Agricultores y organizaciones ecologistas se han mostrado de acuerdo en que la situación actual del Alto Guadiana es insostenible tanto por la dramática situación medioambiental de las Tablas y los Humedales Manchegos, como por la tensión e incertidumbre de los agricultores que ven peligrar el futuro de sus explotaciones. El acuerdo urge a que, en el marco del Plan Especial del Alto Guadiana, se adopten las medidas necesarias para que se alcance el buen estado de los acuíferos sobreexplotados en los plazos establecidos por la Directiva Marco de Agua y al mantenimiento de un modelo de regadío sobre la zona basado en criterios de sostenibilidad e interés social.

Para ello, agricultores y ecologistas proponen como medidas más urgentes el control y la reordenación de las extracciones, así como la dotación presupuestaria suficiente como para llevar a cabo un ambicioso plan público de adquisición de derechos de agua. El objeto de dicho Plan sería recuperar un volumen suficiente de recursos de los acuíferos como para dedicar una parte de los mismos a la recuperación ambiental y otra a la constitución de un Fondo Social de Derechos en cuya gestión de reordenación de las captaciones se tenga en cuenta prioritariamente a los agricultores profesionales y a las pequeñas explotaciones de cultivos leñosos y sociales.

El acuerdo incluye propuestas tendentes a una mayor participación de los agentes sociales en los órganos de decisión y de gestión en materia de agua, incluida la democratización de las comunidades de regantes, así como de coordinación administrativa encargando de la ejecución del PEAG a un consorcio constituido por las diferentes Administraciones implicadas.

Los firmantes proponen asimismo una serie de medidas complementarias tanto agrarias como de desarrollo rural, para fomentar una agricultura rentable, sostenible y menos demandante de agua en la zona de afectación del PEAG; así como medidas de carácter ambiental para dar mayor consistencia a la protección de los enclaves ecológicos de la Cuenca Alta del Guadiana. Por último, agricultores y ecologistas consideran que una vez puesto en marcha el PEAG, a la vista de los resultados que de éste se obtengan, se estudiará la adopción de medidas extraordinarias con el fin de acelerar el proceso de restauración de los acuíferos.

Las organizaciones firmantes en próximas fechas trasladarán el contenido del acuerdo tanto al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como al Gobierno Regional y confían en que el mismo contribuya a configurar un Plan Especial del Alto Guadiana que realmente sirva para solucionar un problema medioambiental y social que llevamos arrastrando dos décadas.