A principios del mes de agosto la mancomunidad de municipios de Tentudía aprobó una concesión de agua potable para la explotación minera a cielo abierto de aguablanca que la multinacional Río Nárcea Goldmines quiere llevar a cabo en Monesterio (Badajoz).

Tras una petición por parte de la empresa, los representantes de los ayuntamientos de la mancomunidad de Tentudía aprobaron de forma acelerada e irresponsable, según Ecologistas en Acción, la concesión de 500 millones de litros de agua durante el primer año y de una cantidad inferior en los siguientes. El agua procedería del pantano de Tentudía que tiene una capacidad de 5 hectómetros cúbicos, aunque su capacidad útil es menor, la presa fue construida para el abastecimiento humano de los municipios de esta mancomunidad. La cantidad de agua concedida supone el 10% de la máxima capacidad de este embalse.

Para Ecologistas en Acción nos encontramos ante otro de los reiterados incumplimientos de la legislación vigente por parte de la empresa y que parece contar con la complicidad de la Junta de Extremadura. Recuerdan que tras denegarle la concesión de aguas la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Extremadura avaló el proyecto y recalificó los terrenos donde se asienta la mina como industriales. Eso a pesar de que esta Asociación comunicó esta circunstancia y de ser requisito indispensable el contar con todos los permisos, incluida la concesión de agua imprescindible para el proyecto. Sin embargo, ya han sido construidas ilegalmente naves, balsas, tendidos eléctricos, caminos… sin tener concesión de aguas, sin tener licencia de obras, sin estudio de impacto de varias de las obras realizadas, y habiéndose producido un grave daño ecológico con el arranque de gran cantidad de encinas centenarias.

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encinas taladas en Aguablanca

Según denuncian, la empresa ha realizado extracciones ilegales en pozos junto a la rivera del Culebrín y del Cala, además de realizar sondeos y prospecciones sobre los acuíferos kársticos de carácter libre de la zona y otras bolsas de aguas, que al parecer han dado como resultado la bajada de los niveles de los pozos de abastecimiento del Real de la Jara.

La aprobación de la concesión de aguas de la mancomunidad ha sido realizada basándose en un informe de la empresa que gestiona el abastecimiento de la mancomunidad Aquagest-sur, que realizaría también las obras del trasvase con una tubería de más de 20 km. Acusan a ambas empresas de haber primado sus intereses económicos a los de los ciudadanos que la utilizan actualmente.

Como muestra de la actitud de Río Narcea y de Aquagest-Sur, indican que al día siguiente de ser aprobada la concesión de aguas por la mancomunidad, levantaron, con la intención de colocar las tuberías, más de 100 metros de una calle de Monesterio (ronda de circunvalación), sin ningún tipo de proyectos, permisos, licencias de obras…

Desde esta Asociación llaman la atención sobre el hecho de que esta empresa realiza obras de colocación de tuberías en la autovía de la Plata, con lo cual está aprovechando esta situación para introducir una tubería para la mina, amparándose en la construcción de la autovía con la intención de eludir la solicitud de los permisos municipales y de otro tipo necesarios.

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pista con tuberías en aguablanca

Alertan sobre el riesgo de desabastecimiento que puede sufrir estos pueblos y temen que se antepongan los grandes intereses económicos de esta empresa a los de los ciudadanos.

Recuerdan que se trata de un trasvase entre cuencas en este caso el Guadiana y el Guadalquivir, lo cual, como en el caso del trasvase del Ebro del PHN requiere un estudio de Impacto Ambiental detallado, dadas las graves repercusiones ecológicas que pueden conllevar los trasvases entre cuencas. Y que debería someterse a información pública y ser autorizado previamente por las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir así como por las Consejerías de Medio Ambiente de Extremadura y Andalucía.

Ecologistas en Acción afirman que han puesto y están poniendo todo este cúmulo de irregularidades, infracciones y delitos en conocimiento de los organismos públicos y judiciales competentes y reclaman a las autoridades y la justicia se investiguen los hechos hasta depurar las responsabilidades existentes.