Satisfacción contra la corrupción urbanística en Grazalema

La justicia por fin empieza a tomarse en serio los delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. La impunidad de políticos, técnicos y empresarios que están utilizando los Ayuntamientos como fuente de dinero fácil, empieza a desvanecerse. Grazalema es un ejemplo claro.

Desde 1999 Ecologistas en Acción viene presentando decenas de denuncias por obras ilegales en Grazalema y Benamahoma: edificios con una altura y edificabilidad muy superior a la permitida en las normas urbanísticas de este municipio, construcciones en zonas verdes o suelo protegido... La respuesta del anterior alcalde fue siempre la misma, negarse a tramitar las denuncias, apoyar a "su" técnico, y amenazar a los representantes ecologistas para que dejaran de denunciar las ilegalidades urbanísticas. El hecho más grave, y detonante de este escándalo, fue el desvío del río Guadalete para permitir la construcción de un edificio de 18 pisos y locales comerciales. Ecologistas en Acción lo denunció en el mes de octubre del año pasado, la nueva alcaldesa -que había dado licencia a dicho edificio con un informe favorable del técnico municipal Juan Prieto- apoyó en un primer momento esta obra, pero se vio obligada a paralizarla ante la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Junta de Andalucía que procedieron a expedientar a la empresa promotora.

Esta lamentable situación, en un pueblo emblemático dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema y de la ruta de los Pueblos Blancos, hubiera sido imposible sin la clara complicidad de los máximos responsables municipales. En 2003, Ecologistas en Acción remitió al entonces alcalde Antonio Mateos una denuncia contra Juan Prieto en la que se hacía una pormenorizada relación de los informes ilegales que venía realizando para favorecer a determinados promotores; la denuncia terminaba solicitando "que se inicien las acciones legales oportunas contra el responsable de dichos informes, ya que se podría estar incurriendo en posibles delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos". El alcalde no solo no actuó contra Prieto sino que inició una persecución mafiosa contra la familia de Juan Clavero, ordenando una inspección de su casa y, en base a un informe de Juan Prieto que aseguraba que se habían hecho obras -cosa absolutamente falsa-, procedió a imponer multas, terminando por ordenar el derribo de la vivienda, orden firmada por su sucesora Mª José Lara. Hay que destacar que la única vez en toda su historia que el Ayuntamiento de Grazalema ha ordenado un derribo no ha sido el de los edificios construidos ilegalmente, sino la vivienda de la familia del ecologista que los denunció. Como era lógico, el tema terminó en los tribunales, y la misma semana que se iba a ver la vista en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez, la alcaldesa archivó de forma precipitada todos los expedientes y sanciones.

Ecologistas en Acción espera que esta actuación de la justicia sea un aviso para navegantes, pues la corrupción urbanística, digan lo que digan los partidos políticos de uno u otro signo, está incrustada en el funcionamiento de los Ayuntamientos, que han visto una forma de obtener dinero fácil en las grandes recalificaciones urbanísticas y en las licencias de obras; dinero fácil que está terminando por envenenar a la estructura administrativa y política de esos mismos Ayuntamientos.

Ecologistas en Acción espera que la actuación de la justicia se extienda a los constructores que presuntamente han pagado comisiones a cambio de informes y licencias, y a los responsables políticos del Ayuntamiento de Grazalema que han consentido y apoyado estas actuaciones ilegales. Hay que recordar que el técnico informaba favorablemente obras ilegales, pero que han sido el anterior alcalde y la actual alcaldesa los que han concedido las licencias para esos mismos edificios y obras ilegales y, además, se negaron a actuar ante las denuncias presentadas de forma reiterada por Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción se va a personar como acusación particular en las diligencias abiertas en el Juzgado de Ubrique para cooperar al total esclarecimiento de estos hechos, y en la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Imaginamos que los señores Chávez y González Cabañas tendrán algo que decir.




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