Se saca a subasta una finca pública, para construir una macrourbanización

El Ayuntamiento de la localidad gaditana de El Bosque ha sacado a subasta la finca El Imperio, de 1.700.000 m2, para el “desarrollo de un proyecto turístico, deportivo, residencial y hotelero y otras actividades análogas”. El proceso de privatización y recalificación urbanística de esta finca está siendo un compendio de despropósitos e ilegalidades, que, como otras tantas actuaciones de este tipo, puede terminar en un nuevo caso de corrupción urbanística.

Esta finca era propiedad de la Diputación Provincial y ha sido un referente en la mejora ganadera; pero los tiempos de la especulación urbanística llegan incluso a los más recónditos lugares de la Sierra de Cádiz. La Diputación cedió la propiedad a TUGASA, que ahora la ha vendido al Ayuntamiento de El Bosque por 1,45 millones de euros. Antes de formalizar la compraventa y sin que todavía estuviera escriturada a su nombre, el Ayuntamiento aprobó el pasado uno de marzo la venta de la finca con la pretensión de construir un complejo turístico y residencial, con hoteles, campo de golf y unas 1.000 viviendas. El BOP de 21 de agosto publicó el Concurso para la enajenación de esta finca.

Cuando todavía no se ha desarrollado la mayor parte de las actuaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Bosque, aprobado en el año 2000, el Ayuntamiento ya ha iniciado su revisión para declarar como suelo urbanizable 1.200.000 m2 de esta finca, lo que supondría más que duplicar la superficie urbanizable existente, que ya creció de forma desproporcionada con el PGOU vigente. El Bosque tiene una población de 2.000 habitantes, y el actual PGOU contempla la construcción de 600 nuevas viviendas. La revisión del PGMO y la recalificación de 1,2 millones de metros cuadrados no tiene justificación alguna desde el punto de vista de las necesidades de vivienda de este municipal; es una pura y simple operación especulativa de gran alcance con terrenos públicos, algo insólito y que contradice las proclamas de los dirigentes socialistas en defensa del suelo público y en contra de la especulación urbanística. El Ayuntamiento ha tasado la finca a un precio ridículo, 6 millones de euros (5 €/m2), cuando el Ayuntamiento ha vendido recientemente parcelas urbanizadas a 250 € m2. En el Pliego de condiciones el Ayuntamiento se compromete a recalificar el terreno; cuando se apruebe el nuevo PGMO, el precio de la finca ascenderá, como mínimo, a 60 millones de euros, un pelotazo de unos 55 millones de euros (más de 9.000 millones de pesetas) sin hacer nada ¡Y con suelo público!

La legislación urbanística estatal y autonómica obliga a todos los Ayuntamientos a constituir el Patrimonio Municipal del Suelo con todas sus propiedades en suelo urbano y urbanizable. Este PMS debe dedicarse obligatoriamente a la construcción de viviendas de protección pública o a otros usos de interés social. El Ayuntamiento de El Bosque, para eludir esta obligación legal, pretende vender la finca como suelo rústico, pero con el compromiso de recalificarla, lo que es, evidentemente un auténtico fraude de Ley.

En el Pliego de Condiciones de la subasta tampoco se incluye la obligación de reservar un 30% de viviendas protegidas, según lo previsto en la nueva Ley 12/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Un Ayuntamiento socialista desafía las normas de fomento de las viviendas protegidas para construir una urbanización de lujo a las puertas del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Esta finca está clasificada en el actual PGOU de El Bosque como “Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Paisajístico” y “Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Agrícola y Ganadero”. Su recalificación, además de contradecir las proclamas de los máximos representantes de la Junta de Andalucía en defensa del bosque mediterráneo y en contra de la recalificación de suelos forestales, es manifiestamente ilegal, pues su recalificación tiene obligatoriamente que someterse, según la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía, al preceptivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cosa que no se ha hecho. El campo de golf necesitará un mínimo de 500.000 m3 de agua al año, no existiendo concesión alguna en la actualidad. La única posibilidad que tendrán es extraer el agua del río El Bosque o del pantano de Los Hurones, en ambos casos se detraería del abastecimiento de los 16 municipios de la Zona de Abastecimiento Gaditana.

Este proyecto turístico-residencial contradice los objetivos de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía y del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y en trámite parlamentario. El POTA postula que los nuevos desarrollos urbanos han de darse reordenando los cascos urbanos consolidados, completando la imagen unitaria de la ciudad. Por ello, establece como objetivo el de romper la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados, reduciendo el progresivo consumo de espacios naturales o rurales. El POTA define también a los campos de golf como instalaciones deportivas, desligándolos de los desarrollos urbanísticos. Es evidente que el Ayuntamiento de El Bosque prosigue con un modelo agotado: más especulación y más impactos ambientales.

Ecologistas en Acción ha recurrido el Concurso de enajenación de la finca El Imperio, solicitando que se declare nulo, por ser contrario al ordenamiento jurídico, y que, en tanto se resuelve nuestra reclamación, se suspenda el procedimiento licitatorio.

Ecologistas en Acción exige una explicación pública de los máximos dirigentes socialistas de la provincia -algunos de ellos implicados en esta trama especulativa- sobre si la política del PSOE es privatizar los montes públicos para construir urbanizaciones de lujo con campos de golf.




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