La persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas contra activistas medioambientales ha sido una constante desde que el ecologismo existe como movimiento social y contrasta con la impunidad con la que siempre han actuado los infractores ambientales. La justicia sigue sin medir con el mismo rasero a unos y a otros.
Presentamos una recopilación de casos, no exhaustiva, en los que miembros de diversas organizaciones ecologistas, fundamentalmente de Ecologistas en Acción y de Greenpeace, pero también de otras organizaciones y plataformas ciudadanas han sufrido el acoso penal o administrativo a instancia de empresas o de la propia administración. Estos casos se refieren únicamente al período 2000-2006, ya que en dicho año 2000 presentamos un informe similar recopilando casos anteriores.
Todos los casos recopilados tienen una característica común: las actuaciones de los ecologistas tienen un marcado carácter pacífico y en muchos casos simbólico y están realizadas con la única intencionalidad de la defensa y protección del medio ambiente.
Aunque muchos de estos casos se han archivado, sobreseído o finalmente los activistas han sido absueltos (en primera o en segunda instancia), han supuesto, como es obvio, incomodidades, pérdida de tiempo y presión psicológica. Pero en otros casos los ecologistas han sido condenados o han tenido que afrontar fianzas o multas.
Desde hace un tiempo hemos detectado un recrudecimiento de los casos de ecologistas procesados, con la particularidad de que el acoso se ha extendido también contra nuestros abogados. Hay que hacer notar al respecto que el número de denuncias por cuestiones urbanísticas ha crecido mucho en los últimos años y que, al haber mucho dinero e intereses en juego en esa materia, la virulencia de las acusaciones contra nosotros o nuestros letrados es notable.
Es de resaltar, también, que mientras antes las acusaciones más frecuentes eran por resistencia a la policía, daños a actividades o empresas u ocupación temporal de inmuebles, ahora han aumentado significativamente las denuncias por injurias y calumnias. Lo más preocupante no es tanto el hecho de que haya muchas empresas o “autoridades” que nos denuncian, sino que en algunos casos diferentes instancias de la administración de justicia están tramitando estos procedimientos con un “interés” y agilidad que no tienen cuando se trata de delincuentes ambientales.
En este último período hemos tenido que adoptar numerosas iniciativas de apoyo ante estos procesos y especialmente ante la situación, particularmente complicada, de nuestros compañeros letrados de Almería. En muchos de estos asuntos está involucrado el Ayuntamiento de Níjar. Este acoso deriva de su papel profesional y personal en la defensa de la legalidad ambiental y urbanística en una zona donde existe un complejo entramado de intereses alrededor del actual modelo urbanístico que promueve la trasgresión sistemática de dicha legislación.
Por ello la Confederación de Ecologistas en Acción decidió dar traslado al Consejo General del Poder Judicial de un conjunto de situaciones y actuaciones (19 en total) en varios juzgados de esa capital que consideran irregulares y discriminatorias. Los ecologistas esperan que el CGPJ agilice la instrucción del expediente que ha abierto a fin de determinar las responsabilidades que corresponda, si las hubiera, por el trato presuntamente discriminatorio que entienden que ha existido en dichos juzgados.
2000 – 2006
Estos son sólo algunos de los casos de persecución judicial, que busca amedrentar a los miembros más activos de las organizaciones ecologistas
CASOS DE PERSECUCIÓN CONTRA ECOLOGISTAS
2000. Ibiza. Dirigentes de la Asociación ecologista local HÁBITAT Y BASURAS son acusados de injurias y calumnias por denunciar la explotación ilegal de la cantera de Santa Bárbara por la empresa Readymix Asland. Una sentencia de 5 de diciembre 2000 los declara absueltos y condena a la empresa al pago de costas por su “temeridad y mala fe”.
2000. Vilagarcía de Arousa (Galicia). Cuatro miembros de Greenpeace son acusados de un delito de desordenes públicos y coacciones por impedir el amarre de un buque que transportaba madera ilegal y obstaculizar su descarga, desatendiendo las órdenes de la Policía Nacional. El objetivo de la acción era protestar contra la tala ilegal e indiscriminada de madera que se realiza en países del tercer mundo. La sentencia de 3 de noviembre de 2001 reconoce el “estado de necesidad” como eximente y afirma que “el derecho al medio ambiente y a la protección del mismo es de un interés superior”, aunque les condena a una multa de 1.000 pesetas cada uno pero les absuelve de las coacciones.
2000. Cerceda (Coruña), Septiembre. Veintidós miembros de Greenpeace son acusados de un delito de coacción por haberse concentrado ante la planta incineradora de Sogama en Cerceda (Coruña) con el objetivo de advertir sobre los riesgos de la incineradora. La sentencia les condenó a 3.000 pesetas de multa.
2000. Navarra, 8 miembros de “Solidarios con Itoiz” fueron condenados en septiembre de ese año por el Tribunal Supremo a 4 años y diez meses de cárcel por el supuesto secuestro del vigilante de las obras para poder cortar los cables de las obras de la presa de Itoiz en 1996. En noviembre del 2001 el Gobierno niega el indulto solicitado. La Audiencia Provincial de Navarra determina el ingreso en prisión de todos ellos. Sólo uno de los ocho condenados Iñaki García Koch se encuentra en prisión, los otro siete están en paradero desconocido y pesan sobre ellos órdenes de busca y captura. La sentencia ha sido recurrida al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
2001. Gibraltar, caso Tireless, 7 de Mayo: 3 activistas de Ecologistas en Acción y Verdemar son detenidos y encarcelados por tirarse al mar en las cercanías del submarino cuando se marchaba con rumbo desconocido con la intención de ponerle una corona: «Aznar y Blair, los ciudadanos de la comarca no os olvidan”. Fueron puestos en libertad a las dos horas.
2001. Barakaldo (Bizkaia). Varios miembros de la Plataforma Ezpitsua (en la que participa Ecologistak Martxan) son acusados de una falta de coacciones y desobediencia a agentes de seguridad por una serie de actos de denuncia, contra la construcción de un puente en el Humedal de Zuloko-Ibarreta. Los actos consistían en concentraciones en la entrada de las obras con pancartas y encadenamientos a las máquinas. Las sentencias fueron condenatorias a días multa que oscilaban entre 2000 y 5000 pesetas.
2001. En Alicante varios activistas de Ecologistas en Acción son agredidos e insultados por desplegar silenciosamente una pancarta en contra del Trasvase del Ebro ante el Teatro Principal, donde se desarrollaba un acto convocado por empresarios a favor de dicho trasvase. Ante el nivel de violencia y agresividad mostrado por un grupo de personas, los activistas tuvieron que ser escoltados por la policía hasta Comisaría y se les abrió un expediente sancionador por falta grave “por originar desorden grave en el exterior del Teatro Principal, interrumpiendo un acto que se estaba celebrando en su interior”. Las personas que agredieron, sin embargo, no fueron siquiera identificadas.
2001. Huesca, Mayo. Acto protesta por el recrecimiento de Yesa durante la colocación de la primera piedra del proyecto. Un miembro de Ecologistas en Acción, fue detenido y acusado de alteración del orden por haberse negado a levantarse del suelo ante las órdenes de los agentes. Su actitud pacífica (como se refleja en el propio atestado de la Guardia Civil) contrasta con la contundencia policial de la que fue objeto. Condenado por el Juzgado de Aoiz a 120 días de arresto y multa de 120 Euros. Se recurre la sentencia y finalmente fue absuelto en Junio del 2002 por la A.P. de Navarra.
2001. Marbella (Málaga), junio. Multa de 50.000 pesetas a un miembro de Ecologistas en Acción, acusado de hacer unas pintadas en un campo de fútbol contra la política urbanística de Jesús Gil. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Málaga ha anulado la multa al entender que han existido irregularidades formales y que la sanción vulnera el principio de legalidad.
2001. Ciudad Real, Julio. Denuncia de “Patrimonios y Negocios, S.A.”, sociedad propietaria de la finca de La Cotofía, contra Ecologistas en Acción de Valle de Alcudia por cortar una alambrada que impide el acceso a un camino público. El caso llegó a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde se absolvió a los imputados.
2001. Murcia, Campaña contra el Plan Hidrológico Nacional. A la Federación de Murcia de Ecologistas en Acción la Consejería de Agricultura le recorta un 80% las subvenciones. Algunos miembros de dicha Federación son, además, objeto de amenazas telefónicas, insultos y pinchazos de las ruedas de sus vehículos.
2001. Valencia, Noviembre. Tres miembros de Ecologistas en Acción de La Serranía son detenidos y acusados de delito de daños a la propiedad por sabotear unas instalaciones de tratamiento de lodos de depuradora en Calles (Valencia). La Federación Ecologistas en Acción del País Valencià niega la implicación de estos ecologistas en los hechos supuestamente delictivos y que dicha acusación sin fundamentos se basa en un montaje policial, al que algunos medios de comunicación han dado crédito, burlando la presunción de inocencia de estas personas. Se archivó el caso por falta de pruebas.
2002. Capellades (Barcelona), Enero. El ayuntamiento de Capellades denuncia por vía penal a 10 personas, escogidas al azar, del colectivo ecologista- vecinal “Assemblea de Collectius Pro-Bassa Natural” por actos protesta (acampadas pacíficas, cadenas humanas, manifestaciones..) para intentar paralizar las obras de impermeabilización del Lago del Molí Paperer, que taparán un afloramiento natural de un acuífero subterráneo y así esconder la sobreexplotación del mismo.
2002. Marzo, Motril (Granada). La Dirección General de Costas multa con 120 Euros a un miembro de Ecologistas en Acción por la acampada simbólica en la playa de Carchuna durante un acto reivindicativo. Sin embargo, ese día se permitió que muchas personas aparcasen su coche sobre la arena de la playa.
2002. Abril, Bilbao. Seis miembros de Ekologistak Martxan son juzgados por un encadenamiento a excavadoras y máquinas que ejecutaban las obras de construcción de la Incineradora de Residuos Urbanos de Zabalgarbi (Bilbao) en las laderas del monte Arráiz. Fueron acusados de delito de daños y coacciones. La sentencia finalmente fue absolutoria.
2002. Abril, Madrid. Doce miembros de Greenpeace son imputados por desobediencia a la autoridad por manifestarse ante la incineradora de Valdemingómez. Fueron absueltos por el Juzgado de Instrucción nº 18.
2002. Mayo. El Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) denuncia a ecologistas que acompañaban a un rebaño de ovejas que recorrían un tramo de vía pecuaria ocupado hoy por el campo de golf municipal. Se imputaban presuntos daños en sus instalaciones valorados por el Ayuntamiento en 24.000 Euros. Se declaró el sobreseimiento de tales diligencias.
2002. Junio, Barcelona. Miembros de Greenpeace son imputados por desobediencia a la autoridad al haberse manifestado respecto de la utilización de pinturas contaminantes por barcos de Transmediterránea. Posteriormente son absueltos por el Juzgado de lo Penal nº 20.
2002. Junio, Priego (Córdoba). Juicio contra cinco miembros de Ecologistas en Acción, acusados de un delito de daños y coacciones, por la realización de un acto simbólico y reivindicativo (arrancar un plantón de olivo y plantar en su lugar un ejemplar de encina) para denunciar las cortas de especies forestales y roturaciones ilegales de monte mediterráneo para la plantación de olivos. Se les condenó a una multa de 50 Euros.
2002. Diciembre, Cádiz. Juicio contra el entonces Coordinador de Ecologistas en Acción de Andalucía acusado por un presunto delito de injurias y calumnias por haber denunciado que la familia de Cristóbal Cantos, secretario general de ASAJA de Andalucía, tiene usurpadas vías pecuarias. Se declaró el sobreseimiento del caso.
2002. Diciembre, Tarragona. Detenidos 33 activistas de Greenpeace por manifestarse ante la incineradora de residuos peligrosos de Constantí (Tarragona). Fueron absueltos 2 meses más tarde por el Juzgado de Instrucción Núm. 4 de Tarragona.
2003. Enero, Tenerife. Imputada la Junta Directiva de Ben Magec-Ecologistas en Acción por el Ministerio Fiscal, por un presunto delito de injurias y calumnias y otro de alteración del orden durante una concentración pacífica convocada frente al Parlamento en contra de la ley urbanística Canaria. Cuatro de los cinco imputados ni siquiera estaban en Tenerife en esos días. El caso fue archivado.
2003. Noviembre, Rota (Cádiz). Cinco miembros de Greenpeace imputados por el Ministerio Fiscal y acusados de delitos de desobediencia, resistencia grave y lesiones por haber protestado contra la guerra de Irak en su buque insignia, el Rainbow Warrior, frente a la base militar de Rota. La Guardia Civil abordó el barco y detuvo al capitán, al coordinador de las campañas de desarme y a otros tres activistas. Las peticiones de condena sumaban un total de 12 años de prisión. Finalmente el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cádiz dictó, en mayo de 2005, sentencia condenatoria a seis meses de prisión para el Capitán del Rainbow Warrior.
2003. Diciembre, Salamanca. La Subdelegación del Gobierno solicita la apertura de expedientes sancionadores con multas de 300 euros a tres ecologistas de Ecologistas en Acción que se manifestaban en una cacerolada pacífica en contra de la actuación del Gobierno del PP en la catástrofe del Prestige, bajo la justificación de que la concentración no estaba comunicada y la acusación (sin pruebas) de que ellos habían convocado el acto.
2004. Enero, Cádiz. La empresa municipal de aguas de Cádiz se querella contra miembros de la Junta Directiva de Ecologistas en Acción por “haber dañado la imagen de la empresa y el turismo de la ciudad” al difundir públicamente las analíticas (realizadas por la Consejería de Medio Ambiente) de las aguas vertidas por la depuradora Las Galeras que evidenciaban el mal funcionamiento de la misma. A esta información tienen derecho todos los ciudadanos según la Directiva relativa al acceso público a la información medioambiental. Solicitaban una indemnización de 150.252 euros por perjuicios causados. Finalmente han sido absueltos.
2004. Enero, Cádiz. Condenan a Ecologistas en Acción de Cádiz por delito de injurias y calumnias a pagar una indemnización de 3.000 euros por llamar “ex alcalde franquista” y “terrateniente” a un ex alcalde franquista y terrateniente que ha usurpado una vía pecuaria. Se ha recurrido en amparo al Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso.
2004. Abril, Cartagena (Murcia). Varios miembros de Greenpeace, acusados por desobediencia a la autoridad, fueron condenados al pago de una multa por manifestarse frente a una instalación que utilizaba transgénicos.
2004. Mayo, Córdoba. Es juzgado el portavoz de la Plataforma A Desalambrar por un acto ecologista en el que accedió a un camino y cortó una cadena para reclamar la liberación de los caminos públicos en la Sierra de Córdoba. El Ministerio Fiscal solicitó una multa de 150 Euros y una indemnización de 80 Euros por una falta de desobediencia a la autoridad, otra de daños y por la responsabilidad civil. En el juicio se presentaron informes oficiales que corroboraban que el camino reclamado es público. Terminó archivándose el caso por falta de pruebas.
2004. Julio, Murcia. Diez personas sancionadas por la Delegación del Gobierno (unas de Ecologistas en Acción Murcia, otras del movimiento vecinal, todas escogidas al azar) con una multa de 360 euros por haberse manifestado, entre otras muchas personas, en defensa de la salud ambiental del río Segura en Murcia. Una de las sanciones ha sido anulada por los Tribunales por haberse impuesto a una persona que ni siquiera había asistido a dicha manifestación. Finalmente la Sala de lo Contencioso declaró nulas todas las sanciones, pero no se condenó en costas a la Administración.
2004. Noviembre, Zaragoza. Diez ecologistas y activistas de la Plataforma ciudadana contra la EXPO 2008 son amenazados por la Subdelegación del Gobierno con una treintena de sanciones económicas que pueden ascender a más de 123.000 Euros por haber desplegado una pancarta con el lema: EXPO= ESPECULACIÓN frente al Ayuntamiento, durante la lectura del pregón de fiestas de la ciudad. A pesar de la actitud pacífica de los activistas, fueron acusados de provocación y alteración de la seguridad ciudadana, desórdenes y daños de bienes públicos y desobediencia a la autoridad. Finalmente se retiraron las multas y se archivó el caso.
2004. Ciudad Real. Miembros de Ecologistas en Acción son acusados de un delito de daños por cortar una valla que impedía el acceso a un camino público, en San Benito. La sentencia del Juzgado fue condenatoria en primera instancia. Se recurrió y recientemente (enero 2006) fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
2004. Diciembre, Toledo. EL Ayuntamiento de Illescas incoa expediente sancionador a Ecologistas en Acción por la colocación de un cartel en una marquesina de autobús anunciando una manifestación en defensa del ferrocarril, convocada por más de 40 colectivos. Aunque el instructor formuló propuesta de sanción, la resolución final reconoció que no había infracción alguna.
2004. Diciembre, Cádiz. Nueve activistas de Ecologistas en Acción de Cádiz son acusados por el Ayuntamiento de “deslucimiento de bienes” por borrar los símbolos de bicicleta de un supuesto carril bici, que incumple todos los criterios de seguridad y adecuación y tiene una señalización antirreglamentaria. Finalmente uno de los imputados ha sido condenado a cuatro días de localización permanente, otros tres activistas tendrán que realizar trabajos comunitarios en asuntos sociales y los cinco restantes están a la espera de que se les comunique algo.
2005. Dos armadores de buques arrastreros presentan una querella ante la Audiencia Nacional contra Greenpeace por las acciones pacíficas de protesta que activistas de la asociación realizaron contra buques arrastreros de profundidad, para denunciar el grave impacto de este tipo de pesca sobre los fondo marinos. Están imputados en la querella el director de Greenpeace, el responsable de las campañas en la defensa de las costas y el responsable de las campañas de pesca. El caso está en fase de Instrucción.
2005. Marzo, Burgos. 18 activistas de Greenpeace han sido juzgados por realizar una protesta pacífica para alertar del funcionamiento peligroso de la central nuclear de Garoña y solicitar su cierre. Seis de los activistas se encadenaron en la parte superior de la puerta principal de la central y descolgaron una pancarta “Garoña falla: cierre ya!” mientras el resto bloqueaban desde abajo dicha puerta mostrando también carteles. El Fiscal ha solicitado una multa de 40 días a razón de 10 euros diarios a cada uno de ellos. La sentencia fue condenatoria, 20 días multa, 6 euros por día.
2005. Marzo, El Puerto de Santa María, Cádiz. El coordinador de Ecologistas en Acción de Andalucía, fue amenazado por haber denunciado urbanizaciones ilegales en suelo no urbanizable y por la postura firme y contundente de Ecologistas en Acción en contra de las recalificaciones urbanísticas especulativas que se están realizando en el municipio. Los panfletos que contenían las amenazas de incendiar su casa aparecieron en la sede de la asociación y la plaza del Ayuntamiento. El alcalde de El Puerto, en vez de asumir su responsabilidad, paralizando las obras y demoliendo lo ilegalmente construido, culpó al Coordinador de las consecuencias de estas denuncias. Las amenazas llevaron a la Subdelegación del Gobierno a disponer un servicio de vigilancia en la vivienda del ecologista.
2005. Hinojosas (Ciudad Real). Un miembro de Ecologistas en Acción es acusado de injurias y calumnias por haber denunciado un vertido de purines a un embalse sanitario. El caso está pendiente de resolución.
2005. Mayo, Villafranca (Extremadura). Once personas de la Plataforma Ciudadana REFINERÍA NO, han sido acusadas de “atentado a la autoridad” por haber mostrado a voces su oposición a la instalación de una refinería en Extremadura durante un Pleno municipal. Los imputados se enfrentan a penas de prisión de 4/6 años. Está pendiente de resolución.
2005. Verano, Llanes (Asturias) Un ecologista y secretario de una asociación de vecinos es agredido por la Policía local y detenido por mostrar una camiseta con un mensaje en el Pleno del Ayuntamiento de Llanes en contra del plan parcial para urbanizar La Talá (un espacio natural emblemático de Asturias). A pesar de la oposición de numerosos colectivos asturianos, el plan fue aprobado en Septiembre de 2005.
2005. Reus (Barcelona). Son condenados varios miembros de Greenpeace a 30 días multa a 8 euros por día, acusados de desobediencia a la autoridad, por haberse manifestado contra la Central Nuclear de Vandellós.
2005. Septiembre, El Puerto de Santa María (Cádiz). Sorprenden a vecinos de una urbanización ilegal pegando carteles con ataques personales a miembros de Ecologistas en Acción para intentar paralizar la comisión de investigación de las urbanizaciones ilegales en espacios protegidos que se iba a votar en el Ayuntamiento.
2005. Octubre, Madrid. Un activista de Ecologistas en Acción Madrid ha sido juzgado por un delito de daños al haber pintado las farolas de una urbanización con las marcas del sendero de Gran Recorrido -GR- “Senda de las Merinas” [2 franjas horizontales paralelas de color blanco y rojo], por el que se le pedía 10 días de localización permanente y una indemnización de 631 euros. Finalmente fue absuelto.
2005. Almería. Dos abogados de Ecologistas en Acción han sido objeto de varias querellas y de otro tipo de acosos por denunciar irregularidades urbanísticas relacionadas con el Ayuntamiento de Níjar. Se han recogido 18 irregularidades en el funcionamiento de los juzgados de Almería que han sido denunciadas ante el Consejo General del Poder Judicial. El caso más grave es el de Pilar Rodríguez, que ha sido denunciada por un juez por supuestas injurias y calumnias vertidas en el escrito de un recurso. El juez que instruye el caso lo está tramitando con gran celeridad y la compañera ha tenido que hacer frente a una fianza de 27.200 Euros.
2006. Enero, Madrid. Juzgado uno de los abogados de Ecologistas en Acción de Madrid fue acusado de delito de injurias y calumnias por haber denunciado las infracciones medioambientales de una empresa minera (que ya tenía abiertos varios expedientes sancionadores por la Consejería de Medio Ambiente y varias sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo). Aunque la acusación pedía 300.000 Euros de indemnización, multa e inhabilitación, finalmente fue absuelto. La sentencia fue recurrida por la minera, pero la Audiencia Provincial confirmó la absolución.
2006. Enero, Málaga. El alcalde de Archidona ha presentado una querella por injurias y calumnias contra un miembro de Ecologistas en Acción, por oponerse públicamente a un proyecto urbanístico y solicitar una investigación al detectar como firmantes del convenio urbanístico a dos detenidos en la trama de blanqueo de dinero “Ballena Blanca”.
2006. Enero, Badajoz. El Coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura ha sido condenado por un Juzgado de Badajoz, en juicio de faltas, por criticar la situación de los animales en el Zoo de Almendralejo, calificado en estudios sobre los zoos de España como uno de los peores. La rapidez con la que se ha procedido a dictar esta sentencia contrasta con la lentitud en resolver el cierre de estas instalaciones, que incumple la Ley de protección de los animales de Extremadura y numerosísimas normativas higiénico-sanitarias.
2006. Febrero, Valladolid. El Alcalde de Valladolid se querella contra el secretario de Ecologistas en Acción de Valladolid por haber declarado en una rueda de prensa que pese a varias sentencias que anulaban actuaciones del Ayuntamiento por ilegales, el alcalde se empecinaba en llevarlas a cabo por lo que se le podría considerar un “delincuente institucional”. En el Auto de archivo, el Juez entiende que en sus palabras no hubo ánimo de injuriar al alcalde vallisoletano, sino de enjuiciar su labor política.
2006. Febrero, Córdoba. Portavoz de la Plataforma A Desalambrar acusado de delito de daños por haber cortado un candado que impedía el acceso a un camino público reivindicando así la liberación de los caminos públicos en la Sierra de Córdoba.
2006. Febrero, Las Palmas de Gran Canaria. 51 vecinos y ecologistas son denunciados por el propietario de una cantera, cuya actividad es ilegal, por haberse concentrado en la entrada de la instalación como protesta. Se les acusa de desobediencia, agresión y resistencia a la autoridad. Esta denuncia colectiva era una clara intención de paralizar la reivindicación vecinal-ecologista. Finalmente se llega a un acuerdo entre vecinos y empresa, se retiraron los cargos y se archivó el caso.
2006. Marzo, Ibiza. Cuatro ecologistas de la Plataforma antiautopistas de Ibiza fueron detenidos por la Guardia Civil por haber impedido a las excavadoras los movimientos de tierras para frenar la construcción de una nueva autovía hasta el aeropuerto, que en alguno de sus tramos alcanza la amplitud de 32 metros. Serán procesados en un juicio rápido acusados de resistencia, desobediencia, desórdenes públicos y coacciones.
2006. Marzo, Madrid. Un teniente de alcalde de Pelayos de la Presa amenazó a un miembro del Colectivo “Sierra Oeste SOStenible” diciéndola por tres veces “cuando te coja a solas te dejo hecha un trapo”, en el curso de una concentración contra el desdoblamiento de la M-501 y en presencia de la guardia civil. Se ha presentado denuncia por amenazas.
2006. Marzo, Asturias. El Presidente de la empresa Río Narcea Gold Mines denuncia ante los Tribunales a una profesora de Biología de la Universidad de Oviedo que se manifestó públicamente en contra del proyecto de la mina de oro de Salave (Tapia) por su enorme impacto ambiental, con el apoyo de un gran número de asociaciones ecologistas. Finalmente la empresa no sólo no ha podido explotar la mina de oro sino que debió de abandonar otra explotación que ya tenía en Asturias ante la oposición popular.
2006. Abril, Valencia. Varios miembros de Ecologistas en Acción de La Serranía son denunciados por un concejal por haber celebrado una charla en la calle, tras varias solicitudes de local denegadas, sobre las talas incontroladas y vertidos de depuradora en un monte de especial protección (Andilla). Se les acusa de vulneración del artículo 26 de la Ley de Seguridad Ciudadana.
2006. Mayo, Villanueva (Murcia). El portavoz de Ecologistas en Acción en el Valle de Ricote, es amenazado de muerte por un ex-concejal de Urbanismo (ahora constructor), por haber denunciado una serie de obras en montes emblemáticos de Villanueva del Segura. El representante de Ecologistas en Acción ha interpuesto denuncia contra este ex-concejal del PP.
2006. Mayo, Lorca (Murcia). Miembros de la Plataforma “La Región de Murcia no se vende” (entre ellos un miembro de Ecologistas en Acción) son amenazados de muerte por haber denunciado regadíos ilegales y “convenios urbanísticos” que incitan a la especulación y la corrupción. Han presentado denuncias ante la Guardia Civil y solicitado protección policial ante tales amenazas.
2006. Junio, San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Un portavoz de Ecologistas en Acción de Madrid, es calificado en portada de un periódico gratuito comarcal como “El enemigo público de la Sierra Oeste” por su oposición al proyecto de desdoblamiento de la carretera de los pantanos, asimismo, la editorial de dicho diario insulta en repetidas ocasiones a este activista. Se ha presentado querella por injurias contra el Director del medio.
2006. Junio, Sigüenza (Guadalajara). El Coordinador Provincial de Guadalajara ha recibido un requerimiento notarial por parte de un Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sigüenza a fin de que rectifique unas declaraciones en las que expresaba que sospecha que un miembro del Consistorio se beneficiará de un proyecto de urbanización, complejo hotelero y campo de golf proyectado en el municipio; en caso contrario, afirma el político municipal, acudirá a la vía penal.
2006. Junio, Palancares (Guadalajara). Un caso que coleaba desde los años 90, un proceso por coacciones contra todos los vecinos del municipio de Palancares que paralizaron mediante acciones directas una repoblación masiva de TRAGSA arrasando los robledales existentes a sido recientemente reactivado por el Juzgado a pesar de que en el 2000 las partes implicadas habían llegado a un acuerdo.
2000 – 1987
Estos son sólo algunos de los casos de persecución judicial, que busca amedrentar a los miembros más activos de las organizaciones ecologistas
CASOS DE PERSECUCIÓN CONTRA ECOLOGISTAS
2000. Juicio el 9 de marzo contra quince personas entre las que se cuentan activistas de Ecologistas en Acción de Huelva. Han sido seis años de trámites durante los que dos ecologistas han tenido -y tienen- embargados sus bienes por manifestarse contra el embarcadero ilegal de El Portil. Las peticiones de condena suman más de un año de carcel.
2000. Ecologistas en Acción de Marbella ha sido denunciada por la empresa constructora LARDEA SA de Valladolid por unas reforestaciones que realizaron, a finales de 1999, en una zona verde urbana de Marbella, en la que el Gil y esta empresa pretendían construir 2 bloques de edificios de unas 200 viviendas. Estas construcciones habian sido paralizadas por el Juzgado nº 5 de Marbella por una denuncia de Ecologistas en Acción.
2000. Juicio en enero contra dos miembros de Ecologistas en Acción de Aragón por encaramarse a la fachada de la Embajada de Mejico en solidaridad con Chiapas.
1999. El 30 de noviembre son juzgados miembros de Ecologistas en Acción por encadenarse a un tren en la estación de Villaverde (Madrid) que transportaba una pieza para la Central Nuclear de Trillo. La empresa propietaria de la central y RENFE estiman que los daños fueron superiores a 100 millones de pta.
1999. En octubre son detenidos 19 miembros de Greenpeace por bloquear la entrada de camiones de la incineradora de Sogama (A Coruña).
1999. El Tribunal Supremo condenó en septiembre a 8 miembros de Solidarios con Itoiz a 4 años y 10 meses de cárcel por el supuesto «secuestro» del vigilante de las obras, para poder cortar los cables de la presa de Itoiz en 1996.
1999. El Fiscal ha solicitado 2 años de prisión contra dos activistas de Ecologistas en Acción de Cádiz, por ser portavoces de una manifestación en Tarifa contra el cable eléctrico a Marruecos.
1999. Juzgados en septiembre 9 activistas de Greenpeace por interceptar en Tarragona un «megatrailer» que transportaba un alternador para la central nuclear de Ascó.
1999. El 27 de junio 600 personas se concentraron en una manifestación antitaurina delante de la plaza de las Ventas de Madrid, la policia practicó una veintena de detenciones. La asociacion convocante Alternativa Liberación Animal, en la persona de su Secretario General, fue multada por el Gobierno Civil a la cantidad máxima sancionable: 500.000 ptas.
1999. Compañeros de Ecologistas en Acción del Bierzo han sido condenados a pagar una indemnización de 756.000 pta por paralizar simbólicamente una explotación minera ilegal a cielo abierto junto a otros vecinos de la zona.
1995. Procesamiento de 19 miembros de Greenpeace por paralizar, encaramándose a una grua, la incineradora de Son Reus en Palma de Mallorca. La empresa Tirme solicitó una indemnización de 10 millones de pesetas.
1995. La Audiencia Provincial de Navarra condena a 2 miembros de laCoordinadora de Itoiz a 2 y 3 años de cárcel por una manifestación contra la construcción de la presa.
1995. El Tribunal Supremo absolvió finalmente al alcalde, al sacerdote y a 8 vecinos de Aranguren de un delito de desórdenes, como consecuencia de las movilizaciones contra un vertedero de residuos, por el que fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en 1992.
1994. Un miembro de la Coordinadora Ecologista de Huelva (ahora Ecologistas en Acción) es procesado, aunque posteriormente absuelto, por las movilizaciones contra el dragado de la Ria de Huelva. Fué requerido previamente a depositar una fianza de 2 millones y, ante el impago de la misma, le embargaron los bienes.
1994. La Agencia de Medio Ambiente de Andalucía inició expediente sancionador solicitando 400.000 pta de multa contra 4 ecologistas por una acampada de protesta contra una urbanización en el Parque Natural de Barbate.
1994. En el mes de septiembre 9 miembros de Greenpeace fueron detenidos en Valencia por encadenarse a las gruas de un barco que transportaba maderas tropicales.
1994. Dos miembros de AEDENAT (ahora Ecologistas en Acción) penetraron en el recinto de la incineradora de Valdemingómez (Madrid) y desplegaron una pancarta desde la chimenea. Fueron procesados y después absueltos por el Juzgado de Instrucción 44 de Madrid.
1994. Doce vecinos, integrantes de la Plataforma Anti-incineradora, son procesados por el Juzgado de Almadén como consecuencia de los incidentes en una concentración ante el Ayuntamiento en 1992. El fiscal les pedía penas de hasta 6 años de prisión.
1993. Varios miembros de Greenpeace fueron detenidos y posteriormente procesados por descolgar pancartas dentro de la papelera de ENCE en Pontevedra.
1993. Detención del abogado de la Coordinadora contra el pantano de ITOIZ, durante una «sentada». Varios heridos al disolver la Guardia Civil la «sentada». Procesado por ello, fue absuelto en octubre de 1994 por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona de un supuesto delito de atentado contra la autoridad.
1993. Detención de 4 miembros de AEDENAT y COMADEN (ahora Ecologistas en Acción) por encadenarse en el puerto de Navacerrada a máquinas que construían una conducción y cañones para nieve artificial. Procesamiento y juicio el 20 de septiembre. Condenados pero luego absueltos en 1994, por la Audiencia Provincial de Segovia.
1993. Detención de 2 miembros de Greenpeace y declaración ante la G.C. por rotura de una tubería de agua en una acción contra los vertidos de la empresa ERQUIMIA, S.A. de Tarragona.
1993. Detención de 11 miembros de Greenpeace y posterior procesamiento por descolgar pancartas dentro de la empresa eléctrica UNELCO de Canarias, contra la contaminación de las térmicas.
1993. Catorce miembros de AEDENAT-Ecofontaneros (ahora Ecologistas en Acción) fueron juzgados en enero por paralizar obras de urbanización en el Moncayo en marzo de 1990 por coacciones y daños. Fueron absueltos por el juzgado de Instrucción nº 5 de Zaragoza pero condenados en septiembre de 1993 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a indemnización y multa.
1992. Un miembro de la asociación ecologista AGADEN de Cádiz (ahora Ecologistas en Acción) que se limitó a hacer unas declaraciones a la prensa, mientras otros ecologistas y vecinos protestaban encadenados y de forma pacífica ante una planta contaminante ilegal de aglomerado asfáltico, ha sido juzgado en septiembre por un delito de coacción, por el que le piden tres meses de arresto y multa de 100.000 pts. Es de destacar que vecinos y ecologistas habían denunciado la pasividad y negligencia de la A.M.A. y el Ayuntamiento por no ejecutar la orden de autorizaciones.
1992. Tres miembros de Xevale son detenidos por encadenarse pacíficamente ante el Parlamento Gallego en protesta por el Plan Forestal de Galicia. Posteriormente fueron procesados.
1992. En Tremor de Arriba (El Bierzo-León) en agosto decenas de vecinos realizan acciones simbólicas de protesta para pedir la paralización de los trabajos de explotación minera a cielo abierto que estaban realizándose sin las correspondientes autorizaciones y en un robledal donde el impacto ambiental era notable. La empresa Minas Fontoria denuncia estas acciones pacíficas y el Juzgado nº 2 de Ponferrada abre diligencias contra vecinos y ecologistas, que son condenados en junio del 93 en el juzgado de Ponferrada. En 1995, fueron absueltos por la Audiencia Provincial de León.
1992. En marzo dos miembros de Greenpeace fueron detenidos en Tarragona al intentar incorporarse a otros compañeros en una acción simbólica y pacífica en la incineradora de residuos sólidos urbanos de Constanti en Tarragona (de la empresa SIRUSA). En enero del 93 fueron juzgados por los mismos hechos otros ocho miembros de la organización.
1992. Ecologistas de ARCA se encadenaron sin ejercer ningún tipo de violencia a las máquinas y camiones de una empresa constructora que iba a iniciar obras de construcción de una urbanización de 2.600 viviendas en uno de los enclaves naturales aún vírgenes de Cantabria, los encinares de la Ría de Ajo. Trece ecologistas fueron detenidos por la Guardia Civil y la jueza titular de Santoña ordenó su ingreso en prisión durante tres días para «poner un poco de orden y meterles miedo» (Diario 16). Esta grave decisión es totalmente desproporcionada con las características de los hechos y las penas previstas por el posible delito o falta cometida.
1991. Miembros de diversos grupos ecologistas, entre los que se encuentra la CODA (ahora Ecologistas en Acción), efectuaron acciones pacíficas de protesta para protestar junto a las obras que se empezaban a realizar en la carretera de Ramacastañas a Candeleda (Avila), los ecologistas llamaban la atención sobre el impacto sobre el medio natural de dicha obra pero sin ejercer ningún tipo de coacción. Buena parte de ellos ha sido procesado por esos hechos.
1991. Dos miembros de la Asamblea para la Defensa de Urkiola (Guipuzcoa) se encadenan en el acceso a dichas canteras para llamar la atención de su impacto ambiental. Finalmente son absueltos de un delito de coacción.
1990. Activistas de Greenpeace fueron detenidos por fotografiar la presencia de 11.000 toneladas de residuos tóxicos de una finca de Almadén (Ciudad Real). Los ecologistas no ejercieron ningún tipo de daño sobre personas o cosas.
1990. 30 personas de la Asamblea para la Defensa de Urkiola (Guipuzcoa) son procesadas por mantener una plataforma sujeta con cuerdas en las paredes de las canteras de Atxarte para protestar contra las voladuras. Se les acusa de coacciones, desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Otras 100 personas más se autoinculpan en el mismo proceso.
1989. Un miembro de la organización ecologista EKI (ahora Ekologistak Martxan) es acusado de hacer una pintada en una fragata militar inglesa en Bilbao. Posteriormente fue absuelto de las infundadas acusaciones.
1989. Tres miembros de AEDENAT (ahora Ecologistas en Acción) son procesados en Córdoba por el Juzgado de Instrucción de Peñarroya-Pueblo Nuevo por unos supuestos daños en la carretera durante una manifestación contra el cementerio nuclear de El Cabril. ENRESA denunció estos supuestos daños en 1991 (dos años después). El juzgado ha decretado una fianza de 250.000 pts. Y el fiscal solicita 200.000 pts. De multa a cada uno y una indemnización.
1988. Procesamiento en Madrid de la Junta Directiva de AEDENAT (ahora Ecologistas en Acción) acusados de estafa por la EMT por editar «bonobuses» con frases de protesta contra la subida del transporte público, que luego utilizaron algunas personas para evitar el pago del autobús. Después de una primera sentencia condenatoria fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid en 1991.
1987. En Murcia el juzgado de lo penal ha condenado a penas de multa a cuatro ecologistas que efectuaron una protesta en la calle contra la contaminación del río Segura.
1987. 6 miembros de la Coordinadora Ecologista de Huelva (ahora Ecologistas en Acción) se encadenaron a la proa de un barco que transportaba residuos contaminantes de dióxido de titanio con el fin de llamar la atención de la opinión pública sobre el comercio internacional de residuos. Fueron detenidos y con inusitada diligencia y celeridad por parte de la jueza en su procesamiento, fueron condenados finalmente a una multa y a una indemnización a la empresa de 557.000 ptas.
