Albert Ferré, compañero de la Plataforma Transgènics Fora! se enfrenta a una demanda civil de indemnización de 469.064 euros y a una demanda penal de quince meses de pena prisión, multa que equivale a unos 24.000 euros más. Está acusado de participar en una acción de destrucción de un campo experimental de trigo transgénico propiedad del IRTA que no cumplía las condiciones técnicas ni las medidas de seguridad obligatorias. Esta acción, convocada y reivindicada por la Plataforma Transgènics Fora! y la Assemblea Pagesa de Catalunya y en la que participaron unas 70 personas, se realizó el 3 de julio del 2003 en Gimenells, Lérida.

Detrás de este juicio se vuelve a dejar entrever la política de las administraciones de castigar duramente a aquellos activistas que mediante la acción directa no violenta denuncian aquellas prácticas que las mismas administraciones no deciden paralizar.

En los últimos años el estado español, y especialmente Cataluña y Aragón, se han convertido en puerta de entrada de los cultivos transgénicos en la Unión Europea, cultivándose desde 1998 miles de hectáreas de un maíz transgénico que ha sido retirado recientemente por sus riesgos para la salud y para el medio ambiente y otras variedades prohibidas en otros países europeos, como Austria y Grecia. El número de ensayos autorizados ha sido también muy superior al de una mayoría de países comunitarios: en junio 2006 se habían notificado a la Comisión Europea 317 autorizaciones, mientras que en Alemania el número de ensayos ascendía a 157 y en nuestro vecino Portugal solamente a 21. Dada la permisividad y la falta total de control por parte de la administración, los realizados sin autorización podrían ser bastantes más. Los casos de contaminación de campos de cultivo por transgénicos también han sido, lógicamente, más numerosos que en el resto de Europa, encontrándose los agricultores en una situación de absoluta indefensión ante la agresiva política practicada por una industria biotecnológica apoyada por la administración- que parece haber decidido que la vía más expeditiva para imponer los transgénicos es la contaminación de toda la cadena alimentaria.

Los intereses de las grandes corporaciones que intentan controlar el conjunto de la alimentación, desde la semilla hasta el plato final, priman sobre derechos fundamentales como el de una alimentación sana, el de la información y el de la posibilidad de elección. Ante esta situación cabe preguntarse a quién habría que juzgar, si a aquellas personas que luchamos por una alimentación sana o a estas empresas que están aniquilando las grandes reservas forestales mundiales y destruyendo el modo de vida de miles de agricultores en el planeta, o a aquellas instituciones que aprueban variedades transgénicas una vez ya han sido puestas en el mercado para no retirarlas, por poner algunos ejemplos.

Criminalizar el creciente movimiento de oposición contra los alimentos transgénicos es desviar el debate fundamental y ocultar la legitimidad de tales acciones ante la pasividad del poder judicial y la indefensión de los consumidores. Otra vez más la democracia se pliega ante los intereses económicos.

Desde Ecologistas en Acción denunciamos este juicio y nos solidarizamos con Albert, la Plataforma Transgènics Fora!, con Josep Pàmies, de la Assemblea Pagesa de Catalunya, también acusado en otra acción no violenta y a la espera de juicio, y con todas aquellas personas que a lo largo y ancho del planeta nos oponemos a este modelo alimentario y agrícola que se esconde detrás de los alimentos transgénicos.