La Especulación asedia al Parque Natural de la Bahía de Cádiz

Algunos Planes Parciales urbanísticos favorecen los intereses de promotores en contra de los criterios de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Entre los fines que esta ley establece están: “ 1.a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades... e) Garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía, evitando la especulación del suelo.” Así dice de los objetivos que los Planes Generales de Ordenación deben “A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria dispersión...

Los Planes Parciales San Jaime y Carboneros incumplen estos objetivos, tal como se reconoce por el Ayuntamiento al decir que son “excepciones”, por su ubicación, en el extrarradio de la ciudad y contemplando alturas de hasta 9 plantas en los límites del área de mayor valor y protección del Parque Natural de la Bahía: las Marismas de Sancti Petri. Estos Planes Parciales benefician sólo a una reducida minoría, no sólo por su permisividad en cuanto a la altura y ubicación, sino por exigir un porcentaje de viviendas de protección oficial inferior al que prevé la LOUA.

En la ficha técnica del Plan de Carboneros, de manera incomprensible, se le obliga a construir sólo un 10%. Ecologistas en Acción de La Chinita en el Zapato- estima que, con lo generosa que ha sido el pueblo de Chiclana con el promotor del mismo (1.061 viviendas y 39.000 m2 de techo comercial, en suelos catalogados en 1.987 por las Normas Subsidiarias como No Urbanizable de Especial Protección) se podría haber contemplado el 30% que prevé la LOUA desde el año 2.002. Para una ciudad como Chiclana, la que cuenta con menos viviendas protegidas de la Bahía, tanto en términos absolutos como relativos, la necesidad de alcanzar ese % es muy importante. Paradójicamente cuando Manuel Ávila compró la finca en 1999, 67 hectáreas en 335 millones de pesetas, estando clasificadas como Suelo No Urbanizable por Especial Protección, le fue con el cuento a los entonces propietarios, de que lo hacía para construir “viviendas de protección oficial” y por eso aparece reflejado en la escritura de propiedad inscrita en el Registro.

Llama la atención la falta de consideración de la “crítica” situación en que se encuentra el PGMOU que sirve de soporte legal al Plan Parcial mencionado. Anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la “resolución... por la que se aprueba definitivamente el Plan General.... dejándola sin efecto “por tres veces, de momento), sólo de manera precaria se mantiene en vigor -al haber sido recurrida ante el Supremo- a la espera de la más que probable confirmación de la sentencia. Además cabe la posibilidad de que, en cualquier momento, cualquiera de los actores que han obtenido fallo favorable contra la aprobación definitiva del PGMOU pidan al tribunal la suspensión cautelar del Plan General, con perjuicios de difícil o imposible reparación y el Ayuntamiento podría incurrir en responsabilidad patrimonial, máxime cuando el perjuicio se pudiera derivar a terceros adquirentes de “buena fe” porque, que se sepa, Manuel Ávila tiene en venta el Sector 6 Carboneros desde hace tiempo en 17.000 millones de pesetas (el que costó 335 millones), sin haber puesto un solo ladrillo. A eso hay gente que le llama especulación pura y dura; otros arte. Tampoco hay que olvidar que dos de las sentencias anulatorias prescriben que habrá de presentar un texto a la aprobación definitiva tras pasar por la consiguiente fase de exposición pública. No es una cuestión baladí mencionar que este Plan Parcial viene de un Convenio Urbanístico que en ningún momento fue sacado a exposición pública. Y eso debería obligar a nuestras autoridades urbanísticas a reconsiderarlo porque, salvo que por la vía de los hechos -de la que tanto gusta al promotor- se impida, es más que probable que cuando resuelva el recurso de casación el Supremo haya que sacarlo a exposición pública.

El Ayuntamiento debería informar de las razones por las que favorece a algunos promotores, en contra del interés general, pues los dos o tres mil vehículos más que entrarán en la ciudad provocarán colapsos más frecuentes de tráfico en el centro urbano. Tenemos pocas esperanzas de que se informe, pues ni siquiera a aquella información que legalmente se declara como pública tenemos acceso, baste mencionar que con fecha 17 de abril de 2.006 Ecologistas en Acción solicitó al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera información sobre las propiedades que constituyen el Patrimonio Municipal de Suelo, acceso a su registro y del destino de los ingresos generados por la venta de suelo de propiedad municipal sin que hasta el momento se haya facilitado ni un solo dato.

Se ha negado reiteradamente el acceso al Registro del Patrimonio Municipal de Suelo, incumpliéndose la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que en su artículo 70.2 dispone el carácter público del mismo, por lo que se obliga a acudir en queja nuevamente al Defensor del Pueblo Andaluz.

La importancia de este Patrimonio Municipal es el servir de instrumento para intervenir en el mercado inmobiliario, con la finalidad de hacer bajar los precios del suelo.

Los aproximadamente 30 convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento, deberían servir para posibilitar, que todos los chiclaneros disfruten de una vivienda digna y adecuada y no sólo para que se enriquezcan algunos promotores.




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