Los alcaldes de Mora la Nova y Tivissa deben desmentir, aprobando en Pleno una moción anticementerio nuclear, las insistentes informaciones que apuntan a que ellos habrían ofertado ya a ENRESA ubicar el cementerio nuclear en sus municipios.

Greenpeace y Ecologistas en Acción piden a los Ayuntamientos de Mora la Nova y Tivissa que aprueben en el próximo Pleno una moción rechazando de forma clara y contundente la instalación en sus municipios del cementerio nuclear que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) está promoviendo.

Con ese fin, estos colectivos ecologistas han enviado a los grupos municipales de estos ayuntamientos una propuesta de moción en contra del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos que proyecta ENRESA, cuyo texto es similar a la que aprobó (a propuesta de ERC) unánimemente la Corporación municipal de Vandellós i L'Hospitalet de L'Infant en contra de ese ATC el pasado mes de abril.

Para estos colectivos, la aprobación de una moción anti-ATC es la única manera de que los alcaldes de Mora la Nova y Tivissa y su equipo de Gobierno demuestren inequívocamente que no quieren el ATC y atajen así de forma definitiva las informaciones que insistentemente apuntan a que ya han ofertado a ENRESA ubicar el ATC en sus municipios.

Aunque no hayan reconocido todavía públicamente estar a favor de la ubicación del ATC en su término municipal, a pesar de las numerosas informaciones en contrario, Ecologistas en Acción y Greenpeace piden a los alcaldes de Mora la Nova y Tivissa que pasen a la acción para despejar cualquier duda al respecto y presenten por iniciativa propia y apoyen posteriormente con su voto y el de su grupo la aprobación de la moción anti-cementerio nuclear antes citada para que estos municipios no alberguen nunca el ATC.

Los residuos radiactivos de alta actividad, generados en las centrales nucleares, son productos con un gran potencial radiotóxico, que emiten radiactividad durante decenas de miles de años, y para los que no existe solución técnica satisfactoria en ningún país del mundo. Estas características hacen que una instalación de ese tipo suponga un riesgo obvio y una hipoteca de futuro para el municipio donde se construya.

La amenaza para la salud pública y para el medioambiente que suponen los residuos radiactivos, unido al elevado coste económico de su gestión (más de 13.000 millones de euros según ENRESA), evidencian que el problema de los residuos radiactivos es un problema de carácter social.

Hasta ahora, todos los intentos del Gobierno de instalar un cementerio nuclear han fracasado estrepitosamente tras provocar una inmensa contestación social como en los casos del proyecto IPES (Instalación Piloto Experimental Subterránea) en Aldeadávila de la Rivera (Salamanca), a finales de los 80, del proyecto de un ATC en Trillo en 1989 o del proyecto El Berrocal, en Toledo de 1992.

Además, el proyecto de búsqueda de emplazamientos de ENRESA, ya en su fase AFA (lugares de Alta Favorabilidad), suscitó manifestaciones multitudinarias en todos los lugares designados como candidatos: en Los Pedroches (Córdoba), Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), Burgos, etc., que obligaron al Gobierno central en 1999 a suspender ese proyecto.

Un problema de carácter social como el de los residuos radiactivos no se puede resolver sin un previo consenso social y político por medio del cual se pueda tratar de consensuar, con garantías de éxito, entre todos los agentes interesados, un acuerdo sobre el modo de gestión de los residuos nucleares.

“ENRESA no encontrará ese consenso social si pretende poner en marcha su proyectos de cementerio nuclear (ATC) sin que previamente se haya aprobado el plan de cierre de las centrales nucleares ya que solo el 4% de los españoles apoyan la energía nuclear, como demuestra el último Eurobarómetro de la Comisión Europea y resultados similares de los estudios realizados por el CIS”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

“Los españoles y españolas quieren que se cierren las centrales nucleares y que nuestro modelo energético sea sostenible y se base, por tanto, en las energías renovables y en el ahorro y la eficiencia energética. Ese es el compromiso que el Gobierno socialista tiene que cumplir en esta legislatura, tal y como se ha comprometido el Presidente Zapatero en el último Debate del Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados” ha manifestado Jaume Morrón, portavoz de Energía de Ecologistas en Acción.

Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que el problema de la gestión de los residuos de alta actividad sólo se solucionará con un gran consenso social que únicamente podrá alcanzarse poniendo sobre la mesa un calendario de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares. Entretanto estos colectivos manifiestan que se opondrán activamente a los planes de ENRESA de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos de alta actividad.