En las Navas del Marqués como en La Covatilla de Béjar-Candelario

El caso de Navas del Marqués ha vuelto a poner de manifiesto la voracidad del boom urbanístico que padecemos, un fenómeno que impacta de manera irreversible sobre un bien escaso como es el territorio y que parece regulado exclusivamente por la tasa de ganancia.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre este caso cuestiona la legalidad de recalificar un terreno que goza de enormes valores ambientales y que alberga especies declaradas de interés comunitario, como la cigüeña negra y el águila imperial, con el fin de levantar la enésima “ciudad del golf(o)”.

La sentencia pone en evidencia la insensatez de destruir 210 hectáreas de un pinar ya maduro para luego “compensar” esta pérdida con la plantación de pinos en una superficie equivalente y en un lugar próximo - como prescribe la Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la Junta de Castilla y León que informó favorablemente el proyecto urbanizador -, y se pregunta, con toda sensatez, si no sería mejor plantar la urbanización en ese “lugar próximo”.

La lectura de la sentencia nos recuerda otra medida tomada con temeridad por la Junta de Castilla y León y que tenemos más cercana en nuestra provincia: las obras de recrecimiento y ampliación de la estación de esquí de La Covatilla, y el freno que suponen para la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Béjar-Candelario -que viene suponiendo desde el año 1992 la amputación de un instrumento protector para dar vía libre a los intereses de una empresa privada (Gecobesa)-, decidan arruinar otro espacio de enorme valor, en este caso en la montaña salmantina y en el que los damnificados son nada menos que los vecinos de los pueblos de Cantagallo, La Hoya, Puerto de Béjar, Vallejera, Candelario y Béjar, su paisaje y su vida, y las posibilidades de desarrollo futuro.

La ola urbanizadora está rebasando el territorio donde se gestó -el litoral y las grandes ciudades-, para adentrarse en aquellas zonas bien preservadas de la montaña y la campiña, tal y como viene advirtiendo Ecologistas en Acción para la provincia de Salamanca. Los beneficiarios del negocio inmobiliario privatizan el capital ecológico, muchas veces acrecentada su diversidad a través de siglos de labores campesinas.

Entre los beneficiados por esa especulación no sólo se encuentran propietarios de suelo, constructores y promotores, sino las propias administraciones locales, cuyos ingresos están ligados a los beneficios urbanísticos. El resto de las administraciones públicas renuncian a sus competencias básicas de ordenación del territorio: decidir dónde y cuanto se construye. Esta facultad de ordenar el territorio, reconocida en la Constitución, en las leyes de la UE y en las distintas leyes autonómicas, no puede ser rehén del tamaño de las plusvalías. Mientras tanto, la “marbellización” del territorio avanza entre la complicidad y la desidia de quienes deberían poner orden.

Quizás el caso de Navas del Marqués -que ha despertado un notable y merecido interés social- sirva como punto de inflexión a esta situación. Por ello Ecologistas en Acción de Salamanca apoya las acciones impulsadas desde distintas entidades conservacionistas, aplaude la iniciativa vecinal de defender el bien común y, por supuesto, repudia la actitud del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Sr. Carlos Fernández Carriedo, en este caso, como en La Covatilla, responsable último de lo que suceda con nuestros cada vez más escasos recursos.




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