La Junta miente con el caso Acerinox

Ecologistas en Acción denuncia ante el presidente de gobierno los continuos engaños de la Junta de Andalucía.

En días anteriores se ha enviado una carta al Presidente de Gobierno manifestando nuestro inconformismo ante los engaños que realiza la Junta de Andalucía en torno al medio ambiente.

Por otro lado, en el día de hoy, por el mismo motivo, y a los efectos de que se realice un control sobre el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de la Junta de Andalucía, también se ha enviado un escrito a Presidencia de Gobierno.

La referida carta, estipulaba, entre otras cosas, que a nuestro pesar, aparentemente los aires de renovación que el gobierno estipula no han llegado a todos los ámbitos del partido socialista. Hacíamos referencia ya que el Campo de Gibraltar no se caracteriza precisamente por la transparencia que el gobierno preconiza.

Puesto que en lo que a la política medioambiental se refiere la situación raya lo bochornoso, la aparente sumisión de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos de San Roque y Los Barrios (Cádiz) a las grandes empresas es absoluta.

La población se ve sometida a altos niveles de contaminación hídrica, atmosférica y acústica; reflejo de todo resulta el estar a la cabeza de enfermedades oncológicas y respiratorias (alergias...) de toda España.

Tal como comentamos en anteriores artículos, el pasado 9 de agosto tuvo lugar una explosión en la acería de Acerinox, en Los Barrios (Cádiz), y la respuesta de los políticos se podría tachar de “tomadura de pelo”. No es de extrañar esta reacción de un ayuntamiento que nombra hijo adoptivo al presidente de Acerinox.

A través de los medios de comunicación, la Junta de Andalucía se limitó a descartar que la explosión en la planta de Acerinox haya provocado una nube de polvo, así como afectado a las barriadas próximas de Palmones y Guadarranque, y aseguró que el siniestro "no ha requerido del apoyo de medios externos", ya que fue "atendido y controlado en todo momento" con los medios propios del Plan de Emergencia Interior de la factoría, sin activarse el Plan de Emergencia Exterior.

Por otra parte, en el escrito presentado en el día de hoy a la Presidencia de Gobierno, hacemos hincapié en que si bien el Estado en materia ambiental tiene competencias básicas, según estipula el Tribunal Constitucional con la legislación básica lo que se busca es homogenizar, poner un mínimo común, un denominador uniforme. Por supuesto, se sobreentiende que debe ser completamente aplicable lo básico (las transposiciones de las directivas constituyen normativa básica). La legislación básica, las Comunidades Autónomas, como en el caso la andaluza, debe aplicarla directamente.

También decimos que la actitud de las Comunidades Autónomas en materia ambiental no sólo deben de desarrollar la normativa estatal sino de completarla con soluciones diferenciadas propias, siempre que sean compatibles y, en todo caso, que sean más exigentes que la legislación básica” (Según SSTC 102/1995, 156/1995).

A nuestro entender, la Junta de Andalucía aparentemente se encuentra “esquivando” todo tipo de disposiciones en materia ambiental, y por ello entendemos que es deber del Estado, como órgano supremo, recalcarles y exigirles su cumplimiento. Máxime si se toma en cuenta lo estipulado en la Constitución Española en su Artículo 155:

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”.

Por todo ello, se le pide al Señor Presidente de Gobierno español que tome las medidas oportunas para obligar al cumplimiento preciso de la normativa vigente en materia ambiental por parte de la Junta de Andalucía.




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