Ambiente de una buena parte de las comunidades autónomas, donde los aspectos técnicos, si no priman, sí tiene un cierto peso.